Engañadas. Así se sienten muchas de las familias agraciadas con una de las 70 viviendas de promoción pública levantadas en Nueva Andalucía, las primeras que alumbra la ciudad desde hace 20 años. El sorteo de las casas a las que optaban 660 personas se realizó en noviembre del año pasado en medio de una gran expectación. Tres meses después, los afortunados en aquella lotería denuncian que las condiciones de venta y los precios de las propiedades han cambiado.
Las viviendas más baratas para el régimen de jóvenes o discapacitados han pasado de costar algo más de 88.400 euros a casi 118.000 euros; mientras que las de régimen general han subido hasta los 160.000 euros, desde los 120.000 iniciales.
Así lo hizo saber ayer la formación política Iniciativa por Marbella y San Pedro de Alcántara, IMA+S, encabezada por Antonio Martín y el concejal Javier de Luis. Este último explicó que el incremento del precio se debe a que ahora, de manera obligatoria, los adjudicatarios de las viviendas tienen que afrontar el pago de trastero y garaje, algo que en un principio se consideraba opcional.
Asimismo, el exedil socialista mostró a los periodistas una carta de la promotora Amenabar remitida a estas familias en las que se les informa de que en un plazo de 10 días tienen que firmar la compraventa de la vivienda y entregar, por tanto, en torno a 30.000 ó 40.000 euros, según los casos. De no depositar dicha cantidad, la mercantil informa que la vivienda se adjudicaría a otra persona, siguiendo la relación de suplentes.
Competencia
Representantes de la promotora mantendrán hoy, a puerta cerrada, una reunión con los adjudicatarios en el Hotel Guadalpín. Una cita en la que De Luis pidió la asistencia de la alcaldesa para que exija a la empresa «condiciones más favorables atendiendo al perfil de los adjudicatarios».
Desde IMA+S critican la actuación del gobierno municipal y argumentan que de haberse producido una cesión gratuita de los terrenos los precios de estas construcciones serían mucho más accesibles.
El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, argumenta que las políticas de vivienda protegida corresponden al Gobierno central y a la Junta. El edil explicó que la normativa del suelo establece que los ayuntamientos deben crear los registros de demandantes y determinar los métodos de elección de los adjudicatarios, pero nada más. Así, reclamó a De Luis, «que no confunda» a nadie y que explique que no es el Ayuntamiento el que establece los precios sino que es la propia ley la que los tasa.
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