Una investigación bajo agua fijará la 'vida' del hormigón (Málaga Hoy)

El muelle número 6 del puerto será el espacio donde se realice este proyecto que se prolongará durante dos años

J. C. CILVETI / MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.02.2012 - 01:00

Bloques de hormigón sumergidos en la esquina exterior del muelle seis.

Tras firmarse en abril de 2011 un acuerdo de colaboración entre la Autoridad Portuaria malagueña y la multinacional cementera Financiera y Minera, la pasada semana se iniciaba a pie de muelle un ambicioso estudio que estimará la vida útil de diversos tipos de hormigones en ambientes marinos. Enmarcado este trabajo de campo como una fase previa experimental, coordinada en los laboratorios italianos del Centro de Innovación e Investigación de Bérgamo, el pasado día 2 de febrero se sumergían dos bloques de hormigón en la esquina exterior del muelle número seis; una zona adyacente al lugar donde habitualmente atracan los buques cementeros. 

Durante dos años (este es el tiempo en el que los bloques permanecerán bajo el agua), una serie de sondas, en concreto cuatro, monitorizarán cada tres horas la temperatura del hormigón sumergido, además de registrar la temperatura ambiente y la del agua. Con la medición de estos parámetros se podrá ver cuál es el comportamiento real de este material en el medio marino. 

Con este estudio, FYM-Italcementi Group pretende mejorar la calidad de sus hormigones; unos productos destinados a la realización de diferentes construcciones portuarias que requieren de tratamientos especializados debido a las altas concentraciones de sulfatos y cloruros que presentan los ambientes marinos. Estos factores, a los que hay que añadir el intenso desgaste producido en estas instalaciones portuarias cerca de la mar, necesitan de unos materiales que resistan las agresiones de este medio. Con las conclusiones que se obtengan de este estudio realizado en las aguas del puerto de Málaga, esta multinacional cementera pretende desarrollar unos nuevos materiales que aporten mayor durabilidad y resistencia para alargar la vida útil y la eficiencia de los materiales empleados en las construcciones marítimo-portuarias. 

Una vez completado este estudio que acaba de iniciarse, tanto FYM como la Autoridad Portuaria de Málaga tienen la intención de seguir su política de colaboración en el campo de la investigación; una colaboración que es una realidad en lo que se refiere al tráfico de cemento que se moviliza a través del puerto.

La ACB inicia el centro deportivo de El Palo con cinco años de retraso (Málaga Hoy)

La primera piedra del proyecto, cuya fase inicial se limita al movimiento de tierras, fue colocada a finales de marzo de 2011 · Hace unas semanas el Ayuntamiento amenazó con retirarle la concesión

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 07.02.2012 - 01:00

Primeros movimientos de tierra en el interior de la parcela de las antiguas cocheras de El Palo.

Casi cinco años después de la firma del acuerdo; poco menos de un año tras la puesta de la primera piedra... Éste es el escenario temporal en el que se mueve el ambicioso complejo deportivo que la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) quiere levantar sobre las antiguas cocheras de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) en El Palo y del que sólo se conocían promesas incumplidas y bocetos. Hasta ayer, cuando los primeros operarios empezaron a asomarse por la parcela como signo de que lo que parecía olvidado recobra vida. 

Bien es cierto que la presencia es meramente testimonial. Un solo camión, de la empresa Demoliciones Las Nieves, se observaba al inicio de la pastilla sobre la que la promotora del proyecto quiere levantar unas instalaciones deportivas con tres piscinas y espacios destinados a tratamientos de salud. A lo largo de los próximos veinte días, esta empresa constructora se encargará del movimiento de tierras necesario para adecuar el terreno para el siguiente paso, el inicio de la cimentación de las dependencias, según explicó un responsable de la firma. Desde la ACB, emplazaron a aportar más información en los próximos días, pero sí confirmaron que labores previas al impulso definitivo. 

Del comienzo inminente de los trabajos venían advirtiendo algunos responsables municipales en los últimos días, detalle que ayer ratificaba el concejal de Deportes, Damián Caneda. Según el también primer teniente alcalde del Ayuntamiento, tras los innumerables retrasos sufridos por el proyecto, el equipo de gobierno del PP dio un ultimátum a la ACB para que antes del pasado 30 de enero desbloquease los escollos que tenía en el camino e impulsase la intervención. Y, por lo que se ve, la presión ejercida ha acabado por tener efecto. 

Caneda explicó que parte de la tardanza registrada en el último año estaba directamente vinculada al conflicto interno que ha reinado en el seno de la Asociación de Clubes de Baloncesto, a lo que se habría sumado la búsqueda de la financiación necesaria con la que costear una obra valorada en algo más 9 millones de euros. "Les dijimos que si no empezaban les quitábamos la concesión", sentenció el edil popular, que ratificó que hace apenas unos días se recibió en el Ayuntamiento una comunicación de la ACB informando del inminente comienzo de los trabajos. "Nos decían que tenían el proyecto y que esta semana empezaban; hay mucha demanda en esa zona y tienen ganas de tenerlo hecho", añadió. 

Fue el pasado 23 de marzo de 2011 cuando, en las semanas previas a las elecciones municipales, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el entonces director general de la ACB, Josep Senespleda, presidieron el acto simbólico de colocación de la primera piedra del complejo, en el compromiso de que los trabajos se acometiesen de forma decidida en abril, para estar culminados a finales de 2012. Pero aquello no fue más que una muesca en el alargado listado de plazos incumplidos en este proyecto. Tomando como referencia ese escenario, no parece factible pensar en la terminación del equipamiento deportivo de la ACB en El Palo hasta mediados o finales de 2013; o lo que es lo mismo, casi siete años después del momento en que el Ayuntamiento y este colectivo llegaron al acuerdo para desarrollar este complejo. 

