Los alcaldes axárquicos debatirán con la Junta su futuro urbanístico (La Opinión)

Suspenden la mesa por el urbanismo comarcal del próximo lunes, a raíz de la petición de una visita informativa del consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Espadas

Los alcaldes axárquicos debatirán con la Junta su futuro urbanístico

FRAN EXTREMERA. VÉLEZ MÁLAGA El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Juan Espadas, se reunirá la próxima semana en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía con los 31 regidores de la comarca oriental. Sólo el anuncio de sentarse para entablar un diálogo con ellos aplazó el debate interno de la mesa axárquica sobre el urbanismo que el lunes iba a volver a reunir en ese mismo recinto a todos los alcaldes.

Anoche, al finalizar la sesión plenaria del organismo mancomunado, su presidente, el rinconero José Jesús Domínguez Palma (PSOE), dio a conocer la desconvocatoria de la mesa comarcal, ante esa visita de uno de los máximos responsables de la Administración autonómica.

El anuncio llegaba después de un agitado debate sobre el desarrollo en los pueblos más pequeños y el respaldo unánime del pleno a uno de sus aún integrantes, el alcalde de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), condenado por delitos urbanísticos a un año de cárcel y nueve de inhabilitación. Para él fue muy emocionante: “Agradezco a todos tanto apoyo”.

Costa rica, costa pobre. Ayer, sus compañeros, además de recordar que la Axarquía “no es Marbella, en absoluto”, subrayaron la calidad humana de Navas, su larga experiencia como presidente comarcal de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía y su capacidad de trabajo. En ese apartado no hubo color político ni siglas. De hecho fue un independentista quien tomó la palabra para proponer ese reconocimiento, el teniente de alcalde de Torre del Mar, Manuel Rincón.

Justo antes de la celebración del pleno, cada grupo político reunió a sus alcaldes para debatir los puntos en el orden del día, pero también la postura común respecto al futuro urbanístico. Desde todas las formaciones, con la excepción de algunos responsables socialistas, se criticaron “las formas de la Junta” respecto a que el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, anunciara esta semana que no se modificará la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para adaptarla a la Axarquía.

“No queremos seguir siendo la costa pobre y encima estar tan machacados”, llegó a decir en los pasillos un regidor del PSOE. El alcalde de Almáchar, José Gámez (IU), también fue explícito: “Pedimos que dejen de criminalizar a esta parte de la Costa del Sol, porque aquí los alcaldes no estamos para enriquecernos”. La mayoría en el interior apenas reciben de sueldo 1.500 euros, según argumentaron varios.

El regidor de Benamocarra, Abdeslam Lucena (PA), incidió en que la LOUA carece de reglamento: “Si en términos de Derecho la ley sólo reina y el reglamento es el que gobierna, existe un vacío legal en la actualidad dentro del urbanismo”. Al respecto también se pronunció ayer el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, ya que manifestó que es “importante y necesario” el desarrollo reglamentario de LOUA para resolver “gran parte de los casos”.

‘Autoindisciplina’ de voto. El pleno de la Mancomunidad se desarrolló ayer con total normalidad y absoluto consenso entre todas las formaciones. Pero se crispó, de manera excepcional, al debatirse una moción de IU –socios de gobierno del PSOE– a favor del mantenimiento del subsidio agrícola y ante la crisis que padece el campo andaluz (en plena jornada de huelga en el sector).

El portavoz socialista, Francisco Muñoz, anunció que su grupo se opondría a dicha petición y la calificó de “oportunista”. Sin embargo, compañeros suyos como la alcaldesa de Arenas, Basilia Pareja, pidieron el voto individual. Después de que tanto el PP como el PA respaldasen también la proposición de IU, ésta casi fue aprobada por consenso, con la única abstención de Muñoz. “Es la primera vez en la historia de la Mancomunidad que el portavoz del grupo mayoritario vota por su cuenta”, dijo un funcionario.

Acusado el alcalde de Sayalonga por cuatro delitos urbanísticos

La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha realizado escrito de acusación contra el alcalde de la localidad malagueña de Sayalonga, José Luis Navas, por cuatro delitos de prevaricación urbanística, por la aprobación de proyectos de actuación para viviendas unifamiliares y la concesión de las correspondientes licencias en contra de las normas. Así, pide un año de prisión y nueve años de inhabilitación por cada delito.

El fiscal acusa, además, en sus conclusiones iniciales, a siete personas que eran ediles cuando sucedieron los hechos, también por el mismo delito que al alcalde, aunque solicita menos pena; y a los cuatro promotores, una de ellas funcionaria del Ayuntamiento y los demás familiares de ésta, por un delito contra la ordenación del territorio. Asimismo, ha formulado acusación contra un técnico municipal que emitió los informes favorables.

La acusación pública señala que los cuatro promotores “decidieron obtener un rendimiento urbanístico” de una finca rústica, “hasta la fecha improductiva como finca agrícola”, para lo que procedieron a la segregación de la parcela en cuatro subparcelas y a la edificación en cada una de ellas de una vivienda, que, según el escrito provisional al que tuvo acceso Europa Press, “serían ofrecidas en venta y alquiler”. Así, se indica que el suelo está clasificado como no urbanizable común natural o rural. Según el ministerio público, “para dar apariencia legal a la irregular operación urbanística”, estos cuatro acusados instalaron en las parcelas un “rudimentario sistema de riego y llevaron a cabo una pequeña plantación de frutales, con la intención de tramitar el proyecto de actuación”.

De esta forma, se fueron presentando dichos proyectos en el Ayuntamiento, expedientes que fueron informados “favorablemente” por el técnico municipal acusado, aunque en cada caso la Delegación de Obras Públicas “emitió informe desfavorable por entender que no quedaba suficientemente justificada la necesidad de vivienda vinculada a explotación agrícola”. No obstante, según la calificación, los proyectos fueron aprobados en pleno en 2005, “con los votos favorables” del alcalde y distintos ediles. La Fiscalía señala que en estos cuatro casos la Junta “advirtió” de nuevo de “la ilegalidad del acuerdo”. E. P. Málaga