El laberinto urbanístico en la Axarquía atrapa a diez mil propietarios. (SUR)

Las anulaciones por vía judicial de licencias de obras concedidas por los ayuntamientos ponen en marcha los procesos de demolición

28.11.09 - 02:35 -

VÉLEZ-MÁLAGA.

«Lo hemos vendido todo en Inglaterra y nos vinimos a la Axarquía para invertir los ahorros de toda nuestra vida en realizar la casa de nuestros sueños. Los ayuntamientos nos dieron las licencias y nadie nos dijo que no podíamos construir. Por eso nos preocupa cuando vemos que esas mismas licencias están siendo anuladas y que se están iniciando expedientes para demolerlas». Con estas palabras el británico Phillip Smally, presidente de la Asociación Save Our Homes Axarquía (Salvemos Nuestras Casas en la Axarquía), expresa la enorme preocupación que la situación del urbanismo está provocando en los propietarios de las más de 10.000 viviendas -22.000, según los ecologistas- fuera de ordenación que salpican los campos de la comarca oriental malagueña.

Y tienen motivos para estar preocupados, porque aunque la Dirección General de Inspección Territorial de la Junta de Andalucía no ha concluido todavía el inventario de las edificaciones que existen en el suelo no urbanizable de la Axarquía para decidir el futuro de cada una de ellas, la realidad es que continúan produciéndose sentencias de lo contencioso administrativo en respuesta a recursos planteados por el Gobierno andaluz contra la aprobación de muchas de las licencias de obras concedidas por los ayuntamientos.

En la lista de pueblos con autorizaciones anuladas están Salares, Alcaucín, La Viñuela, Comares y Canillas de Aceituno, entre otros.

Estos fallos judiciales no sólo anulan las licencias, sino que además obligan a la Administración local a iniciar los procedimientos para restituir la legalidad urbanística, o lo que es lo mismo proceder a la demolición de las construcciones.

El Ayuntamiento de Comares, que tiene interpuestos 45 contenciosos por parte de la Junta solicitando la revocación del mismo número de licencias de obras, acaba de aprobar por acuerdo plenario la demolición de dos edificaciones en el campo.

Otros municipios en la misma situación tienen paralizadas más de una decena de órdenes de demolición al recurrir las sentencias.

La Viñuela, que aprobó en 2007 a la desesperada su PGOU por silencio administrativo de la Junta en un intento de regularizar la mayor parte de las viviendas que están fuera de ordenación, tiene 89 recursos contra autorizaciones para construir. La aprobación del documento urbanístico ha sido anulada por el TSJA.

«A mi vecino le han anulado la licencia y el Ayuntamiento de La Viñuela ya ha iniciado el proceso para demolerla. Desde entonces su esposa tiene problemas de corazón», relata Smally, para quien el proceso que encabeza la Junta para decidir cuál es el futuro de las casas que está inventariando es demasiado lento.

En Alcaucín, donde hay unas 1.800 viviendas irregulares, muchos titulares de construcciones empiezan a pensar que la única posibilidad de evitar una posible demolición es que la irregularidad urbanística prescriba.