La modificación de la ley de Costas posibilitará que se puedan vender las viviendas dentro del dominio público
La provincia andaluza con mayores deficiencias en el deslinde (es decir, en separar el dominio público marítimo-terrestre del espacio privado) es Málaga, y la segunda de España, con un 62% de los deslindes ejecutados en el litoral, según en el último informe de Medio Ambiente 'El deslinde del dominio público marítimo-terrestre', que aporta datos de diciembre de 2007.
Sólo Alicante supera esta cifra, con un 61% deslindado y grandes 'puntos negros', como Calpe, Moraira, Altea, Los Arenales, La Albufereta en la propia capital alicantina, o Benidorm, donde se alza el Gran Hotel Bali, el edificio más alto de España hasta el año pasado.
La modificación de la Ley de Costas, pendiente de aprobación en el Congreso, no convence ni a los propietarios perjudicados por el deslinde ni a los ecologistas en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Esta modificación permitirá a los dueños de las construcciones levantadas en los terrenos afectados por el deslinde, es decir, por el proceso por el que se define la línea del litoral declarado de dominio público, ponerlas de nuevo a la venta, con lo que recuperarán valor de mercado.
Escepticismo
Hasta ahora, estas edificaciones no podían venderse ni ser heredadas y los propietarios las mantenían en régimen de concesión durante treinta años, prorrogables otros treinta más mientras que el Estado no ejecutara la expropiación. Los afectados, en principio los beneficiados por la medida, la han acogido con escepticismo.
Así, el portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, la califica, en declaraciones a Efe, de «maniobra política», y asegura que no garantiza la resolución de la actual «situación de injusticia». Además, Ortega señala que la modificación de la Ley de Costas tardará al menos dos años en ser aprobada por las Cortes y se queja de que el valor de los terrenos estará mermado por la posibilidad de que el Estado los expropie.
También habla de «injusticia» el ex diputado socialista Ramón Mateos Martín, quien impulsó, junto con el popular Enrique Fajarnés, el proyecto no de ley para la revisión del deslinde de la zona marítimo-terrestre de Formentera, aprobado por el Congreso en 2006. Mateos reconoce que «todo el mundo» está de acuerdo en que debe haber una ley que proteja el litoral español, pero recuerda que la costa no es homogénea y reivindica que se aplique el deslinde con unos parámetros más adecuados a cada costa. Por otra parte, la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, también critica la reforma de la Ley de Costas, a la que tacha de «claro retroceso».
La provincia andaluza con mayores deficiencias en el deslinde (es decir, en separar el dominio público marítimo-terrestre del espacio privado) es Málaga, y la segunda de España, con un 62% de los deslindes ejecutados en el litoral, según en el último informe de Medio Ambiente 'El deslinde del dominio público marítimo-terrestre', que aporta datos de diciembre de 2007.
Sólo Alicante supera esta cifra, con un 61% deslindado y grandes 'puntos negros', como Calpe, Moraira, Altea, Los Arenales, La Albufereta en la propia capital alicantina, o Benidorm, donde se alza el Gran Hotel Bali, el edificio más alto de España hasta el año pasado.
La modificación de la Ley de Costas, pendiente de aprobación en el Congreso, no convence ni a los propietarios perjudicados por el deslinde ni a los ecologistas en las comunidades bañadas por el Mediterráneo. Esta modificación permitirá a los dueños de las construcciones levantadas en los terrenos afectados por el deslinde, es decir, por el proceso por el que se define la línea del litoral declarado de dominio público, ponerlas de nuevo a la venta, con lo que recuperarán valor de mercado.
Escepticismo
Hasta ahora, estas edificaciones no podían venderse ni ser heredadas y los propietarios las mantenían en régimen de concesión durante treinta años, prorrogables otros treinta más mientras que el Estado no ejecutara la expropiación. Los afectados, en principio los beneficiados por la medida, la han acogido con escepticismo.
Así, el portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, la califica, en declaraciones a Efe, de «maniobra política», y asegura que no garantiza la resolución de la actual «situación de injusticia». Además, Ortega señala que la modificación de la Ley de Costas tardará al menos dos años en ser aprobada por las Cortes y se queja de que el valor de los terrenos estará mermado por la posibilidad de que el Estado los expropie.
También habla de «injusticia» el ex diputado socialista Ramón Mateos Martín, quien impulsó, junto con el popular Enrique Fajarnés, el proyecto no de ley para la revisión del deslinde de la zona marítimo-terrestre de Formentera, aprobado por el Congreso en 2006. Mateos reconoce que «todo el mundo» está de acuerdo en que debe haber una ley que proteja el litoral español, pero recuerda que la costa no es homogénea y reivindica que se aplique el deslinde con unos parámetros más adecuados a cada costa. Por otra parte, la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, también critica la reforma de la Ley de Costas, a la que tacha de «claro retroceso».
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