El proyecto en aquel entonces pensado incluía, además de varias piscinas, un espacio de fitnessde última generación, un centro dedicado a las terapias termales, y otro de salud, con servicios integrales de recuperación y estética. La superficie total será de 3.262 metros cuadrados y tendrá capacidad para un máximo de 4.500 usuarios. 

Mejor suerte corren los otros dos grandes equipamientos deportivos que el Ayuntamiento dejó en manos privadas en las zonas de Huelin y Segalerva. Si bien no han sido ajenos a no pocos retrasos en los tiempos de iniciación, desde que a finales de febrero de 2011 se pusiesen sus respectivas primeras piedras, el avance es significativo. En el calendario, las previsiones apuntan a la próxima primavera como momento en que deben estar culminadas ambas instalaciones.

Los constructores piden que las ayudas también sean para los compradores (La Opinión)

La patronal, escéptica ante el anuncio de dar crédito a los bancos para que vendan activos inmobiliarios

MARINA FERNÁNDEZ El sector de la construcción se muestra escéptico ante un posible gran ajuste del precio de la vivienda de manera inmediata como consecuencia de la reforma del sistema financiero, al tiempo que pide al Gobierno una reestructuración de su mercado que promueva fusiones entre promotoras. La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) va a solicitar al Gobierno la creación de una comisión que analice el sector y proponga un plan estratégico que intente resolver el excedente de casas e instrumentalice medidas para facilitar las fusiones entre inmobiliarias. Hasta que esto ocurra, el sector quiere que el Ejecutivo de Mariano Rajoy obligue a la banca a que revierta en el sector inmobiliario las ayudas directas o indirectas que ha destinado a la reforma del sistema financiero.

«Aplaudimos la medida del ministro De Guindos, pero no le pedimos un punto y aparte, sino uno seguido. Necesitamos que nuestros clientes tengan créditos para comprar», apunta el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado. Y es que el malagueño recuerda que para reactivar la construcción no sólo hay que ayudar a la banca, «nosotros también tenemos activos inmobiliarios, pero si no dan créditos, no vendemos. Necesitamos que el stock baje», asegura.

Por su parte, el presidente de la APCE, José Manuel Galindo, aseguró que las provisiones que se exigen al sistema financiero «no tienen porqué traducirse en un ajuste de precio».

En cualquier caso, dijo que, de trasladarse al mercado la exigencia de provisiones de los bancos por sus activos inmobiliarios –que han pasado del 25% al 35%–, la vivienda «como mucho» se abarataría un 10%, hasta situar el metro cuadrado en los 1.530 euros.

La reforma del sistema financiero también establece un aumento de las provisiones del 27% al 65% para las promociones en construcción y del 31% al 80% para los terrenos «problemáticos», lo que, según el sector, podría llevar a muchas entidades a iniciar obras en el suelo urbanizable del que dispongan.

Desde la APCE han pedido a la banca que haga fluir el crédito sin importar la procedencia del inmueble para que las inmobiliarias también saneen su balance, ya que el crédito al promotor «que ahora es normal» puede convertirse en «moroso». «Creemos que (las entidades financieras) facilitarán la salida de nuestros activos», confió Galindo.
«Harían mal en no financiar la compra de nuestra vivienda», apuntó.

Desde Málaga apuntan a que si no hay ayudas directas para que fluya el crédito, el sector seguirá estancado. «El año pasado se vendieron casi 10.000 viviendas», apunta Prado, que lamenta que otras 5.000 se quedaron «por el camino» a causa de la ausencia de créditos.

«Si no hay ayudas para que los bancos concedan hipotecas, la venta de viviendas nuevas volverá a ser la del año pasado: mala», alerta el presidente de la patronal malagueña, que recuerda que aún hay 16.000 inmuebles sin estrenar. Además, advierte de que la bajada de precios, aunque pueda ayudar, no será suficiente para que quienes quisieron comprar y no pudieron, sí lo logren en esta ocasión. «Según el Banco de España, los precios han bajado un 19,6%, aunque la mayoría se venden por un 25% menos, el valor de la hipoteca», añadió Prado.

Por ello, el malagueño pidió a De Guindos que se acuerde de los 600.000 promotores privados. «Nosotros también necesitamos ayuda, pero no nos lo dé a nosotros, ayude a nuestros clientes», apuntó.

Los promotores han señalado que en la reunión con Fomento pedirán el incentivo fiscal para la compra de segunda vivienda, también para los no residentes. En el caso de estos, se trataría de aliviar la carga fiscal en las transmisiones mortis causa.

Urbanismo tramita más de 2.600 multas por descuidar los edificios (La Opinión)

El 26% de los 10.006 inmuebles de la ciudad que tienen más de 56 años no ha realizado la obligada inspección

MIGUEL FERRARY Unos 2.600 edificios de la ciudad no han realizado la obligada inspección técnica de edificios (ITE), lo que ha llevado a la Gerencia de Urbanismo a abrir otros tantos expedientes sancionadores para forzar que se realicen los estudios sobre el estado de conservación del inmueble.

