sábado, 21 de noviembre de 2009

La Guardia Civil lleva a la Fiscalía una supuesta cantera ilegal en Cártama (SUR)

Investigan si extraían tierra aunque sólo tuvieran licencia para adecuar la zona como finca agrícola
21.11.2009 -
PILAR R. QUIRÓS
MÁLAGA

La Guardia Civil lleva a la Fiscalía una supuesta cantera ilegal en Cártama
. El Seprona estima que la extracción de tierra encubría una cantera ilegal. / SUR
Desmontes, rebajes y enormes movimientos de tierra alertaron el pasado mes de mayo a unos vecinos de Cártama que denunciaron una obra en un terreno no urbanizable en el paraje conocido como Los Brachos. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personó en el lugar y observó el trabajo de maquinaría pesada, camiones, y el movimiento de enormes cantidades de tierra que eran llevadas a otra zona del municipio para realizar una obra, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la investigación de este suceso. El Seprona lo puso en conocimiento del Ayuntamiento de Cártama y tras varias notificaciones, ayer viernes decidieron llevarlo a la Fiscalía de Medio Ambiente ante la sospecha de que se trata de una supuesta cantera ilegal.
El Seprona, en su primera denuncia de esta actividad, se apercibió de que para la entrada y la salida de los camiones a la zona, la empresa que realizaba los movimientos de tierra había mejorado y ensanchado un arroyo llamado El Peral, desde el cual entraban los camiones a la parcela. Los agentes pidieron la documentación sobre la citada obra, y la empresa le entregó una licencia municipal de obras para movimiento de tierra con fines agrícolas, según indican a SUR fuentes de la investigación.
El suelo, según el atestado, es no urbanizable de protección especial y está protegido al formar parte del complejo serrano de interés ambiental C-6 Montes de Málaga. Tras estas averiguaciones, el Seprona formuló una denuncia al Ayuntamiento de Cártama el pasado ocho de junio, en la que indicaba que los trabajos que se realizaban no parecían movimientos de terreno agrícola y subrayaba la actividad extractiva en la zona. De hecho, especificaba que la empresa está dedicada a la nivelación de terrenos. Además, remite la denuncia a las consejerías de Innovación, a la de Medio Ambiente y a la Agencia Andaluza del Agua. Es más, el propio Seprona, según ha podido saber este periódico, solicita al Ayuntamiento de Cártama que le informe si las obras que se están ejecutando son legalizables.
El 22 de junio el Ayuntamiento de Cártama contesta a la Guardia Civil y le indica que sobre la zona pesa un decreto de restablecimiento de la legalidad urbanística, que está caducado, es decir que el decreto exigía que la zona volviese a su estado original, según indican fuentes informadas. Además, el Ayuntamiento argumenta que existe una licencia de obras para acondicionar la zona con fines agrícolas. El Seprona ve la contestación insuficiente y le hace un nuevo requerimiento el 7 de julio, en la que insta a los técnicos municipales a realizar una inspección en la zona.
Vuelven a recibir contestación del Ayuntamiento de Cártama el pasado día 2 de noviembre, y éste le recuerda al Instituto Armado la existencia de una licencia de movimiento de tierras para fines agrícolas y reconoce que la superficie afectada es superior a la grafiada en el proyecto para el que tienen licencia y así mismo indica que el movimiento de tierras y extracción ha generado varios niveles y que incluso hay un vertido de tierras y que se ha formado una escollera y concluye diciendo que, al parecer, dicha extracción de material no parece tener fines agrícolas porque hasta la fecha no ha habido depósito de tierra vegetal ni plantación de nuevas especies, ni se ha recuperado la cubierta vegetal antes existente, según ha sabido este periódico. También indican que en el momento de la inspección los trabajos están paralizados.
El Seprona estima que tras estos movimientos de tierra está enmascarada una cantera ilegal para extraer material con fines constructivos, y el pasado viernes puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, según ha podido conocer este periódico de fuentes de la investigación.

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