La consejera de Obras Públicas firmó el decreto de aprobación definitiva el pasado 21 de enero y se publicará en el Boja en pocos días
05.02.11 - 01:26 -
J. HINOJOSA JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es | MÁLAGA.
El equipo de gobierno municipal debe intentar resolver en el plazo de un mes qué va a suceder con el cobro de los convenios urbanísticos ligados al nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), unos acuerdos por los que este año tenía previsto ingresar unos 126 millones de euros, cantidad que empieza a desdibujarse por la cruda realidad de una crisis económica que azota con virulencia al sector inmobiliario. Según pudo conocer este periódico, el pasado 21 de enero se produjo la aprobación definitiva del Plan General mediante una resolución de la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en los próximos días. Según las fuentes consultadas, esa publicación podría producirse la semana próxima, con lo que se dará cobertura oficial a la aprobación del PGOU, que no a su entrada en vigor. Para lo segundo, es necesario que el Ayuntamiento subsane una serie de cuestiones indicadas por el Gobierno andaluz.
Esas correcciones podrían durar unos dos meses o más. No obstante, según las fuentes, los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo están haciendo todo lo posible para acortar ese plazo y que el documento pueda entrar en vigor para marzo. Con todo, lo que ya no tiene marcha atrás es el decreto de aprobación definitiva, un hito que, a partir del día en que se publica en el BOJA, activa la cuenta atrás para que el Ayuntamiento perciba el dinero de unos convenios sobre los que pesa como una losa la incertidumbre y dificultades de la crisis. Así se lo han hecho ver a los directivos de la Gerencia en los últimos días los promotores de proyectos como el de La Térmica, vinculado a un acuerdo de 58 millones de euros, o Martiricos, para el que se suscribió un convenio por 23,2 millones de euros en 2007.
Los proyectos
Y es que una vez que la aprobación definitiva del PGOU sea publicada, algo que podría suceder casi con toda probabilidad la semana próxima, empezará a contar un plazo de 30 días en el que, en teoría y según lo pactado por escrito, el Consistorio debería percibir un total de 73,8 millones de euros. De esa cantidad, 18 corresponden al convenio del proyecto de torres de pisos en los antiguos suelos de Repsol (de este acuerdo quedarían 52,3 millones pendientes que tendrían que percibir las arcas municipales a los 90 días de la publicación del decreto de la consejera); 11,6 millones al acuerdo con los promotores de la parcela de lo que fue Citesa, en Martiricos; 1,3 millones por el proyecto residencial para la manzana de Málaga Wagen, en la carretera de Cádiz; 2,2 millones por la futura ampliación del centro comercial de Hipercor, y un total de 40,6 millones por el convenio con Endesa para construir viviendas, oficinas y hoteles en la zona de La Térmica, que dejará de albergar próximamente las instalaciones de Limasa, que se traslada a Los Asperones.
Por el momento no hay acuerdo entre el Consistorio y los promotores de todos estos proyectos urbanísticos para modificar las cláusulas de los convenios que se firmaron hace tres o cuatro años, cuando la situación del sector inmobiliario era radicalmente distinta a la actual. Según las fuentes, los privados quieren ligar el pago de las cantidades pendientes a las distintas etapas de recuperación que vaya ofreciendo el mercado, una propuesta que no termina de ser aceptada por los responsables municipales, dispuestos a aplazar los pagos pero siempre que las mayores cantidades se cobren en los primeros años de los periodos de aplazamiento. Para el caso del convenio de Repsol, Urbanismo propuso a Caixa Galicia cobrar el 75% de los 70,3 millones pendientes en los próximos cuatro años. Además, el Ayuntamiento quiere que esas cantidades se vean actualizadas en función del interés legal del dinero, algo que no comparten los promotores.
Si finalmente no hay acuerdo con los privados que resuelva esta situación, el equipo de gobierno no descarta acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de los convenios que se rubricaron al calor de la elaboración de un nuevo PGOU que ahora se encuentra con el freno de la crisis.
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