La subasta de los cuatro pisos entregados como garantía hipotecaria para pagar las minutas queda desierta por falta de ofertas
Los abogados del empresario granadino José Ávila Rojas, en prisión desde hace dos días por defraudar a Hacienda y procesado por cohecho en el 'caso Malaya', tendrán que esperar un poco más para cobrar las minutas atrasadas. De los cinco pisos de su promotora Naviro que salieron a subasta el 18 de junio para cubrir la deuda, sólo se ha vendido uno. Se trata de un inmueble ubicado en el término municipal de Marbella de 111 metros cuadrados con terraza valorado en 157.377,67 euros. El resto, cuatro viviendas, tres de ellas en Las Chapas, se han quedado sin comprador. Las cinco salieron a subasta por casi un millón de euros (965.443,52).
El bufete Pérez de Vargas Abogados S.L. de Estepona tendrá que acudir a una nueva subasta, el día 20, para cobrar los honorarios atrasados. El despacho ha llevado procedimientos civiles y contencioso-administrativos durante los últimos años a Naviro Inmobiliaria y después de varios pagarés incumplidos por falta de liquidez, ha decidido ejecutar la garantía hipotecaria que establecía el contrato entre ambas partes.
Peor momento
La subasta se produce en el peor momento. A la falta de compradores por la crisis económica y financiera se une la difícil situación por la que atraviesa el Grupo Ávila Rojas en general y su presidente en particular.
Desde hace un año las subastas suelen quedar desiertas. Si hace unos meses los juzgados de Primera Instancia de Marbella subastaban una vivienda al mes, ahora la media es de cinco. Los cinco pisos se han ofertado muy por debajo de su valor real de mercado y aun así no hay postores que quieran pujar por ellos.
A esto se une el problema de liquidez de muchas promotoras por la caída del ladrillo y la posterior crisis del mercado de la que Naviro no ha sido ajena. Una situación que se ha agravado por las urbanizaciones irregulares construidas fuera de planeamiento por el Grupo Ávila Rojas en Marbella, muchas de ellas objeto de investigación judicial.
José Ávila Rojas ingresó el miércoles en el penal de Albolote (Granada) en cumplimiento de una condena de ocho años de prisión por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública en 2001 y 2002 a raíz dos operaciones inmobiliarias fraguadas en la ciudad. La condena también afecta directamente a su bolsillo ya que deberá asumir una multa que supera los diez millones de euros.
Un módulo «tranquilo»
El empresario fue trasladado ayer a un módulo general del centro penitenciario granadino tras haber pasado las entrevistas rutinarias. Instituciones Penitenciarias decidió ubicarlo en una de las áreas «más tranquilas» de la cárcel destinada a los penados que entran por primera vez en prisión y que gozan de buena conducta.
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