Un constructor y una arqueóloga, acusados por dañar el patrimonio (Málaga Hoy)

El fiscal les pide año y medio de cárcel por el deterioro ocasionado en tres tumbas del cementerio musulmán durante las obras de ampliación de la calle San Lázaro

ENCARNA MALDONADO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 28.05.2010 - 01:00

Trabajos de limpieza realizados en los restos aparecidos en 2007 en la calle Carrión.

El contratista encargado de las obras de ampliación de la calle de San Lázaro, en la zona de la Victoria, Eduardo L., y la arqueóloga que tenía encomendada la vigilancia de la intervención, Marta B., han sido acusados por la Fiscalía de Málaga de un delito contra el patrimonio histórico, por el que les reclama a cada uno de ellos año y medio de prisión y una multa de 15 meses con una cuota diaria de 12 euros.

El escrito acusatorio emitido por la Fiscalía determina que en la primavera de 2007 la empresa Todico ejecutaba la ampliación de la calle de San Lázaro sin que mediara la Actividad Arqueológica Previa tal y como exige el Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (PGOU) que declara la protección de esta zona por asentarse sobre el cementerio musulmán Yabal Faruh.

Los trabajos se desarrollaron entre los meses de abril y junio de 2007 y produjeron daños en el yacimiento arqueológico medieval. El fiscal precisa que se rompieron tres tumbas excavadas en la roca, que quedaron seccionadas en el talud del terreno. Además se removieron las tierras sin que antes se realizara una excavación científica y se extrajeron y deterioraron materiales arqueológicos.

La arqueóloga Marta B. pese a ser la encargada de realizar la Actividad Arqueológica Preventiva presumiblemente no vigiló los movimientos de tierra e "incumplió el condicionante de control arqueológico", según la Fiscalía, pese a que la Gerencia Municipal de Urbanismo le había informado por escrito el 31 de mayo de 2007 de que se trataba de una zona protegida desde el punto de vista arqueológico por el PGOU.

Además de la pena de prisión y la multa, el fiscal requiere que los dos acusados satisfagan una indemnización por vía civil de 16.000 euros, cantidad en la que han sido tasados los daños ocasionados al patrimonio histórico arqueológico.