Esta cifra de sanciones afecta al 26% de los 10.000 edificios de la ciudad con más de 56 años que debían pasar el control de la ITE y no han presentado estos informes, que son preceptivos para conocer el estado de los bloques y acometer las medidas necesarias que aseguren la conservación de los inmuebles.

Urbanismo ya ha completado tres fases del plan de revisión del censo de viviendas de la ciudad, afectando a todos los edificios construidos antes de 1956. De hecho, el pasado 1 de enero comenzó el plazo de dos años para elaborar los informes de la cuarta fase, que incluye a unos 17.000 edificios construidos entre 1957 y 1980, lo que supone la fase más ambiciosa por volumen de inmuebles incluidos.

La primera consecuencia de la aplicación de la ITE ha sido el inicio de unos 2.600 expedientes sancionadores contra los propietarios de inmuebles que no han presentado el preceptivo informe y que pueden derivar en multas de entre 600 y 60.000 euros.

La mayor parte de estas sanciones corresponden a la tercera fase de inspección con 7.202 edificios, que se dio por
concluida el pasado 31 de diciembre con 1.883 edificios sin presentar el estudio. Del resto, 4.194 inmuebles pasaron la ITE y ahora Urbanismo está estudiando los informes para determinar si tienen que acometer alguna obra. Además, 686 edificios están pendientes de comprobar si tienen que cumplir este trámite, ya que fueron objeto de una amplia rehabilitación en los últimos años, se han demolido o tienen una declaración de ruina. Los 439 inmuebles restantes pertenecen a barriadas rehabilitadas recientemente por la administración como Girón, Las Delicias, Ruiz de Alda o Nuestra Señora del Pilar, entre otras, y que no tienen que realizar este trámite.

Primera y segunda fase. La primera y segunda fase de revisión de los edificios antiguos se desarrolló entre 2007 y 2009, años en los que se acometió el control de los 2.804 edificios censados con más de 80 años de la ciudad. El resultado ha sido que el 72% de los inmuebles cumplieron con la obligación de presentar los estudios, superando este trámite 1.063 bloques de viviendas; retrasando su presentación por obras recientes otros 342; y recibiendo un informe negativo y vinculado a que se realicen las obras de mantenimiento necesarias en otros 612 casos.

Sin embargo, otros 787 inmuebles han terminando engrosando la listas de más de 2.600 edificios sancionados por no cumplir con la exigencia de revisión y mantenimiento de los edificios.

Subvenciones para elaborar los estudios. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido desde 2008 casi 100.000 euros en ayudas para facilitar la elaboración de los informes exigidos en la normativa de la Inspección Técnica de Edificios (ITE). Esta cifra supone que se ha subvencionado la elaboración de 224 estudios en las tres fases que se han puesto en marcha hasta el momento, con una aportación media por informe que ha rondado los 406 euros.

Las ayudas se concederán previa presentación del informe y con una subvención que no superará los 3.000 euros. No obstante, sólo podrán aspirar a recibir este incentivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo aquellas personas que no tengan unos ingresos brutos anuales de 3,5 veces el salario mínimo (unos 21.700 euros).

Las ayudas podrán sufragar hasta un máximo del 75% del coste de la realización del informe, con 900 euros como cantidad máxima que se podrá asignar por estudio. Los propietarios que podrán aspirar a ese máximo de subvención serán aquellos cuyos ingresos estén por debajo de 1,5 veces el salario mínimo (9.304 euros).

Además, se establecen una serie de bonificaciones a la hora de calcular estos límites para las familias numerosas y con discapacitados a su cargo, que pueden oscilar con rebajas del límite de entre el 50% y el 25%.

Por campañas, las dos primeras fases sumaron un total de 60.999 euros concedidos en ayudas para la realización de 118 informes, mientras que la convocatoria de 2011 que terminó el 31 de diciembre se cerró con 30.000 euros concedidos para 106 propietarios. No obstante, el pago todavía no se ha hecho efectivo y se realizará en pocas semanas.

Las ayudas cubren parte de los honorarios del técnico redactor de la inspección. Las subvenciones de la tercera campaña han sido además sensiblemente inferiores, rondando los 283 euros, frente a los 417 euros de las dos primeras.

De la Torre espera disponer de los edificios de Art Natura (La Opinión)

El alcalde calcula que es el plazo del proceso de rescisión del contrato, que culminará con el dictamen del Consejo Consultivo

MIGUEL FERRARY Tres meses. Ese es el plazo que se marca el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para dar por terminado el proceso de rescisión del contrato de Royal Collections para montar Art Natura en Tabacalera. De la Torre explicó que en el plazo de un mes se enviará toda la documentación al Consejo Consultivo de Andalucía, una vez que tengan la respuesta a la alegación presentada por la promotora del museo de las gemas, para que emita un dictamen sobre el proceso.

De la Torre espera disponer de la respuesta del Consejo Consultivo «en el plazo de un mes desde que le entreguemos la documentación, que es lo que suelen tardar», al tiempo que subrayó que la asesoría jurídica está actualmente elaborando el informe de respuesta a la alegación de Art Natura y recogiendo toda la documentación necesaria para apoyar la respuesta.

Este proceso se inició el pasado 20 de enero con la aprobación, en la junta de gobierno local, del inicio del proceso de rescisión del contrato, concediendo un plazo de 10 días a Royal Collections para presentar sus alegaciones, que hizo llegar al Consistorio el 30 de enero. A partir de entonces inició el estudio de los argumentos para plantear la respuesta municipal, que espera tener a finales de mes.

