La revisión del estudio de impacto ambiental, caducado hace cuatro años, permitirá salvar el último obstáculo para la ejecución del proyecto
12.02.2011 -
Caras de satisfacción a la salida de la reunión celebrada ayer entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Benalmádena con la ampliación del puerto deportivo como único punto en el orden del día. En su primer encuentro cara a cara, el alcalde Enrique Moya y el gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Sergio Moreno, acordaron ayer ir de la mano en este proyecto, conscientes de que se encuentran ante una oportunidad única para reactivarlo después de diez años de trámites, toda vez que las principales constructoras del país están dispuestas a invertir los 80 millones de euros necesarios para su ejecución.
La mejor prueba de esta colaboración es que finalmente no habrá que realizar un nuevo estudio de impacto ambiental, ya que bastará con actualizar el que aprobó la Consejería de Medio Ambiente en 2002 y que lleva cuatro años caducado. Técnicos de Medio Ambiente, la Agencia Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) y del Consistorio benalmadense se encargarán de revisar este informe, al que después deberá darle luz verde Medio Ambiente.
Paralelamente, también se actualizará el estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto, ya que han pasado casi seis años desde que la Junta dio el visto bueno a la ampliación del recinto náutico. Una actuación que contempla la creación de 919 nuevos puntos de atraque que se sumarían a los 1.100 actuales, convirtiéndose en el más grande de Andalucía y un referente en el Mediterráneo; así como dos grandes áreas comerciales a ambos extremos para la ubicación de establecimientos ligados al sector náutico y al ocio.
Hoja de ruta
En la reunión, celebrada con la presencia del delegado de Obras Públicas, Enrique Benítez, y la directora de la división de puertos autonómicos de la APPA, María López, se estableció una hoja de ruta cuyo primer destino será el dictamen de Medio Ambiente sobre la caducidad del estudio de impacto ambiental, al que seguirá una reunión técnica y un posterior encuentro entre ambas administraciones para perfilar las bases de la concesión administrativa.
«En los actuales momentos de crisis es cuando no debemos dejar escapar estas inversiones y oportunidades», afirmó Moreno, quien avanzó que el órgano dependiente de la Consejería de Obras Públicas no va a poner ninguna traba al respecto.
Por su parte, Moya se mostró «muy satisfecho» con el resultado del encuentro. «Por fin sentimos que el final de este largo proceso está llegando. Mi deseo es que después del verano podamos adjudicar e iniciar las obras», avanzó el primer edil. Por ello, a la par que avanzan las gestiones administrativas, el Ayuntamiento intensificará los contactos con las distintas empresas interesadas en el proyecto. En un principio, se estima que las obras podrían tener un plazo de ejecución de entre 24 y 30 meses, generando en torno a un millar de puestos de trabajo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario