El PSOE exige a la alcaldesa que ningún comprador de buena fe tenga que pagar por regularizar sus viviendas
28.05.2010 -
Entre las declaraciones de intenciones y la realidad suele mediar un abismo. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que entró en vigor el pasado viernes después de tres largos años de tramitación, ha vuelto a demostrarlo. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, lleva meses reiterando que se había blindado a los compradores de buena fe de viviendas ilegales para que no tuvieran que cargar con el peso de las compensaciones para su regularización. Pero detrás de esta afirmación quedaban algunos claroscuros que se van conociendo con cuentagotas.
La reunión del concejal delegado de Urbanismo, Pablo Moro, con un centenar de representantes de comunidades de propietarios afectadas ha vuelto a dejar con la mosca detrás de la oreja a los dueños de inmuebles que siguen en un limbo legal. Los hechos son tozudos. Las cargas para la normalización de su situación pesarán sobre las viviendas hasta que alguien las pague y las ponga a disposición del Ayuntamiento. Si no son los promotores, podrán hacerlo los vecinos. No se les obligará, matiza el Ayuntamiento, pero de no tomar la iniciativa esa losa pesaría sobre la propiedad.
Este enredo, que todavía dará más vueltas hasta que el horizonte se aclare, tuvo ayer una dura contestación por parte del PSOE. Tanto la portavoz del grupo municipal socialista, Susana Radío, como su compañero, el concejal Javier de Luis, exigieron a la regidora que garantice que ningún comprador tendrá que asumir el pago de las compensaciones. De momento, el equipo de gobierno asegura que su intención no es ir contra los propietarios, sino contra los promotores, pero sí les ha animado a pasar por Urbanismo para que se les haga la 'cuenta', una vez restadas las posibles cesiones que se hicieron en su día, y a tomar la iniciativa para que sean ellos luego los que persigan al urbanizador.
«La alcaldesa estaría de nuevo incumpliendo una promesa, dejando en la estacada a estos compradores y defendiendo a los promotores», señaló Radío. Por su parte, De Luis, recordó que hace dos años ya advirtieron de que las supuestas garantías jurídicas para eximir a los dueños de los pisos ilegales «no estaban suficientemente fundamentadas en Derecho y dejaban a los propietarios de buena fe a la intemperie, desnudos y sin protección».
Por contra, recordó que desde el inicio de la presente legislatura han venido reclamando al PP que revisara las licencias ilegales para vincular así a los promotores a esas cargas para la regularización. «Los han dejado escapar, ha mentido a los compradores asegurándoles que no iban a tener que pagar esos desmanes urbanísticos y ahora les reclaman dinero», censuró. A este respecto, Moro se defendió acusando a los socialistas de ser ellos los que exigían demoliciones y cargas económicas: «La postura del PP ha sido la opuesta».
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