sábado, 3 de octubre de 2009

MARBELLA El Ayuntamiento agotará la vía legal para evitar el derribo del chalé de Banderas. (SUR)

El TSJA rechaza su último recurso en el que pide un aplazamiento hasta la aprobación del PGOU.


En Marbella existen tres tipos de viviendas ilegales: Las que no regulariza el PGOU; las que regulariza y el Ayuntamiento ha logrado aplazar su derribo en los tribunales, y la de Antonio Banderas. La vivienda del actor será legalizada con el nuevo Plan, y sin embargo el Consistorio no puede evitar el avance de la piqueta. Esta situación sólo la comparten la casa del actor y un hotel situado en Guadalmina
La vivienda, que el actor compró hace 12 años a los herederos de la periodista Encarna Sánchez, le ha vuelto a proporcionar otro disgusto con la Justicia.
El último varapalo, tanto para el actor malagueño como para el Ayuntamiento de Marbella, empeñado en regularizar la situación del inmueble, llegó hace unos días de la mano del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la petición del Consistorio marbellí de suspender la ejecución de la sentencia de derribo que pesa desde 2003 sobre el ala oeste del edificio hasta la aprobación del Plan urbanístico, como ha hecho hasta ahora con éxito en un centenar de casos. La situación aquí es más compleja al entrar en juego la comunidad de propietarios de Los Monteros, que desde hace 13 años exigen la demolición. Ayer mismo presentaban en sala la petición de que se obligue al Ayuntamiento a ejecutar la orden judicial.
El equipo de gobierno no se da por vencido. Anunció a este periódico que presentará un recurso de súplica contra el auto del alto tribunal andaluz y en última instancia, un recurso de casación al Tribunal Supremo hasta agotar la vía legal. Con ello conseguiría, al menos, retrasar la temida piqueta hasta la aprobación del Plan General, previsto para finales de este año o principios del siguiente. Pero, ¿qué pasará entonces? La sentencia del TSJA, que ya es firme, ordena restablecer la legalidad en la parcela. La vía rápida y lógica es el derribo, aunque el Consistorio espera que finalmente baste con la cesión de 1.243 metros cuadrados de jardín como compensación a cambio de que el Plan regularice la edificación.
Obligado
El auto del alto tribunal andaluz, sin embargo, es muy claro en este sentido. «El Ayuntamiento está obligado a ejecutar el derribo (...) y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, aún en trámite, no debe ser obstáculo para proceder a la demolición». La resolución judicial va más allá y duda de si la intención del Ayuntamiento con la modificación de la nueva normativa urbanística «ha sido realizada con la intención de incumplir la sentencia o mejor, con la intención de que ésta no se ejecute». Añade, además, que la existencia de terceros de buena fe «carece de trascendencia para la demolición del inmueble». El auto abre otro interrogante. Contempla una posible indemnización de la Administración al propietario.
La casa de Banderas se ha convertido en un ejemplo más de la herencia envenenada del gilismo. El caso, ahora en la vía civil, también pasó por la vía penal. En diciembre, el juzgado de Instrucción 3 de Marbella archivó la causa en el que Julián Muñoz y otros ex ediles estaban imputados por prevaricación al otorgar la licencia del inmueble, en 1995. El caso había prescrito.

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