La Delegación de Vivienda de la Junta admite la existencia de obstáculos para aclarar la situación de los vecinos, requisito previo para rehabilitar el edificio
ALFONSO VÁZQUEZ. MÁLAGA La Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía admitió ayer la existencia de numerosas dificultades para regularizar la situación de los habitantes del número 27 de calle Cabriel, en La Palma, aunque recalcó que a pesar de la “compleja” situación legal, “se le va a dar una solución”.
El bloque de 13 plantas y 52 viviendas que lleva más de una década sin ascensor, sufrió un severo corte de luz en marzo de 2007 a causa de un incendio del cuadro eléctrico. A partir de este suceso, la Junta acordó regularizar la situación de sus habitantes, muchos de los cuales viven en alquileres ilegales en este bloque en régimen de compraventa cuyos adjudicatarios tienen prohibido abandonar la vivienda y alquilarla. La regularización es el requisito previo para que el Ayuntamiento pueda rehabilitar las viviendas.
Sin embargo, dos años después del compromiso, la regularización no arranca por un problema legal. Según explican fuentes de la Delegación de Vivienda, en el bloque, promovido por el antiguo Instituto Nacional de la Vivienda, la titularidad recae sobre los adjudicatarios de las viviendas, mientras que la Junta sólo tiene la gestión del cobro de una cantidad por la que los adjudicatarios compran la vivienda, pero son titulares nada más ser adjudicatarios. “Las fórmulas que se barajan son muy limitadas y complejas pero estamos buscando una solución”, señalan estas fuentes, que recuerdan que la Junta ha reparado los bajantes y el saneamiento del bloque.
Por su parte, la concejala delegada del distrito de La Palma-Palmilla, Mari Ángeles Arroyo, que se ha reunido en cinco ocasiones con la delegada de Vivienda, Josefa López, recalcó “la buena voluntad” de la responsable de la Junta, “pero los pisos siguen sin estar regularizados y mientras esto no ocurra no se puede rehabilitar el bloque”.
La concejala señaló además que el Ayuntamiento ha realizado en dos ocasiones las obras de instalación eléctrica en el bloque, “pero no pudimos poner los contadores porque el bloque no está regularizado”, explicó. Fuentes del distrito señalaron además que el Ayuntamiento ha limpiado y pintado el bloque varias veces y llegó a instalar un ascensor hace cinco años, pero el motor fue robado antes de ponerse en marcha.
Como destaca el presidente de la asociación de vecinos de Huerta La Palma, Francisco Aguado, de los 52 pisos sólo 6 tienen vecinos legales. El resto es un trasiego continuo de inquilinos en alquiler de pisos, algo prohibido. Para Aguado, “la propietaria del inmueble es la?Junta”.
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