Francisco de la Torre confía en que todo este proceso esté culminado en unos tres meses, de modo que para finales de abril se pueda disponer del edificio al haber extinguido el contrato. Para ello, el alcalde de Málaga adelantó que presentarán «una demanda de desalojo inmediato» una vez que dispongan del dictamen del Consejo Consultivo, ya que considera que su resultado será favorable al Ayuntamiento y un elemento muy valioso de cara a una posible vía judicial. Hay que recordar que el informe de este órgano no es vinculante.

Sobre el futura de las instalaciones de Tabacalera, De la Torre indicó: «Estamos en condiciones de ir viendo otros usos, que los hay». Así, recordó que Málaga dispone de unos espacios importantes en «dimensiones y calidad» para uso cultural y adelantó: «Cabe todo tipo de combinaciones», teniendo en cuenta «el factor costo como elemento clave».

El urbanismo de Marbella inicia una nueva etapa con el traslado de la sede municipal (SUR)

Marbella ha pasado definitivamente página de uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La Delegación Municipal de Urbanismo ha estrenado nueva sede y ha dicho adiós al que fue en su día el cuartel general del exgerente Juan Antonio Roca, ubicado en plena avenida Ricardo Soriano. El equipo de gobierno ha dado un portazo a esas oficinas con el traslado a una nueva sede en la calle Alonso Bazán. Se trata de un edificio regularizado gracias al sistema de compensaciones que establece el nuevo PGOU de Marbella.

Las nuevas instalaciones, de 1.400 metros cuadrados, se reparten en planta baja y tres más y están dotadas de los últimos adelantos tecnológicos con los que se persigue potenciar este área, según ha comentado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la inauguración oficial de las oficinas. La regidora, acompañada del concejal de Urbanismo, Pablo Moro, ha destacado que el anterior edificio se había quedado "obsoleto" para llevar a cabo la implantación de la administración electrónica que está desarrollando el Ayuntamiento con el objetivo de agilizar las tramitaciones urbanísticas e impulsar las comunicaciones entre las propias delegaciones municipales y entre los ciudadanos y la institución.

La mudanza responde además al acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para el pago de parte del préstamo de anticipo reintegrable, aprobado durante la época de la comisión gestora, mediante la cesión del antiguo edificio de Urbanismo. Con este acuerdo el Ayuntamiento rebaja en casi cinco millones de euros la deuda por el anticipo de cien millones de euros que se le concedió en 2006 tras la disolución de la Corporación municipal precisamente a raíz del estallido de la 'Operación Malaya'.

Luz verde para los chiringuitos de La Malagueta y Guadalmar (SUR)

El Ayuntamiento de Málaga y los empresarios ultiman los trámites administrativos para que las obras puedan arrancar este mes

07.02.2012 - 

IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Diseño de los futuros chiringuitos de La Malagueta y La Caleta, con estructuras en forma de velas para evocar la cercanía al puerto. :: SUR

Su historia está ligada al entorno en el que se asientan, en las playas de La Malagueta y La Caleta, y el largo proceso que han seguido hasta lograr la pervivencia frente a los temporales que cada año las dejaban sin arena. Superado este escollo, cuando se cumplen dos décadas desde que comenzaron su actividad, los chiringuitos más próximos al centro urbano están a punto de dar el salto de calidad que ya vivieron sus homólogos de Huelin y La Misericordia. Los empresarios están estudiando con el Área de Playas del Ayuntamiento los últimos trámites administrativos, que les permitan arrancar -previsiblemente este mismo mes- con las obras de sus nuevas instalaciones.

Estos días se está abordando el proceso negociado de concesiones, que la concejala de Playas, Teresa Porras, espera que esté culminado a finales de febrero. Paralelamente, se tramitarán las licencias y los permisos de obras, de manera que los concesionarios puedan comenzar a trabajar sobre el terreno. «La playa más urbana de la ciudad necesitaba unos chiringuitos de calidad, con una imagen totalmente nueva y abiertos los 365 días. Es la seguridad jurídica que ellos demandan», valora Porras.

Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, se muestra optimista y espera que a la semana que viene lleguen las primeras concesiones, y poco después lo hagan las licencias de Urbanismo. «En cuanto nos las den entramos con las máquinas», sentencia. Se reformarán inicialmente siete establecimientos entre La Malagueta y La Caleta y uno de Guadalmar, que serán los primeros en acceder a las concesiones; aunque el responsable de la patronal asegura que se mantendrán todos los que hay. Así, en Guadalmar varios locales tendrán que esperar para renovarse a que se acometa el paseo marítimo previsto en la zona. Mientras, en La Malagueta, del total de diez existentes, tres han pedido las concesiones tras descartarse la construcción de un aparcamiento subterráneo en la zona, y que, según Villafaina, ya no tiene sentido tras la apertura de los dos existentes en el muelle 1 del puerto.

350.000 euros de inversión

Las obras costarán 350.000 euros por cada establecimiento -con lo que ello supone de impulso para el sector de la construcción- y tendrán una vigencia inicial de cinco años, prorrogables por otros diez. Los hosteleros contarán con el apoyo financiero de varias entidades. El canon estatal para Costas ascenderá a 12.000 euros, más otros 3.000 euros para el Consistorio. Villafaina considera que si los trabajos arrancan en las fechas previstas estarán listos para abrir en junio, justo antes de la temporada alta de verano.

