La realización del deslinde que garantice el mantenimiento de las viviendas sólo puede ser aprobada legalmente por el Ministerio de Medio Ambiente
Prisionero. Teresa Porras mostró ayer en el pleno un ejemplar del picudo rojo capturado. C. Criado
JAVIER GARCÍA RECIO. MÁLAGA En un pleno que miraba claramente al pasado por la discusión de los principales temas que se llevaron a debate, como el picudo rojo, el saneamiento integral o el Campamento Benítez, el equipo de gobierno sacó adelante y aprobó la realización por parte del Ayuntamiento de un nuevo deslinde del dominio público marítimo-terrestre del suelo sobre el que se levantan las casas de las barriadas marineras de Pedregalejo, El Palo, Las Acacias, Playa Virginia y La Araña, un acuerdo que puede resultar nulo e inútil toda vez que el Ayuntamiento no tiene competencias para acometer tal actuación que queda circunscrita a la actividad legal del Estado. Pese a ello el pleno decidió aprobar la propuesta, con el único voto en contra del portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes.
La pretensión municipal es elaborar un nuevo deslinde que una vez realizado sería presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que es el competente para poder aprobar esa modificación, todo ello con la idea de que las casas queden en terreno urbanizable y que sus propietarios puedan escriturarlas.
El único que advirtió de la posible inutilidad de la propuesta aprobada fue el portavoz de IU, que consideró "poco responsable hablar de deslinde, ya que se quiere poner algo en contra de la Ley de Costas", por lo que advirtió al resto de los concejales de que "no es posible que den soluciones que en la práctica son inviables".
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, replicó que "los vecinos desean tener las escrituras de las casas para poder legalizarlas, para lo cual es necesario modificar la actual delimitación de dominio público marítimo-terrestre, que data de 1969, y el momento idóneo es ahora".
Museo del Transporte. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, apostó por el diálogo y el consenso en este asunto, y subrayó que la voluntad política de su partido "siempre ha sido la misma: no derribar las casas y llegar a un acuerdo sobre el deslinde".
El equipo de gobierno también logró sacar adelante una propuesta, esta vez, en solitario ya que el PSOE se abstuvo e IU votó en contra, en la que se insta al Ministerio de Fomento a que se comprometa a desarrollar la construcción del Museo Nacional del Transporte, independientemente del fallo judicial que determinará qué administración es la propietaria de los terrenos del antiguo campamento Benítez.
La propuesta popular se presentaba tras la afirmaciones del ministro de Fomento, José Blanco, quien señaló hace unos días en Málaga que el proyecto del
Museo del Transporte no se pondría en marcha hasta que el Ayuntamiento no retirase la demanda judicial por conseguir la propiedad de los terrenos.
El PSOE presentó una enmienda a la moción del PP, que fue rechazada por el equipo de gobierno, instando al Ayuntamiento a la retirada del procedimiento judicial abierto, a cambio de apoyar la propuesta, pero que no fue aceptada por el grupo popular.
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida criticó que el PP "no tiene una posición coherente" en este asunto y abogó por defender que los terrenos "son de la ciudad", independientemente del pleito judicial, y que debe ser, por tanto, la ciudadanía la que decida lo que se debe hacer en ese espacio.
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