lunes, 10 de noviembre de 2008

Los promotores se resisten a convertir en VPO las veinte mil viviendas que no logran vender (SUR)

En la provincia de Málaga únicamente han solicitado la recalificación 660 inmuebles. La falta de garantías para lograr hipotecas y la exclusión de los apartamentos turísticos, principales dificultades

VIVIENDAS CONVERTIDAS
El número de viviendas libres para las que se ha solicitado la conversión en vivienda protegida en la provincia de Málaga asciende a 658 viviendas. De ellas, 546 se han canalizado a través de la patronal Fadeco y el resto, 112, responden a peticiones individuales de diferentes promotores residenciales (datos facilitados por la Consejería de Vivienda):

Municipios

Málaga capital (Fadeco): 133.
Málaga capital (promotores particulares): 112.
Mijas: 85.
Torremolinos: 55.
Villanueva de Algaidas: 48.
Coín: 39.
Vélez-Málaga: 30.
Álora: 28.
Cártama Estación: 27.
Alhaurín el Grande: 26.
Antequera: 24.
Bobadilla (Antequera): 6.
Sierra de Yeguas: 24.
Colmenar: 11.
Alhaurín de la Torre: 9.
Campillos: 1.
Andalucía
Almería: 966 viviendas.
Jaén: 844 viviendas.
Málaga: 658 viviendas.
Cádiz: 396 viviendas.
Granada: 339 viviendas.
Sevilla: 176 viviendas.
Córdoba: 124 viviendas.
La cifra es cuanto menos llamativa: unas 20.000 viviendas están recién terminadas o a punto de hacerlo en la provincia, y los compradores llegan con cuentagotas. 20.000 familias que podrían encontrar un techo a corto plazo.

Pero la opción de entrar en el mercado de VPO y así abaratar su precio, que ahora brinda la Junta, no convence a la mayoría de los promotores. Apenas 660 pisos se han acogido al plan de reclasificación, esto es, el 3% de las que en breve pasarán a engrosar la ya de por sí ingente lista de hogares sin moradores de la Costa del Sol.

Desde la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) no esconden sus críticas a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio por lo que consideran una actitud «inflexible». Juan Moreno, secretario general de la entidad, reconoce que hay muy pocas promociones interesadas en acogerse al programa autonómico.

Un primer escollo surge por la tipología de piso más extendido en numerosos municipios de la Costa, «con un salón muy grande y una cocina americana, lo que pide un piso de ocio», y que choca con los rígidos estándares de las VPO (a pesar de que la Administración ya ha flexibilizado los requisitos respecto a las casas protegidas tradicionales). «Eso ha echado atrás a mucha gente. La Consejería no ha tenido un comportamiento de facilitar las cosas», apostilla Moreno.

Crédito incierto
Pero el verdadero dilema, resalta Moreno, es que el hecho de recalificar la promoción no garantiza el acceso de los compradores a los créditos hipotecarios, que es el gran problema con el que chocan los promotores.

«Si sólo fuera cuestión de rebajar los precios, se bajan y se venden como libres. Pero el problema real es que la poca demanda que hay no tiene acceso a los préstamos. La VPO debe asegurar la financiación, pero hasta ahora no está asegurada, porque no hay convenio con los bancos, que no están por la labor».

Y por voluntad no queda. La Federación Andaluza de Empresarios de la Construcción, Fadeco, está actuando de mediadora entre la Consejería de Vivienda y los empresarios para fomentar la conversión de las viviendas libres que no encuentran compradores en protegidas. De hecho, la mayoría de las propuestas que ya hay sobre la mesa han sido tramitadas por esta entidad.

La Delegación provincial de Vivienda reconoce algunas de las quejas de los constructores, pero al tiempo pone de relieve que buena parte de las diferencias surgen por las pretensiones económicas de los empresarios.

Pretensiones elevadas
Josefa López, delegada de la Consejería en Málaga, explica que a las viviendas de renta libre susceptibles de cambiar de calificación se les permite una variación del 15% en las dimensiones estipuladas por la ley. Algo que deja fuera a la tipología de vivienda turística, sobre todo por el tamaño de las habitaciones y de la cocina, y por la ausencia de lavadero.

Pero, al tiempo, afirma que la mayoría de promotores piden acogerse a la tipología más alta que se permite, con precios de hasta 178.000 euros, y que van dirigidas a familias con unos ingresos mayores, cuando existe una gama extensa de calificaciones y precios, según el poder adquisitivo de la población a la que se dirige. «Las VPO de iniciativa municipal o autonómica permiten ingresos de hasta 3.000 euros al mes y todos los promotores están pidiendo estar en esta categoría, que deja más margen».

Sobre los problemas de financiación, la delegada coincide en que los créditos dependen de las entidades financieras, aunque pone de relieve el compromiso que las cajas han adquirido con la Consejería para facilitar los créditos, en un acuerdo que se plasmará en breve. «No podemos tolerar que los adjudicatarios no tengan luego hipotecas», sentencia López.

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