Los establecimientos tendrán un diseño exclusivo y diferenciado para cada zona. Los de La Malagueta y La Caleta cuentan como elemento más llamativo con estructuras en forma de velas, para evocar la proximidad del puerto, obra del arquitecto Enrique Martín. Tienen dos plantas y destacan por su transparencia. Mientras que en el primero que se va a acometer en Guadalmar se ha previsto un estilo moderno, muy abierto al exterior, con grandes cristaleras y el techo en forma de olas, bajo diseño de Juan Carlos Laguía. Tiene una sola planta.

Los empresarios de playas de estas zonas de la capital llevan una década en precario, en negociaciones con el anterior Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento para obtener las concesiones y las ubicaciones definitivas para sus negocios. Entre tanto, también hicieron frente a las obras de estabilización de las playas más cercanas al centro, que llevó a cabo Costas, y que son claves para garantizar la pervivencia de sus inversiones.

El cuento de la lechera de los convenios (Málaga Hoy)

La renegociación de los tres grandes hitos urbanísticos de la ciudad pone en entredicho el cobro de los 160 millones que se pactaron, de los que sólo se han ingresado 23,5

S. SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 06.02.2012 - 01:00

Infografía de las torres proyectadas sobre los antiguos suelos de Repsol.

"Como esta leche es muy buena dará mucha nata. Batiré muy bien la nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa, que me pagarán muy bien en el mercado. Con el dinero, me compraré un canasto de huevos y, en cuatro días, tendré la granja llena de pollitos, que se pasarán el verano piando en el corral. Cuando empiecen a crecer, los venderé a buen precio, y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo de color verde..." Éste es el inicio de una de las numerosas versiones del afamado cuento de la lechera, en el que su protagonista, en una ensoñación sin fin, imaginaba todo lo que iba a hacer cuando vendiese la leche, sin pensar siquiera en la posibilidad de que el recipiente se le cayese al suelo y todo lo pensado se difuminase. 

Salvando la distancia de lo onírico, al Ayuntamiento de Málaga le ha pasado algo parecido en los últimos seis años, en los que los dineros a cobrar con los suculentos convenios urbanísticos permitieron a los entonces responsables municipales, encabezados por el alcalde, Francisco de la Torre, imaginar todo lo que sería capaz de hacer con tanto dinero en la caja. Hasta 160 millones de euros era lo que, previo pacto con las propietarias de los suelos de Martiricos y de las antiguas parcelas de Repsol y Térmica, iba a obtener el Consistorio a cambio de autorizarles unas operaciones que, sumadas, suponían la construcción de más de 2.800 viviendas 

Pero al igual que en la fábula de la lechera la protagonista se tropieza con una piedra, el alcalde se ha topado de lleno con la crisis económica y la negativa de las empresas a abonar lo que, años atrás, se comprometieron a pagar. El escenario en el que se mueven hoy los tres grandes acuerdos urbanísticos de la ciudad, ensalzados en su día por De la Torre como mecanismos con los que transformar la capital de la Costa del Sol, ponen de relieve la incertidumbre en la que se maneja hoy la Casona del Parque y el desarrollo futuro de la urbe. 

Los números hablan por sí solos. Hasta la fecha, de los algo más de 160 millones previstos, los actores privados sólo han desembolsado 23,5 millones (12 millones del convenio de Repsol y 11,5 millones del de Martiricos), sin que el panorama futuro sea especialmente halagüeño. Tras más de año y medio de contactos con las promotoras, que justifican su imposibilidad de hacer frente a su parte del trato en el mal momento económico, la Gerencia de Urbanismo ha cerrado recientemente una adenda al documento de Martiricos, que le garantiza cobrar en metálico sólo 4,5 millones (los otros 7,1 millones pendientes de entregar serán aportados por la propietaria, Inmobiliaria Espacio y Unicaja, en obras) y espera formalizar otra en los próximos días o semanas con los antiguos suelos de Repsol. 

Esta última pieza del puzzle urbanístico de la ciudad, a la que se dio forma a mediados de 2006, como ya avanzó Málaga Hoy el pasado jueves, se materializará mayoritariamente no en dinero contante y sonante, sino en suelos que la promotora NovaGaliciaBanco entregará a modo de pago a Urbanismo. Es decir, que del mayor convenio urbanístico jamás firmado por el Ayuntamiento en su historia, tasado en 82 millones, sólo ha podido ingresar hasta la fecha 12 millones. 

Bien es cierto que desde el equipo de gobierno del PP se insiste en que su pretensión es vender los alrededor de 118.000 metros de techo edificable que le corresponden (la mayor parte de ellos residenciales) para conseguir nuevos recursos económicos. Pero ¿cuándo lo hará? Y sobre todo, ¿cuánto obtendrá por su enajenación en un momento en que el sector del ladrillo está estancando? Son las dos cuestiones que están sobre la mesa y que, una vez resueltas, permitirán conocer hasta qué punto la sustancial variación introducida en el convenio de Repsol es o no lesiva para los intereses municipales. 

Una muestra del empeño que el Ayuntamiento puso en esta operación quedó plasmada apenas diez días después de la firma del convenio con la entonces propietaria de la parcela, Comarex. En un Pleno municipal, el que era concejal de Urbanismo, Juan Ramón Casero, sintetizó el sentir del gobierno local al asegurar que esa intervención, que incluía un rascacielos de 160 metros, haría que Málaga dejase de ser "una ciudad pueblerina" para pasar a "ser una gran ciudad". No podía imaginar el ahora exedil de PP el naufragio de este magnífico proyecto urbanístico. 

