El hotel Senator o el edificio de Osuna, en San Pedro, se interesan por legalizar su situación en cuanto entre en vigor el planeamiento
11.02.2010 -
CRISTINA GONZÁLEZ cgonzalez@diariosur.es
MARBELLA.
No será una tarea fácil. Identificar a los promotores y exigirles que se hagan cargo de las compensaciones que ha fijado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que sus construcciones crucen la línea hacia la legalidad será en algunos casos una labor casi detectivesca en la que los vecinos jugarán un papel fundamental. En otros casos no habrá ni que ir a buscarlos. Algunos están llamando a la puerta del Ayuntamiento, incluso antes de que el Plan entre en vigor, para intentar agilizar lo máximo posible la regularización de inmuebles con nombre y apellidos.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, anunció ayer que ya hay varios promotores interesados en normalizar la situación de sus proyectos para seguir adelante. Se refirió a dos en concreto, ambos fácilmente identificables en el mapa de irregularidades que dejó el gilismo. De una parte, al hotel Senator, precintado desde la época de la comisión gestora y que tendrá que financiar la ampliación del nuevo Palacio de Congresos con la cesión de la parcela anexa. Los propietarios, dijo, quieren abrir sus puertas cuanto antes. De otra, al edificio de Osuna, al sur de San Pedro Alcántara, que deberá concluir la adecuación de un parque público para poder continuar con las obras del bloque.
«Que vengan porque quieren regularizar tiene lectura muy positiva. Es una fórmula aceptada por todos para sacar a la ciudad de la paralización en la que se encontraba por la inseguridad jurídica», valoró la alcaldesa que, sin entrar tanto en detalles, también se refirió al desarrollo de unos suelos en Las Chapas donde los propietarios quieren empezar las obras de infraestructura y urbanización previas a las construcción de las viviendas. «Cada compensación será diferente según el caso. El PGOU no prevé una medida lineal», recordó.
De hecho, en algunos se solventará el entuerto con la entrega de parte de las edificaciones para equipamientos, en otros con la compra de suelo para que se acometan las infraestructuras a las que iba destinado el que ocupan las construcciones e incluso, en los casos en que se vean afectados jardines o zonas libres, dándoles titularidad pública pero dejando en manos de la comunidad su mantenimiento. «Buscaremos los mecanismos para que todo se haga de la forma más ágil», aseguró Muñoz, que se reunió con representantes de los colectivos vecinales de Marbella para presentarles las líneas generales del Plan, especialmente las relacionadas con la dotación de equipamientos y con la transformación del modelo económico que sufrirá la ciudad.
Primera ocupación
Esa agilización también beneficiará a la concesión de las licencias de primera ocupación, que mantenían en el limbo a miles de viviendas irregulares habitadas e incluso transferidas en varias ocasiones. La regidora marbellí señaló que los servicios técnicos y jurídicos están analizando la fórmula para que puedan otorgarse de manera inmediata, una vez que el Plan culmine a mediados de marzo su tramitación con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). «Deben ser los vecinos, como comunidad de propietarios, quienes lo pidan», advirtió Muñoz.
Y estas son sólo dos de las múltiples aristas del planeamiento, al que se le abrirán innumerables frentes. Aunque la obtención de las compensaciones para la normalización del 92 por ciento de las 18.000 viviendas ilegales será uno de los caballos de batalla, también lo será poner al día el mapa de equipamientos de la ciudad. Y aquí el equipo de gobierno se ha trazado otra hoja de ruta. Para evitar que las cesiones de suelo vinculadas a desarrollos urbanísticos futuro se eternicen, el Ayuntamiento está en negociaciones con algunos propietarios para que adelanten la entrega de los terrenos.
«El objetivo es que podamos ofertarlo a otras administraciones para que se realicen los equipamientos en los próximos años», indicó la primer edil sobre la previsión de parcelas en las que se construirán colegios, centros de salud u otras instalaciones. Muchas aparecen vinculadas a planes parciales cuya fecha depende de los planes urbanísticos de los constructores o que aún no se han terminado de desarrollar en conjunto pero que en una de sus parcelas tienen un destino fijado de antemano: el uso público.
Áreas estratégicas
Sobre el giro de 180 grados que se pretende dar a la economía local con la apertura de nuevos yacimientos de empleo, aludió a las áreas estratégicas que liderarán el cambio. Desde la zona del hospital, donde se prevé el desarrollo de un área universitaria vinculada a la salud y clínicas privadas con especialidades ligadas a las nuevas tecnologías, al hueco que dejará para una ciudad de negocios el traslado del polígono industrial La Ermita al norte de la ciudad, donde también se prevén instalaciones deportivas.
«Dada la situación económica será un proyecto a dos o tres años vista», advirtió, tiempo en el que se garantizará, como ya anunció en una reunión con los empresarios, la legalidad de los negocios actuales. Las áreas de Holanducía, ligada al turismo, y de Guadaiza, con el parque tecnológico y universitario, completan el mapa de las llamadas áreas de oportunidad que contribuirán a aparcar la excesiva dependencia del sector de la construcción y del sector servicios.
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