El presidente de la Asociación para la Regularización de Viviendas (ARV) Juan Antonio Blanco ofreció ayer una rueda de prensa con el abogado del colectivo, Ricardo Santandreu en la que solicitaron al Ayuntamiento, una vez más, «la suspensión cautelar de todos los expedientes de demolición y multas tanto administrativas como coercitivas tal y como dice el informe jurista que hay que hacer», aclararon.
El colectivo ya dispone de la documento que se usará como hoja de ruta para la regularización de las construcciones aunque solicitaron la resolución de algunas dudas como sí tras el proceso de legalización no se va a abrir una nueva vía de sanciones administrativas. Por otro lado solicitan que se declare este problema como de interés social en un pleno, que facilitaría la posible legalización de las viviendas de personas en circunstancias especiales. «Se trata de una propuesta que también recoge el informe y que no se ha llevado a cabo».
Blanco criticó también un convenio realizado con la Junta de Andalucía, mediante el cual el municipio debería de contar con una oficina para la información o la inspección reglada de la construcción de las viviendas irregulares, «una acción que aún no ha visto la luz».
Por último se recalcó que se ha requerido la aprobación de un convenio, algo que el informe recomienda y a lo que el PSOE se ha negado sistemáticamente. «De igual forma ocurrió con la suspensión cautelar de los expedientes en proceso judicial» recordó Blanco.
La idea de crear una ruta o parque ecosubmarino en la localidad no parece gustar a todo el mundo. Prueba de ello es que desde el Partido Popular, la edil Carmen Márquez mostró públicamente el rechazo ante esta iniciativa «que se presentó a la administración autonómica sin consenso con la oposición, e incluso, sin haber realizado estudios de impacto medioambiental de ningún tipo».
Al respecto, Márquez manifestó las dudas que tiene el PP con respecto a la influencia que sobre esta zona marina única y singular en toda Europa -localizada en Calahonda- podrían tener actuaciones como las que «desde el equipo de gobierno se están barajando». Ante esta situación, Márquez solicitó «la urgente convocatoria del Consejo Local de Medio Ambiente para estudiar esta idea del alcalde y cualquier otra relacionada con este mismo aspecto».
Extracción de arena
Por otro lado, calificó de «nefasta» las labores de extracción de arena que se realizan en este lugar «para la regeneración de playas de localidades vecinas, tareas de las que se encarga a menudo la Junta de Andalucía», recalcó la concejala.
Por su parte, desde el grupo popular se hizo pública la propuesta del área de Medio Ambiente que, en sintonía con los estudios de la Universidad de Málaga y las agrupaciones ecologistas, pretende solicitar la ampliación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Unión Europea la zona protegida actualmente y que se extienda hasta las costas del faro de Calaburras.
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