«Teniendo en cuenta la prevalencia del Plan de Ordenación del Territorio, serán muy pocas las viviendas que se salvarán con la revisión del PGOU». Así de tajante se mostró ayer el concejal de Urbanismo, Juan Cruz, a la hora de abordar la situación de las cerca de 3.750 construcciones irregulares detectadas en suelo mijeño, cuya legalización calificó como «muy complicada». Como contrapartida, el edil planteó el impulso de planes especiales como «único procedimiento legal para hacer frente a este gran problema», si bien reconoció las dificultades para ponerlos en marcha, especialmente a la hora de consensuarlo con los vecinos de la zona y por el coste que supondría desarrollar urbanísticamente cada uno de los sectores afectados.
Mientras se encuentra una salida, el Ayuntamiento aprobó ayer con el único voto favorable del equipo de gobierno (PSOE) la moción que contempla la suspensión de las multas coercitivas a los infractores con expedientes abiertos. En su lugar, se decretará directamente el derribo de la construcción, aunque dando un margen de tiempo prudencial para su ejecución (variando en función de cada caso, dependiendo si se trata de una vivienda habitual o de una segunda residencia), de forma que se puedan evitar derribos de inmuebles que en el futuro podrían ser legalizados. «Lo que aprobamos es una fórmula para aliviar a las familias que no pueden hacer frente a las multas, aunque seguimos trabajando para encontrar una solución, eso sí, siempre dentro de la legalidad», apuntó el alcalde, Antonio Sánchez.
La propuesta se topó con el rechazo de la oposición. El PP justificó su negativa exigiendo que en la moción se incluyeran unos plazos que obligaran al equipo de gobierno a aprobar antes de las demoliciones las herramientas urbanísticas y legales necesarias para regularizar las viviendas. «¿Quién puede garantizar que dentro de dos años va a estar listo el nuevo planeamiento urbanístico?» preguntó el portavoz popular, Ángel Nozal. Una cuestión que también lanzó al aire el edil no adscrito, José Antonio Sánchez, quien además de reclamar la paralización de todos los expedientes abiertos, puso sobre la mesa la responsabilidad del Ayuntamiento en el conflicto. «Sólo están pagando los afectados, y yo me pregunto si no es ilegal cobrar impuestos como el IBI a viviendas que califican de ilegales», destacó.
La moción aprobada ayer distingue entre cuatro supuestos. El primero, encaminado a cortar de raíz el asunto, deja claro que las nuevas irregularidades que se detecten quedarán excluidas, debiendo paralizar la obra y pagar las multas. En segundo lugar, se encuentran aquellas edificaciones en suelo protegido o de dominio público, a las que no les queda otra que el derribo.
El tercer apartado es el que engloba a la mayor parte de las construcciones irregulares de Mijas; es decir, a los expedientes cuya orden de demolición aún no ha sido dictada. En estos casos, se establecerá un plazo para llevar a cabo el derribo atendiendo a las circunstancias de cada afectado citadas anteriormente, suprimiéndose las sanciones económicas.
Por último, están los expedientes con decreto de demolición. Un punto en el que se distingue entre quienes han impugnado la orden por la vía contencioso-administrativa, que deberán acatar el fallo judicial (hay unos 70 afectados), y aquéllos que no han recurrido a la justicia, a quienes tampoco se impondrán multas.
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