Compraron sus casas con la convicción de que eran totalmente legales y de que estaban inscritas como fincas urbanas en el Registro de la Propiedad, pero cuando en febrero de 2009 saltó la operación de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez contra una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alcaucín, que provocó la dimisión y el encarcelamiento del hasta entonces alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, se dieron cuenta de que se trataba en realidad de viviendas ilegales, construidas en suelos rústicos, y contra la ordenación del territorio.
Por este motivo, y ante la incertidumbre por el futuro de sus casas, una treintena de dueños de la zona de Valle de Alcaucín acaban de constituir la Asociación de Afectados por Viviendas Irregulares en Alcaucín, un movimiento que está siendo apoyado desde el ámbito jurídico por el abogado nerjeño Gabriel Broncano. «Confiamos en poder legalizar todas estas casas dentro del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se está elaborando», manifestó ayer a SUR. Se trata del segundo colectivo de afectados por viviendas ilegales que se crea en la zona, después de la Asociación Salvemos Nuestras Casas-Save Our Homes (SOHA), que forman más de 200 extranjeros.
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