sábado, 12 de febrero de 2011

Urbanismo inicia la cuenta atrás para cobrar 130 millones de los convenios (Málaga Hoy)

La Junta acaba de publicar la orden por la que se aprueba definitivamente el PGOU

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 12.02.2011 - 01:00
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Imagen de los antiguos terrenos de Repsol, donde se proyectan más de 1.300 viviendas.

El Ayuntamiento de Málaga acaba de iniciar la cuenta atrás para cobrar los convenios urbanísticos suscritos en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga. El tic-tac del reloj acaba de ponerse en marcha después de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía publicase el pasado jueves en su boletín oficial (BOJA) la orden por la que se aprueba definitivamente la revisión-adaptación del planeamiento local, circunstancia que, según varias fuentes consultadas, abre las puertas a que el Consistorio empiece a reclamar el cumplimiento de los acuerdos y que, de acuerdo con los calendarios fijados, deberían suponer unos ingresos de unos 130 millones euros en las arcas municipales.

Para ello, indicó una de las fuentes, Urbanismo va a remitir notificaciones de la aprobación del PGOU de forma inmediata a cada una de las empresas: Espacio, en Martiricos, que tendrá que abonar 11,6 millones dentro de los 30 días naturales a la publicación en el BOJA; Endesa, en La Térmica, que ese mismo plazo deberá desembolsar 40,6 millones, a los que sumar otros 17,4 dentro de los 90 días siguientes; y Caixa Galicia, con el proyecto de los antiguos suelos de Repsol, intervención que le obliga a abonar 9 millones en el transcurso de 30 días y 52,2 millones de euros dentro de los 90 (a ello se suman otros 9 millones tras la aprobación provisional del plan).

No obstante, conforme al actual escenario económico, no parece claro que las aportaciones económicas sean entregadas ni en la cantidad ni en los plazos previstos por el Consistorio, más aún cuando fue el propio equipo de gobierno del PP el que meses atrás mostró sus disposición a aceptar aplazamientos de hasta cuatro y cinco años.

Preguntado ayer por esta cuestión, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, aseguró que por el momento ninguna de las empresas ha solicitado al Consistorio postergar los plazos, palabras que entran en contradicción con las del propio gerente del organismo, Javier Gutiérrez Sordo, quien admitió en noviembre que algunas de las empresas habían planteado aplazamientos "de tres y cuatro años e incluso más".

La posición de inicio que adopta el Ayuntamiento en esta cuestión es de fuerza, al extremo de que el propio alcalde, Francisco de la Torre, ha llegado a dejar reclamar los pagos en vía judicial. Hay que recordar que la mayor parte del capítulo de inversiones del presupuesto municipal de 2011 está sustentado sobre los mencionados convenios.

La aprobación del Plan General, no obstante, como ya se sabía, es parcial, puesto que los responsables autonómicos suspenden ciertas actuaciones del planeamiento a la espera de que la Gerencia de Urbanismo realice ciertas subsanaciones, al tiempo que suspende otras determinaciones, como la construcción de más de 3.500 viviendas en Camino Bajo de Churriana, Santa Rosalía Sur y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua", sectores a los que se añade los usos productivos previstos en Los Asperones.

La suspensión afecta igualmente a "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas. Al tiempo, otra de las afecciones más detalladas es la correspondiente a la decisión del Ayuntamiento de reclasificar a uso residencial la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". El documento publicado ayer en el BOJA deniega la clasificación como suelo urbano de la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.

La orden de la consejería, precisa, además, que una vez se publique la normativa del PGOU de Málaga, "previa subsanación de las deficiencias señaladas", el documento podrá ser objeto de recursos contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación.

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