MARBELLA | Aprobación del PGOU Del modelo depredador a la seguridad jurídica. (ELMUNDO)

La alcaldesa Ángeles Muñoz ante el mapa de su nuevo PGOU. | ELMUNDO.es

• El GIL llevó a cabo un urbanismo a la carta, al son de una serie de promotores

José Carlos Villanueva | Marbella

Actualizado domingo 31/01/2010 10:15 horas

«En Marbella se ha hecho un urbanismo a la carta para los promotores». Esta frase, pronunciada por el fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, refrendada en sentencias firmes por delitos urbanísticos, resume a la perfección lo que ocurrió en la ciudad costasoleña desde el desembarco de Jesús Gil, en 1991.

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuya aprobación definitiva se produjo el pasado viernes, nace después de una oscura etapa, la de los gobiernos del Grupo Independiente Liberal(GIL) y sus sucesores hasta abril de 2006. Fueron 15 años plagados de escándalos urbanísticos, corrupción, juicios, condenas de cárcel y la disolución de un Consistorio como el de Marbella, algo sin precedentes en la historia democrática de España.

Nada más llegar a la Alcaldía Jesús Gil, en junio de 1991, anunció su intención de revisar el PGOU vigente de 1986, aprobado bajo mandato del PSOE. Dicho Plan no sería publicado hasta el año 2000 en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Tal circunstancia fue utilizada por los gobiernos gilistas , como coartada, para dar licencias en base a su propia revisión.

Uno de los episodios más surrealistas de la era gilista tuvo lugar el 7 de agosto de 1998. A las doce de la noche de ese día Jesús Gil, que se encontraba en una cena de gala benéfica, se marchaba del sarao para presidir un Pleno extraordinario nocturno que aprobaría, con la mayoría absoluta del GIL, la revisión del PGOU. Se invocó el silencio administrativo para actuar de tal forma frente a la Junta de Andalucía.

El nuevo plan nace tras una oscura etapa, 15 años plagados de escándalos

Días antes de la sesión plenaria nocturna, en julio del 98, la Comisión Provincial de Urbanismo de Málaga había rechazado el Plan de Gil, si bien aprobaba el 50% del documento condicionado a la elaboración de un texto refundido. El entonces alcalde rechazó aceptar tal condición.

Hasta en tres ocasiones, entre 1998 y 2003, la Junta rechazó de plano el modelo urbanístico salvaje y depredador que Jesús Gil, junto a su lugarteniente y brazo derecho, el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, pretendió siempre imponer a machamartillo.

Confusión

Marbella vivió entre 1991 y 2006 de espaldas al resto de administraciones públicas, sin ninguna seguridad jurídica que ofrecer a los constructores y promotores que quisieran ser fieles a la legislación vigente, sin saltársela a la torera, como hicieron otros muchos que se lucraron del modelo gilista con el llamado «urbanismo a la carta».

Jesús Gil nadó siempre a gusto entre la confusión generada por él mismo a la hora de saber qué Plan aplicar, si el de 1968, el del 86, o su propio modelo de 1998. En base a éste último, otorgaría cientos de licencias que acabaron impugnadas por la Junta, en vía contencioso-administrativa. El Gobierno andaluz nunca optó por la vía penal.

La primera paralización de obra ilegal decretada en Marbella, por orden judicial en la vía penal, no se produjo hasta octubre de 1998. El entonces titular del Juzgado de Instrucción 7, Santiago Torres, uno de los que más luchó contra la corrupción municipal, fue quien dictó la medida sobre el polémico edificio Belmonsa. Doce plantas en zona verde y en línea marítima, donde sólo se contemplaban planta baja más dos alturas.

Gil nadó a gusto entre la confusión generada por él mismo sobre qué plan aplicar

A pesar de dos sentencias firmes, tanto del TSJA como de la Audiencia de Málaga, el caso Belmonsa es un ejemplo de las muchas legalizaciones posteriores. De 18.000 viviendas ilegales se han salvado finalmente en torno a 16.500, en base a un complejo sistema de compensaciones para los promotores.

La confusión generada sobre cuál era el PGOU que debía aplicarse en Marbella motivó que en octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), desestimara la primera de las 105 impugnaciones de la Junta contra licencias otorgadas hasta entonces por el Consistorio gilista. Dicha sentencia esgrimía que el PGOU de 1986 no tenía «eficacia» cuando, en abril de 1995, el GIL otorgó una licencia para la construcción de un camping en las dunas de Artola, paraje que era catalogado como sistema general de áreas libres.

El alto tribunal andaluz, sorprendentemente, falló que al no estar publicado el Plan del 86 cuando el GIL otorgó la licencia la norma a seguir era el PGOU de 1968. Bajo tal normativa el camping sí podía construirse, porque sí se contemplaba su construcción en dicho documento.

La llamada «doctrina del PGOU del 68» ha sido también aplicada frecuentemente por la Fiscalía de Málaga. De hecho, a la hora de acusar a ex concejales del GIL por delitos urbanísticos, tanto el ex fiscal jefe, Manuel Villén, como el antiguo fiscal de Medio Ambiente, Juan Carlos López Caballero, se rigieron en sus escritos por dicho Plan, frente al criterio de las acusaciones particulares como PSOE, IU y Los Verdes, quienes mantuvieron como vigente el PGOU del 86 para incriminar a los ex ediles.