Al banquillo por una estafa inmobiliaria de 21 millones (La Opinión)

La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno de los dos acusados de una presunta estafa inmobiliaria de 21 millones de euros cometida al vender varias parcelas y un proyecto a una sociedad para levantar un aparthotel. El problema es que el terreno era muy pequeño para las necesidades del edificio a levantar, lo que en teoría no sabían los compradores. Los encausados son A. B. R. y S. E. T. P.


Así, según consta en la calificación de la Fiscalía, el 17 de febrero de 2004, A. B. R., utilizando un alias, suscribió un contrato de opción de compra con una mercantil sobre tres fincas ubicadas en Manilva. «A dicho contrato le acompañaban diversos planos, así como un informe del arquitecto de Manilva, que certificaba la idoneidad» de las parcelas como integrantes de una unidad de ejecución del PGOU del municipio «para la realización de un aparthotel con una altura máxima de 5 plantas».

Los planos y el informe «eran esenciales para la eficacia del contrato, pues el objeto de éste era el desarrollo y ejecución de un proyecto de aparthotel» redactado por el arquitecto y acusado en esta causa, S. E. T. P., a instancia de la sociedad de A. B. R., el primero de los compradores. De esta forma, la dueña de las fincas firmó un contrato de prestación de servicios profesionales con el arquitecto.

En esas fechas, la empresa perjudicada entra en contacto con la propietaria de las fincas, una inmobiliaria, y se interesa en adquirir los derechos, explica el fiscal, que ésta ostentaba en relación a la unidad de ejecución discutida en este juicio. Alcanza un acuerdo y se pacta un precio de compraventa, el 8 de septiembre de 2004, por el que ésta adquiere las tres fincas a cambio de 21 millones de euros.

La sociedad perjudicada paga más de 7 millones de euros en pagarés, «además de otras cantidades que no están totalmente determinadas». El vendedor manifiesta en ese documento que la unidad de ejecución AL-6 del PGOU de Manilva está «íntegramente incluida en dichas fincas, lo que era esencial, pues el proyecto de aparthotel se desarrolla en la unidad», precisa el ministerio público. El arquitecto cobró 191.819 euros, siempre según el escrito de acusación.

Una vez adquirido el suelo, «se comprueba que el proyecto es inviable e irrealizable por no cumplir con el requisito de viabilidad geométrica». El arquitecto reconoció que ya lo sabía y que éste, dice el acusador público, se lo dijo a quien vendió a la mercantil perjudicada la parcela, «pero éste le había insistido en la realización del proyecto con el fin de vender las fincas». Asimismo, «se comprueba que el plano que se adjunta al contrato de opción de compra en el que consta una superficie de 32.900 metros cuadrados es falso».

La parcela real, aclara la Fiscalía, es inferior en más de 5.000 metros a la ficticia, por lo que el proyecto básico de aparthotel redactado por el arquitecto «no tiene cabida» en el «área de movimiento de la parcela por superar ampliamente la proyección de su planta las dimensiones del área».

La Fiscalía concluye que la empresa adquirió «un suelo para realizar de forma inmediata un proyecto de aparhotel y en este momento, ni puede ejecutar ese proyecto ni puede recuperar su dinero». Los hechos han sido calificados como un delito de estafa y otro de falsificación de documento privado. El juicio concluye la próxima semana en la Audiencia.