e anulará el convenio con la empresa Chamartín, que renuncia a exigir indemnización económica al Consistorio
27.10.09 -
El equipo de gobierno someterá a aprobación en la sesión plenaria del próximo jueves día 29 la propuesta para modificar el actual planeamiento para transformar suelo residencial libre a industrial y de vivienda protegida en la zona conocida como Camino de Casares. Con este cambio, se pretende dejar sin efecto el convenio que el Consistorio rubricó con la empresa Chamartín durante el mandato del ex regidor Antonio Barrientos para la construcción de 500 viviendas protegidas. El asunto se quedó sobre la mesa en la última sesión plenaria tras la petición por parte de la oposición de un informe sobre las consecuencias económicas de la pérdida de vigencia de ese convenio y las posibles responsabilidades que la mercantil podía exigir al Ayuntamiento.
En este sentido, la nueva propuesta va acompañada de un documento donde la mercantil renuncia a todos los derechos adquiridos durante este periodo; así como a la posibilidad de exigir compensaciones económicas, según explicó el alcalde de Estepona, David Valadez.
Con esta operación urbanística se pretende conseguir suelo para la construcción de un total de 826 viviendas protegidas. De la misma forma se conseguirá suelo para la ampliación del polígono industrial, para equipamiento escolar y social. Además, se obtendrán casi 49.000 metros cuadrados para la creación de un pulmón verde en la zona próxima a Las Mesas.
La iniciativa, calificada desde el gobierno local como «muy beneficiosa» deberá contar con el apoyo de la mayoría absoluta de los integrantes de la Corporación. Los grupos políticos ya se manifestaron en la última sesión a favor de la propuesta.
La sesión plenaria de carácter ordinaria -pese a celebrarse dos semanas después de la fecha prevista- abordará otros asuntos urbanísticos. Entre ellos, destaca la elaboración de un plan municipal sobre disciplina urbanística, que incluya un censo de viviendas ilegales. Se aprobará además de forma definitiva la ordenanza de calmado de tráfico, que ha permanecido expuesta al público sin recibir alegaciones. Asimismo, el pleno dará cuenta de la renuncia de las concejalas María Miralles (PSOE) y Silvia Cabrera (PP) a seguir formando parte de sus correspondientes grupos municipales.
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