El retraso pospone, por ejemplo, el soterramiento de Cánovas del Castillo, un nuevo puente sobre el río Guadalhorce y deja en el aire 660 VPO, todo ello contemplado en el presupuesto de este año
SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 10.10.2011 - 01:00
¿Saben los ciudadanos de a pie hasta qué punto afecta al desarrollo de la urbe el retraso sine die del cobro de los grandes convenios urbanísticos? ¿Son conscientes del efecto inmediato que esta determinación, ya asumida por el equipo de gobierno del PP, tiene sobre, por ejemplo, el bulevar sobre las vías del tren, el soterramiento de Cánovas del Castillo o la construcción de viviendas de protección oficial (VPO)? Porque la imposibilidad de fijar en el calendario el momento exacto en que el Ayuntamiento de Málaga será capaz de ingresar los 151 millones de euros que le corresponden por aumentar generosamente la edificabilidad en parcelas como las de La Térmica, Repsol y Martiricos deja en el aire algunos de los principales proyectos presentes y futuros de la capital de la Costa del Sol.
Una realidad palpable a día de hoy, cuando los responsables de la Gerencia de Urbanismo mantienen los contactos con las promotoras de estas tres actuaciones, principales señas de identidad del modelo de crecimiento de la ciudad para los próximos quince años, es que a pesar de estar negro sobre blanco en el presupuesto municipal de 2011, la puerta a que se puedan impulsar algunas de las obras a las que iban a ir destinados estos millones de euros está prácticamente cerrada.
Algo que constató hace apenas una semana el propio alcalde, Francisco de la Torre, cuando se le preguntó por la ejecución de aquello que se había presupuestado con cargo a estos acuerdos. "Es evidente que no se puede hacer", expuso el regidor, que viene justificando desde hace meses el haber sostenido las cuentas del Consistorio para este ejercicio en unos ingresos que se asumían de difícil cobro dadas las actuales condiciones económicas. El concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, abundaba en ello y afirmaba: "Hay proyectos condicionados al cobro de esas aportaciones; estamos esperando a que se haga efectivo". Al tiempo, confirmó que estas intervenciones "están en compás de espera".
Los datos oficiales del Ayuntamiento permiten observar de forma directa qué se iba a hacer con este dinero y, por ende, qué se va a dejar de hacer hasta nuevo aviso. Es especialmente llamativo la incidencia que el lastre de los convenios tiene sobre la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). De acuerdo con el presupuesto del IMV, un total de 668 pisos sociales (300 de ellas en Bizcochero y otros 200 en Hacienda Cabello) iban a ser impulsados a lo largo de este año con transferencias de la Gerencia de Urbanismo una vez materializadas las primeras aportaciones de los acuerdos del PGOU, con una consignación cercana a los 41 millones de euros, a los que sumar otra de 13,7 millones para obras de urbanización.
Actuaciones en ambos casos a costear mediante parte de las cuantías que tendrían que haberse cobrado ya de los acuerdos de Repsol (18 millones se tendrían que haber ingresado un mes después de la publicación del PGOU y otros 52,3 antes de diciembre) y de Martiricos, con otros 11,6 millones. La sombra de la duda que se cierne desde hace meses sobre los convenios, alimentada además por los movimientos que en las últimas semanas está protagonizando, por ejemplo, la promotora del proyecto de La Térmica, Real Bolonia Estate, que ha pedido formalmente la resolución del acuerdo que firmó en 2008, incide de forma clara sobre algunas de las nuevas infraestructuras de las que viene haciendo bandera el equipo de gobierno.
Es el caso de la avenida a ejecutar sobre el suelo ganado con el soterramiento del AVE, para el que Urbanismo tiene presupuestados 6,7 millones de euros procedentes de los 40,6 millones que debía haber recibido ya el Ayuntamiento como parte de los compromisos del proyecto de La Térmica y cuyo plazo de abono se fijaba para los 30 días siguientes a la publicación definitiva del Plan General, lo que tuvo lugar a finales de agosto.
El bulevar es además destinatario de parte de los 25,9 millones que el equipo de gobierno tiene en caja pero que no puede usar hasta disponer del visto bueno de la Junta de Andalucía. Una posición afirmativa que se ha demorado en el tiempo por la ausencia de un estudio acústico para el proyecto de las torres que se levantarán en los antiguos suelos de Repsol y cuyo trámite fue impulsado hace algunas semanas por el Consistorio. No obstante, el Ayuntamiento sí puede contar ya con un par de millones procedentes del acuerdo de Málaga Wagen, abonado hace unas semanas por la promotora.
Pero no es la única cicatriz urbana cuyo cierre queda supeditado a los dineros del urbanismo. De los alrededor de 70 millones se han reservado este año para actuaciones en materia de infraestructuras, 10,2 van a parar a dar cumplimiento a uno de los más veteranos compromisos del equipo de gobierno: el soterramiento de Cánovas del Castillo, que tras no pocos años de espera, tendrá que seguir aguardando su turno.
