El Consistorio pide a los redactores del PGOU que se instalen en Marbella para agilizar los trámites (SUR)

El equipo de gobierno prevé intensificar el calendario de reuniones para ir dando respuesta a las alegaciones. Los técnicos mantuvieron ayer el primer encuentro para abordar las infraestructuras y aspectos jurídicos

LAS CLAVES
Reuniones: Inicialmente estaba previsto que fueran semanales pero dado el volumen de trabajo se intensificarán para agilizar los trámites.

Trámites: Tras la aprobación inicial en pleno y el periodo de información pública, en el que se recibieron 8.537 alegaciones, hay que responder uno a uno los reparos y llevar al pleno de nuevo el documento, con las modificaciones que se hagan, para su aprobación provisional. La definitiva estará en manos de la Junta.

Alegaciones: La mitad de las 8.537 es contra el sistema de compensaciones del Plan para normalizar las 18.000 viviendas ilegales.

Plazos: El pleno aprobó el viernes una moción por la que se insta al equipo de gobierno a aprobar provisionalmente el documento antes de julio y a la Junta a que lo refrende antes de final de año.
Con la mirada puesta en el verano, plazo que se ha marcado el equipo de gobierno para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, ayer comenzaron las primeras reuniones entre los técnicos municipales de urbanismo y el equipo redactor del nuevo planeamiento. El objetivo: ir dando salida a las respuestas a las alegaciones presentadas y repasar pormenores de trascendencia para el desarrollo futuro del documento, como las infraestructuras que prevé o los aspectos jurídicos. Será la primera de muchas más reuniones, tantas como haga falta hasta completar las gestiones de cara a su aprobación provisional en pleno. Precisamente, para agilizar estos trámites, el coordinador de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, avanzó ayer a este periódico que quieren que los técnicos del equipo redactor, que está capitaneado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, se instalen temporalmente en la ciudad. Les ofrecerán una oficina en las dependencias municipales hasta que se contesten los reparos y el documento quede listo para el visto bueno. «Necesitamos cierta flexibilidad en las reuniones. En algunos casos serán necesario varios días para ciertos temas y habrá que hacer las reuniones de una manera más intensiva, quizá de varios días seguidos», abundó Fernández Rañada. Ahí se enmarca la propuesta del Ayuntamiento: «Queremos que sepan que aquí tienen espacio y medios para poder trabajar», agregó, tras participar en la reunión que tuvo lugar en las oficinas de Planeamiento. Así se lo hará llegar al propio González Fustegueras, que podría acudir en persona la próxima semana a una de las reuniones, ya que ayer tan sólo asistieron los técnicos especializados en las áreas a analizar.

Declaración de impacto

Las infraestructuras y los aspectos jurídicos centraron el encuentro de ayer. La semana que viene le tocará el turno a la normativa y al planeamiento, en lo referente especialmente a los reparos presentados durante el periodo de información pública. «Finalmente no hemos comenzado a ver las alegaciones medioambientales, como estaba previsto, porque al equipo redactor le faltaban algunos ajustes», matizó el coordinador de Urbanismo. Las sesiones tendrán un orden del día prefijado, con las alegaciones ya clasificadas por problemáticas, con el fin de aliviar lo posible el trabajo.La prioridad que se marca el Ayuntamiento es responder primero a las alegaciones medioambientales, presentadas tanto por colectivos como por particulares, para darles traslado a la Junta y agilizar el informe de impacto ambiental, preceptivo para la aprobación final del PGOU. Le seguirán las demás, hasta contestar los 8.537 reparos presentados durante los dos meses en los que el nuevo planeamiento estuvo en información pública. Y el calendario marcado apremia, tal y como reconoció el propio coordinador de Urbanismo. El pleno del Ayuntamiento aprobó la pasada semana por unanimidad una moción presentada por el grupo municipal socialista, a la que se añadió una propuesta del PP, para agilizar la aprobación del nuevo planeamiento. Mientras que el acuerdo marca al equipo de gobierno la necesidad de diseñar un plan de trabajo para que la aprobación provisional tenga lugar antes de julio de 2008, a la Junta se le demandará que el Plan General sea aprobado definitivamente antes de que finalice este año, trámite que compete exclusivamente y en última instancia al Gobierno andaluz.El principal obstáculo será poner de acuerdo a ambas partes en cómo se realizará la normalización de las 18.000 viviendas ilegales que dejó el gilismo en la ciudad. Los criterios están encontrados, tal y como han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones. Mientras que la Junta, que tuteló la redacción del Plan cuando ostentó las competencias urbanísticas, aboga por establecer un sistema de compensaciones que incluso podría repercutir en los propietarios en caso de haber desaparecido la estela de los promotores, el equipo de gobierno ya ha advertido de que protegerá a los dueños para que no tengan que pagar nada de su bolsillo. El foco está puesto irremediablemente en este apartado. No en vano, casi la mitad de los más de 8.000 reparos se refieren, de hecho, a las medidas de normalización, que seguirán trayendo cola.