viernes, 20 de febrero de 2009

El juez convoca una vista sobre la suspensión de pagos de Nozar (El País)

La inmobiliaria asegura que es solvente y niega las deudas con el denunciante

El grupo inmobiliario Nozar se ha opuesto hoy a la petición presentada por uno de sus acreedores, la empresa Avalatransa, para que le declaren insolvente, lo que obligará al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid a convocar una vista en las próximas semanas para comprobar la solvencia de la empresa.


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Un portavoz del grupo de Luis Nozaleda ha informado hoy de que el escrito de oposición, que se presentó a última hora de la mañana en los juzgados mercantiles de Madrid, defiende que la empresa es solvente y capaz de afrontar sus deudas. Además, trata de dejar claro que no tiene ningún tipo de deuda con Avalatransa e intenta demostrar los supuestos actos delictivos en los que podrían estar implicados los responsables de esta compañía, un extremo que niegan en la empresa acreedora.

En un auto del 23 de enero, el juez Pedro María Gómez admitió a trámite la solicitud de concurso necesario de acreedores presentada por Avalatransa, que reclama el pago de 249.159 euros a Nozar, que cuenta con cerca de 2.000 millones de euros de deuda.

Tras el rechazo a admitir a trámite la primera solicitud de marzo de 2008, Avalatransa aseguró en noviembre que en los últimos meses habían ocurrido "hechos nuevos de una gravedad extrema" que constataban el impago generalizado de las deudas que acumula Nozar, como el hecho de que figuraran en los registros de morosos 115,26 millones de deudas reclamadas por entidades financieras y otros 828.460 euros por proveedores.

Según Avalatransa, la inmobiliaria presidida por Luis Nozaleda también había sido objeto de embargos, como el llevado a cabo por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el impago de una deuda de 37.356 euros.

Es la tercera vez en apenas un mes que la empresa que preside Luis Nozaleda está en apuros. Lo estuvo en diciembre, cuando renegoció 205 millones con Reyal Urbis, y también ayer, cuando trataba de aplazar una deuda de 135 millones con Colonial que tenía como garantía el complejo de esquí de Boí Taüll, en los Pirineos.

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