La reunión entre el Ayuntamiento y la Consejería desbloqueó el trámite, aunque quedan sombras sobre el acuerdo.
MIGUEL FERRARY. MÁLAGA Arraijanal. Esta zona de Málaga era prácticamente una desconocida para la mayoría de los malagueños hace una década. Ahora son muchos los que saben colocarla en el mapa con los ojos cerrados. De estos terrenos, de 54,3 hectáreas, depende mucho el futuro de la ciudad. En concreto, toda la planificación urbanística para los próximos doce años, inversiones millonarias y uno de los mayores parques para Málaga.
El acuerdo alcanzado el pasado martes, entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, daba una salida a estos terrenos y desbloqueaba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La solución es una aceptación, en toda regla, de las tesis autonómicas. El Ayuntamiento acepta reservar el suelo para el proyecto del parque defendido por la Junta desde mediados del año pasado. A cambio, se busca una salida para los propietarios, cediéndoles más edificabilidad en otras zonas de la ciudad para compensar la pérdida del proyecto de urbanización de Arraijanal.
Cambio sobre Arraijanal. Este cambio de actitud del Ayuntamiento supone un giro de 180 grados sobre lo que venía defendiendo con virulencia en los años anteriores, ya que apostaba por el derecho a construir de los propietarios. Sin embargo, el alcalde puso un precio a este cambio: inversiones por 160 millones de euros a cargo de la Junta, de los cuales 130 millones serían con fondos europeos y otros 30 millones para reforzar las infraestructuras ante posibles lluvias torrenciales. No lo dijo claramente, pero lo dejó intuir: el acuerdo es "un todo", Arraijanal por inversiones. La razón que sostiene este argumento es que el Ayuntamiento hace un esfuerzo a costa de su patrimonio que debe ser compensado por la Junta.
Esas inversiones son el elemento que han provocado la discusión, que a tenor de las declaraciones públicas hacen tambalear el PGOU. Sin embargo, el acuerdo urbanístico sobre Arraijanal está prácticamente cerrado y a falta de pulir unos detalles para su redacción en el documento del planeamiento. Nadie discute que saldrá adelante. Ni la Junta ni el Ayuntamiento, a quien le urge aprobar el documento para impulsar inversiones.
No obstante, tanto la Junta como el Ayuntamiento insisten en que esas peticiones se verán en paralelo a la tramitación del plan de ordenación. Ahí empiezan los matices. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insiste en que todo va junto. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, en que se estudiarán las peticiones, pero no de forma vinculada a la aprobación del PGOU.
Acuerdo en abril. Mientras que las declaraciones políticas se suceden, los técnicos trabajan. La semana próxima se reunirán de nuevo los equipos municipales y autonómicos para seguir puliendo los últimos aspectos del documento. Todo está tan avanzado que ya se empieza a poner fecha para la aprobación provisional: abril.
Esto supone que quedan dos meses para cerrar el planeamiento y retomar los trámites, que requerirán de un nuevo proceso de exposición pública.
En realidad las diferencias que quedan son mínimas. Decidir el espacio de servidumbre de los arroyos urbanos, definir algunas infraestructuras y ajustar los requerimientos medioambientales de zonas muy concretas de la ciudad.
¿Está el PGOU realmente estancado? Las declaraciones públicas dicen que, al menos, en suspenso. Los técnicos, continúan trabajando.
La clave para que la política vaya a la par de los técnicos está en el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. A él se ha encomendado el alcalde para intentar obtener las inversiones deseadas. De hecho, cualquier compromiso está fuera de las competencias del consejero y es más propia del presidente.
La aceptación, aunque sea una parte, de las peticiones del alcalde, algunas de ellas incluso son proyectos que pueden estar en las propias agendas autonómicas, rebaja la tensión política. Mientras, el PGOU podrá avanzar sin problemas, aunque será difícil que se apruebe antes de final de año.
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