Los ecologistas rechazan esa cifra y aseguran que el inventario se eleva hasta las 22.000 casas · El Gobierno aprobará antes de que finalice el año el decreto
M. CORTÉS · EP / RINCÓN DE LA VICTORIA, URBANISMO | ACTUALIZADO 26.11.2011 - 05:01
La Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos de la comarca, ha identificado en la Axarquía unas 12.000 edificaciones en zona no urbanizable, según adelantó ayer la consejera de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, Josefina Cruz Villalón. Una cifra, que no coincide con la aportada por el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía Ecologistas en Acción que tiene inventariadas unas 22.000 viviendas. Según explicó, el presidente, Rafael Yus, tienen fotografías aéreas de cada uno de los municipios donde se puede ver el crecimiento que han experimentado cada uno de los municipios que conforman la comarca. "Podemos demostrarlo con cartografías, la problemática urbanística en estos suelos está mucho más extendida. Posiblemente, la Junta de Andalucía ha contabilizado a partir de la construcción en un determinado año", aclaró el presidente del colectivo, que rechazó el decreto que permitirá regularizar la situación de estas viviendas fuera de ordenación.
"Se trata de tapar un agujero que ellos mismos han permitido. La amnistía es para ellos por la dejadez que la administración ha mostrado. En muchos casos por razones electorales y en otras especulativas", señaló Yus, quien consideró que el decreto sentará "jurisprudencia" y "obligará a los ayuntamientos a permitir su regularización". "Tendrá un efecto llamada y contradictorio, entre otras razones, porque no se tendrán en cuenta los daños ambientales", subrayó.
La previsión es que a finales de este año se apruebe el decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable con el que pretende "clarificar" la situación en la que se encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de construcciones que existe en la comunidad autónoma. Según precisó, la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento "desde hace casi un año", y actualmente se encuentra en "tramitación interna" en el consejo de Gobierno, "siendo objeto de informes del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo".
En este sentido, la titular andaluza de Obras Públicas aclaró que "no todas las edificaciones construidas en suelo no urbanizable son ilegales", de forma que con el citado decreto pretenden precisamente saber "qué se puede legalizar y qué no", así como conseguir que, aquellas que se han construido de forma ilegal o irregular "al menos tengan acceso a los servicios básicos". Garantizar la red de saneamiento o el asfaltado de los accesos, entre otras infraestructuras, es algo que no se plantean los alcaldes de la Axarquía. Su coste sería muy elevado y, por tanto, tendrían que asumirlo los propios vecinos o mediante subvenciones de otras administraciones. La mayoría de las viviendas de la comarca la forman diseminados. No existen grandes urbanizaciones.
"Es imposible que el Ayuntamiento cubra esos gastos. Ni siquiera podríamos llegar a todos los puntos. De hecho, tenemos 1.300 fuera del catastro", explicó Domingo Lozano (PP), alcalde de Alcaucín, quien consideró que su prioridad es contar con el Plan de General de Ordenación Urbanística (PGOU).
"Sobre el decreto todavía no sabemos en qué condiciones se hará. Es necesario reorganizar el territorio pero también que se respeten los espacios protegidas. Habrá que conocer las circunstancias de cada una de estas edificaciones", opinó el regidor que coincidió con la alcalde de Arenas, Basilia Pareja (PSOE), en la protección de ciertos espacios medioambientales. "Estamos satisfechos porque ya contamos con el plan general que es un documento que nos va a permitir el desarrollo del pueblo y nos dará seguridad. Hay muchas viviendas que ya cuentan con servicios, otros tendrán que pagarlos". Otros alcaldes consultados defienden que muchas de las viviendas catalogadas pueden tener más de medio siglo de antigüedad y que no han nacido al abrigo del boom inmobiliario. Sin embargo, están convencidos que la publicación del decreto les permitirá regirse "por las mismas normas" y "saber a qué atenerse".
"Se trata de tapar un agujero que ellos mismos han permitido. La amnistía es para ellos por la dejadez que la administración ha mostrado. En muchos casos por razones electorales y en otras especulativas", señaló Yus, quien consideró que el decreto sentará "jurisprudencia" y "obligará a los ayuntamientos a permitir su regularización". "Tendrá un efecto llamada y contradictorio, entre otras razones, porque no se tendrán en cuenta los daños ambientales", subrayó.
La previsión es que a finales de este año se apruebe el decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable con el que pretende "clarificar" la situación en la que se encuentra el "volumen muy alto" de ese tipo de construcciones que existe en la comunidad autónoma. Según precisó, la Junta de Andalucía lleva trabajando en la elaboración de ese documento "desde hace casi un año", y actualmente se encuentra en "tramitación interna" en el consejo de Gobierno, "siendo objeto de informes del gabinete jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo".
En este sentido, la titular andaluza de Obras Públicas aclaró que "no todas las edificaciones construidas en suelo no urbanizable son ilegales", de forma que con el citado decreto pretenden precisamente saber "qué se puede legalizar y qué no", así como conseguir que, aquellas que se han construido de forma ilegal o irregular "al menos tengan acceso a los servicios básicos". Garantizar la red de saneamiento o el asfaltado de los accesos, entre otras infraestructuras, es algo que no se plantean los alcaldes de la Axarquía. Su coste sería muy elevado y, por tanto, tendrían que asumirlo los propios vecinos o mediante subvenciones de otras administraciones. La mayoría de las viviendas de la comarca la forman diseminados. No existen grandes urbanizaciones.
"Es imposible que el Ayuntamiento cubra esos gastos. Ni siquiera podríamos llegar a todos los puntos. De hecho, tenemos 1.300 fuera del catastro", explicó Domingo Lozano (PP), alcalde de Alcaucín, quien consideró que su prioridad es contar con el Plan de General de Ordenación Urbanística (PGOU).
"Sobre el decreto todavía no sabemos en qué condiciones se hará. Es necesario reorganizar el territorio pero también que se respeten los espacios protegidas. Habrá que conocer las circunstancias de cada una de estas edificaciones", opinó el regidor que coincidió con la alcalde de Arenas, Basilia Pareja (PSOE), en la protección de ciertos espacios medioambientales. "Estamos satisfechos porque ya contamos con el plan general que es un documento que nos va a permitir el desarrollo del pueblo y nos dará seguridad. Hay muchas viviendas que ya cuentan con servicios, otros tendrán que pagarlos". Otros alcaldes consultados defienden que muchas de las viviendas catalogadas pueden tener más de medio siglo de antigüedad y que no han nacido al abrigo del boom inmobiliario. Sin embargo, están convencidos que la publicación del decreto les permitirá regirse "por las mismas normas" y "saber a qué atenerse".
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