Las dos plataformas se encerraron ayer en el Palacio de Ferias tras recibir tres negativas de la Subdelegación del Gobierno a manifestarse en las calles
Desanimados pero no vencidos. Más de doscientos afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y las expropiaciones previstas en el Plan Guadaiza, en San Pedro Alcántara, se concentraron ayer en el Palacio de Congresos para recordar que ninguna administración ha movido ni un dedo por solucionar sus problemas.El nuevo planeamiento urbanístico de Marbella propone normalizar 18.000 viviendas ilegales para recuperar 1,8 millones de metros cuadrados en equipamientos y zonas verdes de las que adolece la ciudad. Para ello, establece un sistema de compensación que recae sobre los promotores pero sin descartar la posibilidad de que, en el caso que éstos no respondan, lo hagan los dueños de las viviendas.Por otra parte, el Plan Guadaiza es un proyecto de la Junta que propone la expropiación de 197 hectáreas para construir infraestructuras públicas."Nos han negado el derecho a manifestarnos tres veces", señaló ayer el portavoz de la plataforma de afectados por el PGOU, José Ortiz. En la última ocasión, la Subdelegación del Gobierno argumentó que no podían cortar una vía neurálgica como la avenida Ricardo Soriano.Ortiz piensa que no es más que una justificación peregrina para evitar que hagan ruido en plena campaña electoral. Pero se equivocan, porque el colectivo "no pretende representar a ningún partido político". No están de acuerdo con la Junta de Andalucía por haber elaborado estos planes y tampoco estarán de acuerdo con el Ayuntamiento si éste no cumple con las promesas efectuadas de defender a los propietarios de las viviendas en situación irregular.La portavoz de la plataforma de afectados por el Plan Guadaiza, Maica Blanco, está convencida de que han perdido una batalla (al no poder manifestarse) pero no la guerra. "No queremos dinero a cambio de nuestras tierras, queremos nuestras tierras", afirmó.Tanto Blanco como Ortiz coinciden en pedir que, al menos, la Junta de Andalucía les atienda. Al fin y al cabo son sus viviendas "las que están en juego".
Desanimados pero no vencidos. Más de doscientos afectados por el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y las expropiaciones previstas en el Plan Guadaiza, en San Pedro Alcántara, se concentraron ayer en el Palacio de Congresos para recordar que ninguna administración ha movido ni un dedo por solucionar sus problemas.El nuevo planeamiento urbanístico de Marbella propone normalizar 18.000 viviendas ilegales para recuperar 1,8 millones de metros cuadrados en equipamientos y zonas verdes de las que adolece la ciudad. Para ello, establece un sistema de compensación que recae sobre los promotores pero sin descartar la posibilidad de que, en el caso que éstos no respondan, lo hagan los dueños de las viviendas.Por otra parte, el Plan Guadaiza es un proyecto de la Junta que propone la expropiación de 197 hectáreas para construir infraestructuras públicas."Nos han negado el derecho a manifestarnos tres veces", señaló ayer el portavoz de la plataforma de afectados por el PGOU, José Ortiz. En la última ocasión, la Subdelegación del Gobierno argumentó que no podían cortar una vía neurálgica como la avenida Ricardo Soriano.Ortiz piensa que no es más que una justificación peregrina para evitar que hagan ruido en plena campaña electoral. Pero se equivocan, porque el colectivo "no pretende representar a ningún partido político". No están de acuerdo con la Junta de Andalucía por haber elaborado estos planes y tampoco estarán de acuerdo con el Ayuntamiento si éste no cumple con las promesas efectuadas de defender a los propietarios de las viviendas en situación irregular.La portavoz de la plataforma de afectados por el Plan Guadaiza, Maica Blanco, está convencida de que han perdido una batalla (al no poder manifestarse) pero no la guerra. "No queremos dinero a cambio de nuestras tierras, queremos nuestras tierras", afirmó.Tanto Blanco como Ortiz coinciden en pedir que, al menos, la Junta de Andalucía les atienda. Al fin y al cabo son sus viviendas "las que están en juego".
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