El único juzgado de lo mercantil de Málaga se encuentra colapsado por la sobrecarga de trabajo y la falta de personal y señala ya las vistas para 2010. En el último trimestre ha recibido 73 solicitudes de empresas en crisis frente a las 14 que recibió en el mismo periodo de 2007
Ya no da para más. El atasco es una realidad en el Juzgado de lo Mercantil de Málaga, que ya está señalando juicios para 2010. La sobrecarga de trabajo que soporta desde hace dos años, la falta de personal y las consecuencias de la crisis económica han lastrado definitivamente el funcionamiento de este órgano judicial encargado de tramitar los concursos de acreedores, las antiguamente conocidas como suspensiones de pagos, procedimientos que tarda ahora diez veces más en resolver.
La principal apuesta de la Ley Concursal, que es favorecer la continuidad de las empresas en crisis gracias a un acuerdo entre los acreedores, que facilite la reestructuración y reflotamiento de las sociedades, acaba por no tener sentido al chocar frontalmente con la situación de atasco en el juzgado. Las solicitudes de concurso de acreedores que en condiciones normales se resolvían en un mes y medio de plazo deben ahora esperar hasta 2010, una demora que puede hacer poco viable la recuperación de la empresa afectada y crear complicaciones a aquellos que intentan cobrar sus deudas (otras empresas y trabajadores)
La entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, supuso un cambio en el tratamiento de la insolvencia en España. Desapareció la suspensión de pagos y la quiebra e instauró el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de crisis.
A la cabeza de España
Con la nueva normativa las empresas con falta de liquidez deben presentar voluntariamente un concurso antes de que se agoten todos sus activos y dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En definitiva, pretende que no sea posible que los empresarios cierren sus negocios dejando sin pagar a acreedores y trabajadores.
Pero una cosa es la ley sobre el papel y otra muy distinta es la realidad del día a día. La saturación del Juzgado de lo Mercantil impide toda posibilidad de actuar con diligencia en las demandas que se le presentan para su tramitación y por tanto satisfacer la voluntad escrita en la ley.
De julio a octubre pasado, el último trimestre computado (no incluye el mes de agosto, que es inhábil), el juzgado malagueño recibió un total de 73 solicitudes de concurso de acreedores. Una cifra que casi multiplica por seis las peticiones que recibió en el mismo periodo del año 2007, lo que da una idea de cómo ha aumentado su carga de trabajo, lo que es corroborado por el propio Instituto Nacional de Estadística. Según los datos de este organismo estatal, el Juzgado de lo Mercantil de Málaga se colocó a la cabeza de España en número de declaraciones de concurso de acreedores en el tercer trimestre de este año, por delante de capitales como Madrid, Barcelona y Valencia.
Otro dato significativo. A la vuelta de las vacaciones de agosto y sólo en la primera semana de septiembre, este órgano judicial recibió nada menos que 25 peticiones de procesos concursales lo que suponía ya la mitad de todo 2007, año que cerró con unos 50 procedimientos de este tipo, según el magistrado Enrique Sanjuán.
La última memoria judicial referida a 2007, concluía que el Juzgado de lo Mercantil de Málaga superaba en un 300% del módulo de trabajo que se establece como idóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un óptimo funcionamiento de este órgano judicial, que tiene ámbito provincial.
Pero si la situación de este juzgado era ya difícil, ahora se ha dado una vuelta de tuerca más que ha complicado aun más si cabe las cosas. La marcha de un agente judicial, cuyo puesto no ha sido cubierto aún por la Junta de Andalucía está provocando que cerca de 2.000 expedientes se acumulen en el Decanato de Málaga a la espera de que sean turnados al Juzgado de lo Mercantil para su tramitación.
«El agente judicial era el encargado de recoger los expedientes en el Decanato de comprobar que todo lo que se recogía allí correspondía con lo que se había presentado y traerlo al juzgado para pudiéramos iniciar su tramitación. Esto no se puede hacer desde hace una semana», explica el juez de lo Mercantil.
Los expedientes que se acumulan en el Decanato a la espera de ser trasladados al Juzgado de lo Mercantil impide a éste último conocer las solicitudes de concurso de acreedores. Un ejemplo fue lo ocurrido ayer tras difundirse que una empresa acreedora de la promotora Aifos había presentado petición de declaración de concurso de acreedores. Al juzgado no le constaba. «Supongo que será cierto, pero aquí no ha llegado nada y puede que suceda que la petición, como otras muchas, esté pendiente en el Decanato», aseguró Sanjuan.
Los 'ladrillazos'
La crisis económica además ha agravado de forma notable lo que ya era un problema estructural de sobrecarga de trabajo del juzgado. Un 80% de los concursos de acreedores son solicitados por empresas, de las que, aproximadamente y hasta la fecha, la mitad pertenecen al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria.
Según los datos recopilados por este periódico, en lo que va de año alrededor de medio centenar de empresas relacionadas con el ladrillo han presentado un concurso voluntario de acreedores en la provincia. Un fenómeno que ya se ha bautizado como el «ladrillazo».
