El plan ha tenido hasta ahora seis años de tramitación, cuatro de ellos en manos exclusivamente del Ayuntamiento
La vieja ciudad apenas sufre cambios importantes que se van a las nuevas zonas de expansión y de ensanche, especialmente Campanillas y el Puerto de la Torre. Gregorio Torres
JAVIER GARCÍA RECIO. El 30 de julio de 2004, el Ayuntamiento, a través de la junta de gobierno local, acordó poner en marcha la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga.
Han sido necesarios seis largos años para que el documento sortee sus etapas de montaña más duras hasta llegar a la tercera y parece que definitiva aprobación provisional. A partir de aquí, tras el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento sobre el documento urbanístico, el resto de la etapa hasta llegar a la meta de la aprobación definitiva debe ser un paseo. El premio es el compromiso de los responsables de la Consejería de Obras Públicas de tener aprobado definitivamente el documento antes de que finalice el año, lo que supondría estrenar el año 2011 con el PGOU dispuesto para iniciar sus primeros pasos.
En las últimas semanas el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha culpado en varias ocasiones a la Junta de Andalucía de este largo recorrido de seis años, al hacerla responsable de la tardanza en los envíos de los informes sectoriales que distintas consejerías y departamentos han realizado sobre el PGOU y también de la decisión, hace un año, de devolver el PGOU al Consistorio.
Sin embargo, el documento del PGOU estuvo cuatro años (de julio de 2004 al 14 de agosto de 2008, fecha de la primera aprobación provisional) exclusivamente en las manos del Ayuntamiento.
El nuevo PGOU que ahora se aprueba no sólo será el que más tiempo de gestación ha necesitado antes de aprobarse definitivamente, sino también el que más dinero va a costar a las arcas municipales.
La factura que el PGOU le está costando a los ciudadanos hasta ahora ronda los 8 millones de euros, según el dato de responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, que ha debido de hacer frente al pago de los honorarios de los arquitectos redactores del PGOU, al alquiler durante varios años de una planta del edificio de Correos, al pago de los honorarios de los técnicos de Urbanismo que están trabajando exclusivamente en la redacción del PGOU, a la muchas horas extras que han realizado o al pago de empresas contratadas para realizar planes sectoriales y estudios técnicos.
Dos modelos
Todo ello, encarecimiento y lentitud, podría darse por bueno si finalmente el PGOU que salga adelante responde a las necesidades de la ciudad, de sus habitantes para los próximos 15 años. Es decir, si facilita un crecimiento sostenible y armónico de la ciudad y sirve para convertir a Málaga en capital real de toda el área metropolitana que le rodea. Al respecto cabe decir que el PGOU que querían y diseñaron los responsables municipales del PP no es éste. Este no es el PGOU que este Ayuntamiento quería para Málaga. La adaptación legal al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum), las determinaciones del informe de impacto ambiental de la Junta y las exigencias del documento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) que devolvía el plan al Ayuntamiento, han obligado al equipo de gobierno municipal a introducir cambios sustanciales en el PGOU.
El documento que saldrá adelante se acerca más a los criterios que ha defendido la Junta. Los años próximos dirán si éste es el plan general necesario o, si por el contrario, será obligado ir haciendo modificaciones para adaptarlo a las exigencias sociales y económicas de la capital.
Se han enfrentado dos modelos de crecimiento. Uno, el defendido por el PP desde el Ayuntamiento, que apostaba por un fuerte desarrollo residencial, por la construcción, por primera vez de grandes rascacielos, por apostar más por la ciudad que ha de venir que por la ya existente, por ir comiendo bocados al monte y por las grandes infraestructuras. El otro, apoyado por el PSOE desde la Junta de Andalucía que, asentado en los planes urbanísticos territoriales, defiende un crecimiento más ordenado, más cauto, dando menos peso al ladrillo, limitando los expansionismos excesivos y dando prioridad a los equipamientos y proyectos de servicio público frente a los proyectos emblemáticos.
Uno y otro han tenido cabida en este PGOU. Uno y otro se han visto igualmente mutilados en este plan urbanístico que debe empezar a caminar en medio de una crisis económica sin precedentes que sin duda no es su mejor escenario y que, al menos en los primeros años, condicionará su desarrollo.
Convenios por valor de 170 millones de euros
La oposición ha venido acusando al equipo de gobierno de hacer un PGOU a la carta y a golpe de convenios. Al respecto, el Ayuntamiento ha firmado en estos años de tramitación del plan un total de doce convenios urbanísticos. De ellos, cinco tienen repercusión económica, el resto son de gestión. Los que aportan dinero le supondrán al Ayuntamiento unos ingresos de 170 millones de euros, a cambio de mayor edificabilidad. Hay dos convenios que sumaban dinero que se han caído. Uno es el de Arraijanal, que aportaba 23 millones, y otro el de la manzana del cine Astoria. De los de carácter económico, el más importante es el de las torres de Repsol, que le supondrá unos ingresos de 83 millones de euros a cambio de una mayor edificabilidad para los promotores.
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