La falta de liquidez de los promotores y las dificultades del sistema de compensaciones ralentizan el desarrollo del documentoLa crisis y la complejidad jurídica de la regularización marcan los dos años de vigencia del PGOU
El edil Pablo Moro, y el delegado del Colegio de Abogados, Rafael González, ayer. :: J-L
«El balance de los dos años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella se puede resumir con una palabra: normalidad». De esta forma condensaba ayer el concejal de Urbanismo, Pablo Moro, el trabajo desarrollado por su departamento en los últimos 24 meses destinado fundamentalmente a devolver a la ciudad la seguridad jurídica y urbanística perdida durante la etapa del gilismo. Un periodo en el que se han sentado las bases del futuro desarrollo de la ciudad, aunque de momento, como el propio edil reconoce, los efectos sean poco visibles en la calle. «Para un instrumento de planeamiento, dos años no es mucho tiempo, máxime cuando tenemos entre manos un documento de una gran complejidad. Este periodo ha sido de trabajo en los despachos, ahora toca empezar a ver sus efectos», explicó.
El desarrollo del documento, sin embargo, no termina de coger el ritmo, ralentizado sobre todo por las dificultades que plantea el sistema de compensaciones que contempla y a los efectos de la crisis, que mantiene a los promotores alejados de cualquier nueva iniciativa. «Este PGOU incorpora elementos diferenciadores de otros planes. Es un documento que recoge un sistema de compensaciones de gran complejidad jurídica. La casuística es absolutamente variada y ello hace que surjan interpretaciones de todo tipo», recalcó Pablo Moro.
El delegado del Colegio de Abogados de Málaga en Marbella, Rafael González, comparte esta afirmación. «Como institución tengo que reconocer que estamos ante un PGOU complejo y no comparable. El tema de la normalización de las viviendas levantadas de manera irregular no es algo que esté a la orden del día en todos los ayuntamientos, y requiere de un estudio tanto de los técnicos municipales como de los operadores jurídicos», explicó.
Los datos hablan por sí solos. A finales de 2011 había 40 procedimientos abiertos. En todo el ejercicio pasado apenas se resolvieron cinco de ellos que permitieron legalizar unas 600 viviendas, el edificio del Hotel Senator y la antigua sede de Correos (actuales dependencias de Urbanismo), según los datos de la delegación.
Conscientes de esas dificultades que el planeamiento de la ciudad presenta desde el punto de vista jurídico, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados celebrarán el próximo lunes una jornada encaminada precisamente a «unificar criterios, consensuar interpretaciones y procedimientos, y utilizar un mismo lenguaje al hablar del PGOU».
Revitalizar la ciudad
Al margen de la normalización de las viviendas irregulares, el encuentro abordará las posibilidades del plan para revitalizar la ciudad. Para el concejal de Urbanismo, «son los mecanismos que nos permiten materializar inversiones que pueden traer prosperidad a la ciudad y es interesante darlos a conocer».
El desarrollo del PGOU tampoco ha escapado a los efectos de la crisis, y con ella de la falta de liquidez de los promotores que de momento miran de reojo las nuevas oportunidades que les ofrece el documento. Este ha sido además uno de los argumentos esgrimidos por el equipo de gobierno frente a las críticas recibidas de parte de los grupos de la oposición e incluso de algún promotor que ha puesto el acento en la «práctica paralización del nuevo planeamiento urbanístico».
La edil socialista, Isabel Pérez, por su parte pone el acento en que el trabajo desarrollado hasta ahora «se ha quedado en el papel». En este sentido, critica que de las 16.500 obras pendientes de regularización, «tan solo se ha dado luz verde a no más de 1.000». No obstante, reconoce la seguridad jurídica que ha otorgado el PGOU al urbanismo de la ciudad, y las dificultades que presenta. «Es cierto que el desarrollo de un documento como este es complicado, pero se podría haber agilizado más».
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