Jale, Seop, Cogilco, Valsan, Prodicasa Construcciones, la delegación malagueña de la agencia inmobiliaria Viva States, además de Martinsa, son algunos de los nombres que han trascendido de esta lista negra. Empresas medianas y pequeñas que se han visto obligadas a echar el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y la falta de liquidez en esta época de vacas flacas.
La principal apuesta de la Ley Concursal, que es favorecer la continuidad de las empresas en crisis gracias a un acuerdo entre los acreedores, que facilite la reestructuración y reflotamiento de las sociedades, acaba por no tener sentido al chocar frontalmente con la situación de atasco en el juzgado. Las solicitudes de concurso de acreedores que en condiciones normales se resolvían en un mes y medio de plazo deben ahora esperar hasta 2010, una demora que puede hacer poco viable la recuperación de la empresa afectada y crear complicaciones a aquellos que intentan cobrar sus deudas (otras empresas y trabajadores)
La entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, supuso un cambio en el tratamiento de la insolvencia en España. Desapareció la suspensión de pagos y la quiebra e instauró el concurso de acreedores como vía para resolver las situaciones de crisis.
A la cabeza de España
Con la nueva normativa las empresas con falta de liquidez deben presentar voluntariamente un concurso antes de que se agoten todos sus activos y dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En definitiva, pretende que no sea posible que los empresarios cierren sus negocios dejando sin pagar a acreedores y trabajadores.
Pero una cosa es la ley sobre el papel y otra muy distinta es la realidad del día a día. La saturación del Juzgado de lo Mercantil impide toda posibilidad de actuar con diligencia en las demandas que se le presentan para su tramitación y por tanto satisfacer la voluntad escrita en la ley.
De julio a octubre pasado, el último trimestre computado (no incluye el mes de agosto, que es inhábil), el juzgado malagueño recibió un total de 73 solicitudes de concurso de acreedores. Una cifra que casi multiplica por seis las peticiones que recibió en el mismo periodo del año 2007, lo que da una idea de cómo ha aumentado su carga de trabajo, lo que es corroborado por el propio Instituto Nacional de Estadística. Según los datos de este organismo estatal, el Juzgado de lo Mercantil de Málaga se colocó a la cabeza de España en número de declaraciones de concurso de acreedores en el tercer trimestre de este año, por delante de capitales como Madrid, Barcelona y Valencia.
Otro dato significativo. A la vuelta de las vacaciones de agosto y sólo en la primera semana de septiembre, este órgano judicial recibió nada menos que 25 peticiones de procesos concursales lo que suponía ya la mitad de todo 2007, año que cerró con unos 50 procedimientos de este tipo, según el magistrado Enrique Sanjuán.
La última memoria judicial referida a 2007, concluía que el Juzgado de lo Mercantil de Málaga superaba en un 300% del módulo de trabajo que se establece como idóneo por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para un óptimo funcionamiento de este órgano judicial, que tiene ámbito provincial.
Pero si la situación de este juzgado era ya difícil, ahora se ha dado una vuelta de tuerca más que ha complicado aun más si cabe las cosas. La marcha de un agente judicial, cuyo puesto no ha sido cubierto aún por la Junta de Andalucía está provocando que cerca de 2.000 expedientes se acumulen en el Decanato de Málaga a la espera de que sean turnados al Juzgado de lo Mercantil para su tramitación.
«El agente judicial era el encargado de recoger los expedientes en el Decanato de comprobar que todo lo que se recogía allí correspondía con lo que se había presentado y traerlo al juzgado para pudiéramos iniciar su tramitación. Esto no se puede hacer desde hace una semana», explica el juez de lo Mercantil.
Los expedientes que se acumulan en el Decanato a la espera de ser trasladados al Juzgado de lo Mercantil impide a éste último conocer las solicitudes de concurso de acreedores. Un ejemplo fue lo ocurrido ayer tras difundirse que una empresa acreedora de la promotora Aifos había presentado petición de declaración de concurso de acreedores. Al juzgado no le constaba. «Supongo que será cierto, pero aquí no ha llegado nada y puede que suceda que la petición, como otras muchas, esté pendiente en el Decanato», aseguró Sanjuan.
Los 'ladrillazos'
La crisis económica además ha agravado de forma notable lo que ya era un problema estructural de sobrecarga de trabajo del juzgado. Un 80% de los concursos de acreedores son solicitados por empresas, de las que, aproximadamente y hasta la fecha, la mitad pertenecen al sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria.
Según los datos recopilados por este periódico, en lo que va de año alrededor de medio centenar de empresas relacionadas con el ladrillo han presentado un concurso voluntario de acreedores en la provincia. Un fenómeno que ya se ha bautizado como el «ladrillazo».
Jale, Seop, Cogilco, Valsan, Prodicasa Construcciones, la delegación malagueña de la agencia inmobiliaria Viva States, además de Martinsa, son algunos de los nombres que han trascendido de esta lista negra. Empresas medianas y pequeñas que se han visto obligadas a echar el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones y la falta de liquidez en esta época de vacas flacas.
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