Juan Vera se enfrenta a penas de entre uno y dos años de cárcel. También están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento
La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos contra la ordenación del territorio. Estos casos se refieren a las licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Vera (Convergencia Andaluza), se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en catorce casos, y de un año en nueve, además de inhabilitación en el cargo público de hasta diez años, según confirmaron fuentes judiciales. En estas piezas urbanísticas también están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento, que supuestamente habría asesorado al regidor para autorizar las actuaciones, pese a no ajustarse a la legalidad urbanística.También en algunos casos está acusada la secretaria municipal, que habría informado favorablemente de las licencias de obra. En los escritos de acusación se acusa a alcalde de otorgar los permisos "con infracción manifiesta de la normativa urbanística aplicable con carácter preceptivo, ante la ausencia de un PGOU en la localidad". Precisamente el regidor se ha escudado en la ausencia de un plan urbanístico para justificar los permisos de obra. La Ley Urbanística de Andaluza establece que en los municipios sin PGOU se considerarán suelo urbano aquellas parcelas con los servicios básicos para acoger una futura promoción residencial. Según Vera, los terrenos donde se proyectan las viviendas cuentan con esos requisitos, como canalizaciones de agua y de saneamiento y suministro eléctrico.En cambio, la Fiscalía entiende que se trata de suelos rústicos y que la dotación de servicios ha sido posterior a la autorización de los permisos para urbanizar. Las obras de las viviendas fueron paralizadas por un juzgado de Coín. Sólo dos de las 23 promociones están terminadas. No obstante, el Ministerio Público solicita a la Junta que tramite el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado, incluyendo el derribo. La responsabilidad civil también recoge el pago de indemnizaciones a terceros, como propietarios de buena fe.Los casos contra el alcalde se abrieron a raíz de dos denuncias que interpuso la Fiscalía de Medio Ambiente en 2006.
2.000 viviendas que triplican la poblaciónEl municipio de Tolox, ubicado en la Sierra de las Nieves, apenas alcanza los 2.400 habitantes. Así, las 23 promociones para construir más de 2.000 viviendas supondría triplicar la población de una localidad pequeña. Por esta razón, la Junta de Andalucía vio inviables los proyectos, pues consideró que se levantaban en zonas verdes, e impugnó las licencias de obra, que fueron aprobadas por el alcalde con los informes favorables del arquitecto municipal. Pero la posición de la administración ha cambiado en varias ocasiones. A mediados de 2007 emitió un informe que abría la posibilidad de que parte de los inmuebles se legalizara, al localizarse en suelos con características de ser urbanos. Meses después, otro dictamen volvía a insistir en la ilegalidad de las actuaciones, lo que dio a la Fiscalía vía libre para acusar al alcalde
La Fiscalía de Málaga ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos contra la ordenación del territorio. Estos casos se refieren a las licencias de obra que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable. Vera (Convergencia Andaluza), se enfrenta a una pena de dos años de cárcel en catorce casos, y de un año en nueve, además de inhabilitación en el cargo público de hasta diez años, según confirmaron fuentes judiciales. En estas piezas urbanísticas también están acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico del Ayuntamiento, que supuestamente habría asesorado al regidor para autorizar las actuaciones, pese a no ajustarse a la legalidad urbanística.También en algunos casos está acusada la secretaria municipal, que habría informado favorablemente de las licencias de obra. En los escritos de acusación se acusa a alcalde de otorgar los permisos "con infracción manifiesta de la normativa urbanística aplicable con carácter preceptivo, ante la ausencia de un PGOU en la localidad". Precisamente el regidor se ha escudado en la ausencia de un plan urbanístico para justificar los permisos de obra. La Ley Urbanística de Andaluza establece que en los municipios sin PGOU se considerarán suelo urbano aquellas parcelas con los servicios básicos para acoger una futura promoción residencial. Según Vera, los terrenos donde se proyectan las viviendas cuentan con esos requisitos, como canalizaciones de agua y de saneamiento y suministro eléctrico.En cambio, la Fiscalía entiende que se trata de suelos rústicos y que la dotación de servicios ha sido posterior a la autorización de los permisos para urbanizar. Las obras de las viviendas fueron paralizadas por un juzgado de Coín. Sólo dos de las 23 promociones están terminadas. No obstante, el Ministerio Público solicita a la Junta que tramite el procedimiento de restauración del orden jurídico perturbado, incluyendo el derribo. La responsabilidad civil también recoge el pago de indemnizaciones a terceros, como propietarios de buena fe.Los casos contra el alcalde se abrieron a raíz de dos denuncias que interpuso la Fiscalía de Medio Ambiente en 2006.
2.000 viviendas que triplican la poblaciónEl municipio de Tolox, ubicado en la Sierra de las Nieves, apenas alcanza los 2.400 habitantes. Así, las 23 promociones para construir más de 2.000 viviendas supondría triplicar la población de una localidad pequeña. Por esta razón, la Junta de Andalucía vio inviables los proyectos, pues consideró que se levantaban en zonas verdes, e impugnó las licencias de obra, que fueron aprobadas por el alcalde con los informes favorables del arquitecto municipal. Pero la posición de la administración ha cambiado en varias ocasiones. A mediados de 2007 emitió un informe que abría la posibilidad de que parte de los inmuebles se legalizara, al localizarse en suelos con características de ser urbanos. Meses después, otro dictamen volvía a insistir en la ilegalidad de las actuaciones, lo que dio a la Fiscalía vía libre para acusar al alcalde
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