En esta misma línea, la ampliación de la calle Miguel Indurain, en la zona Este de la capital y su conexión con el paseo marítimo iban a recibir 5,8 millones del convenio de La Térmica; otros 4 millones iban a parar a la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadalhorce; casi 8 millones se destinaban a trabajos de rehabilitación en el centro histórico, la barriada Palma-Palmilla y otros distritos, y 6 millones más a la mejora del impacto que presenta hoy la subestación eléctrica de Los Ramos.
Una realidad palpable a día de hoy, cuando los responsables de la Gerencia de Urbanismo mantienen los contactos con las promotoras de estas tres actuaciones, principales señas de identidad del modelo de crecimiento de la ciudad para los próximos quince años, es que a pesar de estar negro sobre blanco en el presupuesto municipal de 2011, la puerta a que se puedan impulsar algunas de las obras a las que iban a ir destinados estos millones de euros está prácticamente cerrada.
Algo que constató hace apenas una semana el propio alcalde, Francisco de la Torre, cuando se le preguntó por la ejecución de aquello que se había presupuestado con cargo a estos acuerdos. "Es evidente que no se puede hacer", expuso el regidor, que viene justificando desde hace meses el haber sostenido las cuentas del Consistorio para este ejercicio en unos ingresos que se asumían de difícil cobro dadas las actuales condiciones económicas. El concejal de Urbanismo, Diego Maldonado, abundaba en ello y afirmaba: "Hay proyectos condicionados al cobro de esas aportaciones; estamos esperando a que se haga efectivo". Al tiempo, confirmó que estas intervenciones "están en compás de espera".
Los datos oficiales del Ayuntamiento permiten observar de forma directa qué se iba a hacer con este dinero y, por ende, qué se va a dejar de hacer hasta nuevo aviso. Es especialmente llamativo la incidencia que el lastre de los convenios tiene sobre la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). De acuerdo con el presupuesto del IMV, un total de 668 pisos sociales (300 de ellas en Bizcochero y otros 200 en Hacienda Cabello) iban a ser impulsados a lo largo de este año con transferencias de la Gerencia de Urbanismo una vez materializadas las primeras aportaciones de los acuerdos del PGOU, con una consignación cercana a los 41 millones de euros, a los que sumar otra de 13,7 millones para obras de urbanización.
Actuaciones en ambos casos a costear mediante parte de las cuantías que tendrían que haberse cobrado ya de los acuerdos de Repsol (18 millones se tendrían que haber ingresado un mes después de la publicación del PGOU y otros 52,3 antes de diciembre) y de Martiricos, con otros 11,6 millones. La sombra de la duda que se cierne desde hace meses sobre los convenios, alimentada además por los movimientos que en las últimas semanas está protagonizando, por ejemplo, la promotora del proyecto de La Térmica, Real Bolonia Estate, que ha pedido formalmente la resolución del acuerdo que firmó en 2008, incide de forma clara sobre algunas de las nuevas infraestructuras de las que viene haciendo bandera el equipo de gobierno.
Es el caso de la avenida a ejecutar sobre el suelo ganado con el soterramiento del AVE, para el que Urbanismo tiene presupuestados 6,7 millones de euros procedentes de los 40,6 millones que debía haber recibido ya el Ayuntamiento como parte de los compromisos del proyecto de La Térmica y cuyo plazo de abono se fijaba para los 30 días siguientes a la publicación definitiva del Plan General, lo que tuvo lugar a finales de agosto.
El bulevar es además destinatario de parte de los 25,9 millones que el equipo de gobierno tiene en caja pero que no puede usar hasta disponer del visto bueno de la Junta de Andalucía. Una posición afirmativa que se ha demorado en el tiempo por la ausencia de un estudio acústico para el proyecto de las torres que se levantarán en los antiguos suelos de Repsol y cuyo trámite fue impulsado hace algunas semanas por el Consistorio. No obstante, el Ayuntamiento sí puede contar ya con un par de millones procedentes del acuerdo de Málaga Wagen, abonado hace unas semanas por la promotora.
Pero no es la única cicatriz urbana cuyo cierre queda supeditado a los dineros del urbanismo. De los alrededor de 70 millones se han reservado este año para actuaciones en materia de infraestructuras, 10,2 van a parar a dar cumplimiento a uno de los más veteranos compromisos del equipo de gobierno: el soterramiento de Cánovas del Castillo, que tras no pocos años de espera, tendrá que seguir aguardando su turno.
En esta misma línea, la ampliación de la calle Miguel Indurain, en la zona Este de la capital y su conexión con el paseo marítimo iban a recibir 5,8 millones del convenio de La Térmica; otros 4 millones iban a parar a la construcción de un nuevo puente sobre el río Guadalhorce; casi 8 millones se destinaban a trabajos de rehabilitación en el centro histórico, la barriada Palma-Palmilla y otros distritos, y 6 millones más a la mejora del impacto que presenta hoy la subestación eléctrica de Los Ramos.
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