La paradoja del caso es que el equipo de gobierno del PP acepta una vía que rechazó de plano cuando la utilizó la Junta de Andalucía al aceptar el pago con solares de la deuda histórica contraída por el Gobierno central. En aquella ocasión, en una moción de Pleno, fue taxativo al exigir que el débito se saldase "con dinero contante y sonante". 

La otra vía de agua abierta en el casco del Consistorio es la de los suelos de la antigua Térmica y el convenio firmado con Endesa. El mismo fijaba una aportación de los privados de 58 millones de euros a cambio de que le diesen luz verde para proyectar en la zona una nueva Acera de la Marina con hasta 773 viviendas, usos hoteleros y comerciales... De agosto de 2008 data la rúbrica del citado acuerdo, ahora en vilo por la negativa de la empresa a pagar lo que le corresponde. Una negativa que, por lo que se ve se mantiene firme, incluso después de que el propio Ayuntamiento haya aceptado rebajar la cuantía de la compensación, asumiendo que el precio del suelo actual es sensiblemente inferior al que tenía cuando se produjo la firma. 

La incidencia de este desacuerdo es sensible, por cuanto la cuantía consignada en el mismo (a diferencia de los otros dos acuerdos) sí tienen destino claro, caso del bulevar sobre el soterramiento del AVE, carriles bici, un nuevo puente sobre el río Guadalhorce, el soterramiento de Cánovas del Castillo... Y todo ello, tres años y medio después de que se plantease sobre el papel, sigue esperando a que el dinero entre en unas arcas, las municipales, lastradas por la reducción de los ingresos del Estado y la rebaja sustancial de la industria del ladrillo.

Luz verde a otra torre de 83 metros junto al bulevar del AVE (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento aprueba inicialmente el estudio de detalle del sector Santa Rufina, donde se gana espacio libre elevando la altura de las edificaciones previstas

SEBASTIÁN SÁNCHEZ / MÁLAGA | ACTUALIZADO 04.02.2012 - 01:00

Recreación de la torre resultante tras la modificación del estudio de detalle facilitada por el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Málaga sigue mirando al cielo para diseñar el urbanismo previsto en el entorno del bulevar sobre el soterramiento de las vías del tren. Conocida hasta el detalle la operación por el momento fallida de los antiguos suelos de Repsol, cuyo desarrollo sigue aparcado como consecuencia de la crisis económica, la Junta de Gobierno Local dio ayer luz verde de forma inicial al estudio de detalle del sector Santa Rufina, parcela próxima, donde se prevé una torre de 83 metros de alto, con 27 plantas. 

Este proyecto residencial, impulsado por la entidad Gestión de Inmuebles Adquiridos (perteneciente a Unicaja), da de este modo un nuevo paso en su tramitación administrativa, abriéndose ahora el periodo de información pública y el plazo en el que organismos públicos como Aviación Civil habrán de analizar la propuesta edificatoria. Previsiblemente la posición del ente dependiente del Ministerio de Fomento será favorable, por cuanto la iniciativa privada forma parte del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) al que ya dio autorización. 

Éste es uno de los acuerdos adoptados ayer por el organismo municipal, en la que se estrenó como portavoz del equipo de gobierno del PP el también delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda, Diego Maldonado. Éste destacó la importancia de la actuación, por cuanto se modifica la propuesta inicialmente contemplada para el terreno de Santa Rufina con el fin de aumentar los espacios libres disponibles. Para ello, se opta por elevar con creces la altura de una de las tres edificaciones. Junto al inmueble de 27 plantas se plantean otros dos de doce plantas. 

Esta variación en el diseño permite, según el delegado del PP, incrementar hasta los 12.000 metros de suelo la superficie destinada a zona verde (casi 5.000 metros), espacio peatonal (1.832 metros cuadrados) y viario (más de 4.000 metros). El techo edificable de la parcela no sufre alteración, cifrándose en algo más de 34.000 metros, no todos residenciales. 

El de Santa Rufina es uno de los tres planes especiales de reforma interior (Peri) localizados en el entorno del bulevar, a los que hay que sumar el de Princesa y el de San Lucas, localizaciones donde, según Maldonado, la intención del equipo de gobierno es trabajar en la misma línea. Es decir, se baraja "concentrar la edificabilidad en edificios más altos, ganando más suelo para espacios libres". 

El proyecto contó ayer con el rechazo de los grupos de la oposición municipal. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, criticó los planes urbanísticos previstos en los terrenos de Cortefiel y lamentó que se haya cambiado un suelo industrial por residencial para construir "viviendas y más viviendas", dando la máxima edificabilidad, "por encima incluso de los estándares permitidos por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)". 

"Están erre que erre y dando palos de ciego en torno al modelo caducado de la burbuja", dijo Carlos Hernández Pezzi, concejal del PSOE. El edil socialista denunció que el equipo de gobierno asignase "absurdamente" edificabilidades muy elevadas a esos espacios, aunque precisó que la posición de su grupo no es contraria a las construcciones en altura. "No estamos en contra de las torres pero sí de que eso sea a cambio de convenios que no se necesitan y que suponen una sobrecarga residencial muy fuerte", afirmó. "La única manera de que entiendan que hay crisis es que los privados no sigan explotando la teta del Ayuntamiento, que es generosa y disparatada en un momento en que tendría que ser equilibrada", apostilló.

