El Ayuntamiento revisa al alza las tasas por actuaciones urbanísticas. Torremolinos (SUR)

El Ayuntamiento de Torremolinos aprobó en el último pleno una actualización de las tasas por actuaciones urbanísticas, contempladas en la ordenanza fiscal número 12. La moción presentada por el concejal de Hacienda, Antonio Díaz (PP), salió adelante con los votos favorables de los ediles del equipo de gobierno, la abstención del único concejal de IU y el voto en contra de los siete ediles del PSOE.El alcalde, Pedro Fernández Montes (PP), explicó que lo que se intenta es «equiparar» estas tasas a los niveles de los municipios vecinos, dado que estos conceptos no se revisaban desde 1991. «Las tasas no incrementan la presión fiscal, porque lo que hacemos es prestar un servicio, que estaba saliendo prácticamente gratis», declaró el regidor municipal.Por su parte, el portavoz del PSOE, Juan Ortuño, criticó esta actualización, al considerar que «excedía con creces lo razonable». Asimismo, apuntó que se crean figuras nuevas que antes no se contemplaban. En este sentido, el edil socialista puso como ejemplo que la solicitud de un cambio de uso pasa a costar un mínimo de 300 euros. La solicitud de información del PGOU aumenta de 45,8 euros a 100 y un expediente de ruina costará ahora 99 euros, según explicó Ortuño.

Críticas del PSOE

El portavoz socialista acusó al alcalde de aumentar estas tasas para compensar la disminución de ingresos que se prevé al finalizar este ejercicio, como consecuencia de la caída en la actividad inmobiliaria producida durante este año. A este respecto, Fernández Montes acusó a la Junta de Andalucía de generar inseguridad en el sector de la construcción, como consecuencia de tres cambios legislativos en las leyes urbanísticas en apenas dos años.Por su parte, el portavoz del PP, Ramón del Cid, justificó estas subidas en que las tasas estaban «por debajo de la realidad». «El personal y los servicios de los funcionarios hay que pagarlos», declaró.Por otro lado, el pleno aprobó por unanimidad solicitar una subvención a la consejería de Obras Públicas para el proceso de revisión del PGOU.