Valora positivamente el archivo de la denuncia de la plataforma 29-M y dice que hay que buscar soluciones con cordura
Positivamente, como no podía ser de otra manera. Así valoró ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de archivar la denuncia presentada contra el Ayuntamiento por la plataforma 29-M por no ejecutar demoliciones de viviendas ilegales, adelantada ayer por este periódico. La regidora subrayó que con esta medida el fiscal se alinea con la postura del equipo de gobierno y demuestra que su gestión se rige «conforme a la ley y al sentido común».
No sólo eso. Muñoz recordó que existen «numerosas sentencias» del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avalan la posición del equipo de gobierno de no revisar las licencias urbanísticas hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «El compromiso del equipo de gobierno es dar soluciones a Marbella desde la cordura y buscar un horizonte y un futuro mejor dejando atrás un pasado difícil», apuntó la primer edil.
No hay desobediencia
La plataforma, integrada por colectivos sociales y vecinos perjudicados por el urbanismo y representada por la abogada Inmaculada Gálvez, presentó el pasado diciembre un extenso dossier a la Fiscalía alegando que el Ayuntamiento estaba incurriendo en un delito de desobediencia al no ejecutar las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aunque inicialmente se incoaron diligencias informativas, el Ministerio Público decidió archivar la causa al no ver indicios de delitos, dado que en algunos supuestos el Ayuntamiento incluso reclamó la suspensión de las demoliciones hasta que la revisión del Plan General estuviera sobre la mesa.
«Los ciudadanos deben ver la dificultad añadida que tenemos desde el equipo de gobierno, cuando en el día a día nos llevan a la Fiscalía por no iniciar las demoliciones», argumentó la alcaldesa sobre la denuncia vecinal que finalmente no ha prosperado. Se espera, con todo, que la plataforma abra más frentes. Además de intermediar ante el Parlamento Europeo por lo que consideran una «amnistía» en el PGOU, anunciaron que impugnarán el Plan.
Positivamente, como no podía ser de otra manera. Así valoró ayer la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la decisión de la Fiscalía Superior de Andalucía de archivar la denuncia presentada contra el Ayuntamiento por la plataforma 29-M por no ejecutar demoliciones de viviendas ilegales, adelantada ayer por este periódico. La regidora subrayó que con esta medida el fiscal se alinea con la postura del equipo de gobierno y demuestra que su gestión se rige «conforme a la ley y al sentido común».
No sólo eso. Muñoz recordó que existen «numerosas sentencias» del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avalan la posición del equipo de gobierno de no revisar las licencias urbanísticas hasta la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «El compromiso del equipo de gobierno es dar soluciones a Marbella desde la cordura y buscar un horizonte y un futuro mejor dejando atrás un pasado difícil», apuntó la primer edil.
No hay desobediencia
La plataforma, integrada por colectivos sociales y vecinos perjudicados por el urbanismo y representada por la abogada Inmaculada Gálvez, presentó el pasado diciembre un extenso dossier a la Fiscalía alegando que el Ayuntamiento estaba incurriendo en un delito de desobediencia al no ejecutar las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Aunque inicialmente se incoaron diligencias informativas, el Ministerio Público decidió archivar la causa al no ver indicios de delitos, dado que en algunos supuestos el Ayuntamiento incluso reclamó la suspensión de las demoliciones hasta que la revisión del Plan General estuviera sobre la mesa.
«Los ciudadanos deben ver la dificultad añadida que tenemos desde el equipo de gobierno, cuando en el día a día nos llevan a la Fiscalía por no iniciar las demoliciones», argumentó la alcaldesa sobre la denuncia vecinal que finalmente no ha prosperado. Se espera, con todo, que la plataforma abra más frentes. Además de intermediar ante el Parlamento Europeo por lo que consideran una «amnistía» en el PGOU, anunciaron que impugnarán el Plan.
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