El Ayuntamiento abrirá la ludoteca de la plaza del Pericón con servicio gratuito (La Opinión)

Funcionará en breves semanas, en horario de tarde, y ofrecerá servicios para adultos como talleres formativos y sala de lactancia

Aspecto del edificio de la ludoteca, que está lista para inaugurarse. Gregorio Torres

JAVIER GARCÍA RECIO La ludoteca que el Ayuntamiento ha construido con fondos europeos en la plaza del Pericón, en la zona de Pozos Dulces, abrirá sus puertas en varias semanas bajo la gestión de la Asociación Comisión Católica Española de Migración, (ACCEM), entidad a la que el Ayuntamiento concedió ayer el servicio. La entidad se compromete a financiar todos los gastos de funcionamiento del inmueble y a ofertar completamente gratis los servicios de acogida y atención a menores (ludoteca), así como actividades lúdicas, culturales y educativas, talleres y sala de lactancia, según anunció ayer el concejal de Derechos Sociales, Francisco Pomares.

Los servicios que se presten en el centro permitirán conciliar la vida personal, laboral y familiar al permitir a la vez la presencia de menores en la ludoteca y de sus madres o padres en las actividades formativas.

El servicio de ludoteca, con 27 plazas, se prestará a niños de 3 a 12 años, en horario de tarde, de 16.30 a 20.30, que podrá ampliarse. Asimismo, permanecerá abierta todos los periodos vacacionales y los sábados no festivos. No se impartirá enseñanza reglada ni se prestará servicio de desayuno, almuerzo o merienda, de forma habitual.

A su vez, los talleres que se oferten estarán relacionados con la conciliación familiar, el crecimiento personal de adultos y menores, y otras actividades educativas.

La ludoteca de la plaza del Pericón forma parte del proyecto más amplio de revitalización y rehabilitación del Centro, para lo que se han llevado a cabo actuaciones para modernizar empresas y comercios, se ha intervenido desde el punto de vista social, fomentando la integración de grupos marginales de las zonas más degradadas y se han rehabilitado edificios e inmuebles para dar impulso a esta zona concreta de la ciudad.

Presentan la denuncia para evitar el derribo en la Trinidad (La Opinión)

La Plataforma en Defensa del convento llevó los hechos al juzgado al creer que es un posible delito

Los representantes de la Plataforma en Defensa del Convento tras presentar la alegación. Gregorio Torres

EUROPA PRESS La Plataforma en Defensa del Convento de la Trinidad presentó ayer en el juzgado en funciones de guardia una denuncia por un posible delito contra el patrimonio histórico-artístico en este monumento, declarado Bien de Interés Cultural (BIC). La organización pidió como medida cautelar la suspensión de la demolición de los tres pabellones militares prevista por la Junta de Andalucía.

En su argumentación contra el derribo de estas tres edificaciones, así como de ciertos forjados del interior de la iglesia y de tabiques, la plataforma, compuesta por 215 colectivos culturales, sociales y vecinales, defiende que hay que considerar el convento y el cuartel «como un todo, en una misma parcela», según explicó su portavoz, Salvador Jiménez, presidente de la asociación Zegrí.

La declaración de BIC del convento «ha de ser extensible a todas las construcciones anejas que haya, bien para la contemplación por el interés histórico o porque la ciudadanía así lo quiera», según Jiménez, haciendo referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de la comunidad andaluza. Además, apuntó que en el Registro de la Propiedad aparece como un solo inmueble, «antiguo cuartel y convento de la Trinidad», por lo que «no creemos que se pueda demoler».

Según explicó Jiménez, «todo forma parte del conjunto monumental y por lo tanto, es imposible separarlo», por lo que no creen que finalmente llegue a demolerse. De llevarse a cabo la demolición de los elementos del antiguo cuartel, «Málaga perdería una pieza importante de su larga historia militar». De hecho, en la denuncia presentada ayer se dice que,a tendiendo a la documentación existente, «tiene la consideración de monumento protegido como BIC tanto la parte propiamente conventual como las restantes edificaciones que conformen el Cuartel de la Trinidad; de ahí que se utilice indistintamente las denominaciones de Convento de la Trinidad o Cuartel de la Trinidad».

El abogado de la plataforma, José Jorquera, señaló que según la Ley de Patrimonio Histórico, «la demolición de un BIC se considera un expolio, ya sea de un particular o de la administración pública».

Urbanismo autorizará otra torre de 27 plantas en La Princesa (La Opinión)

El Ayuntamiento adopta el mismo modelo que en Repsol, concentrando la edificabilidad en edificios altos

El diseño digital permite apreciar en primer término el rascacielos y la zona verde . La Opinión

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JAVIER GARCÍA RECIO La aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha permitido el inicio del desarrollo urbanístico de diversas zonas que estaban a la espera del mismo. Así ha ocurrido con la zona de Santa Rufina, en el barrio de La Princesa, en el sur de Carretera de Cádiz.

Un inicio del desarrollo urbanístico que viene con sorpresa pues se pone en marcha con un estudio de detalle de la zona que prevé un rascacielos de 27 plantas y 83 metros de altura, que no estaba reseñado en los estudios iniciales, junto a otros dos bloques de 12 plantas cada uno.

