El Ayuntamiento entregó suelo en 1994 en virtud de un convenio que modificado convirtió al municipio en deudor de su promotor, Tomás Olivo · El PGOU contempla su regularización tras dos azarosas ampliaciones
ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.03.2010 - 01:00El cabo suelto que conduce la trama de presunta corrupción política y urbanística del caso Malaya hasta la familia Gil tiene uno de sus episodios más singulares en el centro comercial La Cañada, un espacio de ocio tan contundente como popular y que, a la luz del informe realizado por la Agencia Tributaria, estuvo plagado de sombras desde el primer minuto de su historia.
El empresario murciano Tomás Olivo, a través de la sociedad Emasa Constructora, logró en mayo de 1994 que el Ayuntamiento de Marbella firmara un convenio por el que le cedía 119.235 metros de terreno rústico de propiedad municipal, al que le cambiaría la calificación urbanística para que pudiera levantar un centro comercial. El acuerdo fijaba el precio de la finca en 600 millones de pesetas, cantidad que Olivo debía devolver en obras a realizar en un futuro por importe de 360 millones y el resto a la firma del convenio, la obtención de la licencias de obras y el permiso de primera ocupación.
Ese convenio inicial, sin embargo, se modificó y amplió a través de otros tres acuerdos, de tal modo que al final Tomás Olivo no sólo no le debía nada al Ayuntamiento de Marbella, sino que se había convertido en su acreedor. Esa deuda se canceló el 30 de agosto de 2000 a través de otro convenio más, este de dación de pago, por el que el municipio le entregaba a la sociedad General de Galerías Comerciales, propiedad de Olivo, varios inmuebles valorados en 13,3 millones de euros.
Estos hechos fueron puestos al descubierto en uno de los informes que realizó el Tribunal de Cuentas que dieron origen a una querella de la Fiscalía Anticorrupción que originó la apertura de las diligencias previas 3210/2006 en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
De acuerdo con la documentación investigada por la Agencia Tributaria el día anterior a la firma del primer convenio, Olivo libró tres cheques por importe de 540.910 euros cada uno para que "a través de un negocio simulado con el concurso de una sociedad de los procesados Carlos Sánchez y Andrés Liétor denominada Roadhouse España, dichos fondos terminaran beneficiando a Juan Antonio Roca y los fallecidos Jesús Gil y José Luis Jiménez".
Para los investigadores estos 1,6 millones de euros (270 millones de pesetas) fueron puestos "en fondo común" por el presunto cerebro de Malaya, el ex alcalde de Marbella y el gerente de Contratas 2000, José Luis Jiménez. El dinero supuestamente se inyectó en Spanish Learning Friends, una sociedad de la que la familia Gil era socia mayoritaria al disponer del 50% de sus participaciones, a través de Gestión Inmobiliaria Mizar, una firma de la que todavía ahora es administradora única María Ángeles Gil Marín. Otro 25% lo poseía Gestión Saciso, mercantil participada por los hijos y la esposa de José Luis Jiménez, uno de los hombres fuertes de Gil en la primera mitad de los 90 al frente de Contratas 2000. Roca disponía del 25% restante a través de Inmuebles Direla.
Parte de los 1,6 millones de euros fueron invertidos en comprar un suelo rústico en primera línea de playa de Estepona, donde ya gobernaba Jesús Gil Marín. Estos 18.000 metros de suelo pasaron rápidamente a ser urbanizables.
Pero el historial del centro comercial La Cañada no se circunscribe a este episodio inicial. Su andadura ha estado siempre rodeada de la polémica y la sospecha. Tomás Olivo, murciano como Juan Antonio Roca y del que se cuenta que en 1974 expendía gasolina en una estación de servicio de su tierra, abordó enseguida una pequeña ampliación del complejo. La fase inicial constaba exclusivamente de un hipermercado y unos cines. Los tiempos reclamaban más comercio y más ocio. Esa segunda ampliación se saldó con una multa de 600.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía que resultó histórica en aquellos tiempos porque carecía del preceptivo informe de la Consejería de Economía. El empresario pagó y siguió adelante. En 2002 emprendió la tercera ampliación. En diciembre de aquel año el entonces alcalde, Julián Muñoz, aprobó por decreto licencia para que levantara nueve naves comerciales. La Junta impugnó el acuerdo porque el proyecto carecía de informe de impacto ambiental y requirió la paralización de las obras, circunstancia que no se produjo. La Junta, entonces, optó por denunciar a Julián Muñoz ante la Fiscalía, que pidió para él dos años de prisión por un delito continuado contra la ordenación del territorio.
En esas tuvo lugar la moción de censura, la ex alcaldesa hoy procesada en el caso Malaya, Marisol Yagüe, llegó a la Alcaldía de Marbella y dictó un decreto de paralización de las obras a requerimiento de la Consejería de Obras Públicas, pero nunca se lo comunicó al promotor. Hubo que esperar a la disolución del Ayuntamiento y al gobierno de la Gestora que dirigió Marbella hasta las últimas elecciones municipales para que, en julio de 2006, se le notificara la orden de suspender las obras. Las nueve naves se quedaron a medio levantar.
Tomás Olivo es, de las decenas de empresarios procesados en el caso Malaya, el que muestra menos síntomas de noqueo. Se le atribuye capacidad para "seguir haciendo buenos negocios en Marbella" a pesar de la crisis que azota el sector inmobiliario. En primer lugar ha logrado salvar La Cañada. El plan general de ordenación urbana (PGOU) de Marbella contempla su regularización y consolidación como gran centro comercial. A cambio, deberá entregar terrenos para el futuro recinto ferial del municipio, donde deberá ejecutar obras por valor de 2,5 millones de euros, frente a los cuatro inicialmente previstos, además de ceder los viales y aprovechamientos urbanísticos correspondientes.
En segundo lugar, el Ayuntamiento le concedió a finales del año pasado licencia para edificar en la antigua sede de Radio Nacional de España en el municipio con arreglo al PGOU de 1986, de modo que no deberá hacer cesiones al municipio y podrá destinar el 60% de los más de 7.000 metros a uso residencial.
Incluso logró que el gobierno de la popular Ángeles Muñoz otorgara una licencia provisional para que una casa automovilística de lujo celebrara un evento en las naves y suelos de la tercera ampliación de La Cañada que están a medio construir.
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