El diseño de esta zona sigue un modelo similar al previsto en los suelos de Repsol: concentrar al máximo la edificabilidad permitida levantando edificios de gran altura, de manera que se gane espacios para zonas verdes, equipamientos y otros usos públicos, según explicó ayer el delegado de Ordenación del Territorio, Diego Maldonado, tras aprobar la junta de gobierno el estudio de detalle que incorpora este nuevo planeamiento.

Número de viviendas. La zona de Santa Rufina tiene una superficie de 15.400 metros cuadrados, de los que cerca de 12.000 serán para zonas verdes y viarios, concentrando el uso residencial y comercial en los 3.000 metros restantes.

El estudio contempla un edificio de 27 plantas, contando la baja, otra comercial y otra diáfana, que estará unido por un zócalo a otro edificio de 12 plantas; habrá un tercer bloque independiente, también de 12 plantas.

En total la edificabilidad suma 34.000 metros cuadrados de techo, lo que supone en torno a unas 300 viviendas.
En esa zona de La Princesa quedan por iniciar su desarrollo otros dos enclaves más que están pendientes del diseño de sus planes especiales. Se trata de las zonas de San Fermín y San Lucas, que suman entre ellas 43.022 metros cuadrados, que, posiblemente, según dejó entrever el delegado de Ordenación del Territorio, se desarrollen con el mismo modelo de concentración en altura que el de Santa Rufina, al formar un mismo núcleo urbano.

El Gobierno ayudará a los chiringuitos si a cambio protegen el medio ambiente (La Opinión)

El secretario de Estado asegura que irá de la mano de los empresarios de playas en la reforma de la Ley de Costas

El secretario de Estado de Medio Ambiente estuvo arropado por el líder del PP andaluz y miembros del partido provincial. Carmen Romera

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  "Se pone fin al acoso y derribo de los chiringuitos".  Málaga

CARMEN ROMERA Los chiringuitos de la Costa del Sol podrían ver solucionado el problema de sus licencias en un corto espacio de tiempo. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, aseguró ayer en Torremolinos que el Gobierno central irá de la mano de los empresarios de playas en la reforma de la Ley de Costas que acometerá el Ejecutivo para proporcionar seguridad jurídica a esta actividad a cambio de que se comprometan a proteger el medio ambiente.

Ésta se convierte en la segunda buena nueva que los empresarios costeros reciben en 48 horas, después de que el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara el jueves que estudiará prorrogar sus licencias más allá de 2018. Y de este tema también habló Ramos de Armas, pero no aclaró exactamente cuál será la solución. «Ya veremos cómo plasmar las propuestas y cuestiones de los empresarios sobre las licencias, pero se hará a través de un profundo estudio para conseguir aportarles seguridad y tranquilidad, al tiempo que se trabaja en la conservación del litoral, teniéndolos como aliados», explicó, durante un encuentro con los empresarios del sector en Torremolinos, en el que también estuvieron presentes el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, y el presidente de Faeplayas, Norberto del Castillo.

En este sentido, manifestó que hay que «proteger» al empresariado y a los emprendedores para que «se desenvuelvan en un marco de seguridad, puedan hacer inversiones y sean competitivos», ya que, según indicó, «el Ejecutivo es consciente de que los chiringuitos son motor económico, de desarrollo y generador de empleo», además de ser una actividad «fundamental» en Málaga y en otros puntos de España. Pero, pese a que Ramos de Armas manifestó que estos profesionales se convertirán «en aliados», puesto que «tienen mucho que decir y colaborar, porque son los primeros interesados en que las playas estén bien conservadas», muchos de los presentes se levantaron de sus asientos mostrando su «indignación» ante la falta de claridad.

Al hilo de ello, el presidente de Faeplayas aseguró «que se esperaban soluciones más concretas» al ser preguntado sobre la reunión por los medios de comunicación, a los que no tuvo inconveniente en atender a diferencia del secretario de Estado de Medio Ambiente y el líder del PP andaluz.

Y es que Norberto del Castillo insistió en la importancia de dar seguridad jurídica al sector, además de más calidad, e insistió en que los empresarios quieren que las licencias se alarguen por 30 años más, ya que las vigentes están a punto de expirar.

Competencias. Además, criticó la transferencia de las competencias en ordenación del litoral a la Junta de Andalucía efectuada el pasado 1 de abril. «No ha servido para nada, porque se ha hecho una transferencia de trabajo pero no económica, y no tienen recursos ni personal para hacer frente a las competencias» añadió. Del Castillo aseguró que la semana que viene viajará a Madrid para mantener una reunión personal con Ramos de Armas «y tratar el tema con mayor profundidad».

Así, y «antes de llegar a mecanismos sancionadores», el secretario de Estado de Medio Ambiente aseguró que el Ejecutivo central prefiere avanzar en la línea de la colaboración. «Esta ley, con una vigencia de casi 25 años, ha generado complicaciones y merece la pena revisarla. Sabemos bien qué ha servido y qué ha fallado», precisó, al tiempo que enumeró los retrasos en las tramitaciones y las situaciones sin resolver, algo que, a su juicio, «no protege el medio ambiente ni beneficia a nadie».

El conflicto con la ubicación de los chiringuitos creó confusión cuando se enquistó a partir del traspaso de las competencias que regula la Ley de Costas, ya que se empezaron a interponer sanciones económicas para los establecimientos que no cumplían con los requisitos legislativos, que no permiten operar a menos de trescientos metros de la línea marítima. Muchos chiringuitos perdieron su licencia y otros vieron cómo, de repente, penetraban en una zona de ilegalidad.