JOSÉ A. SAU / AGENCIAS. MÁLAGA El ´boom´ del ladrillo tuvo indudables efectos beneficiosos sobre la economía de la provincia, pero dejó consecuencias perniciosas en lo que a ordenación del territorio se refiere. Para poner coto a esa viña sin amo que ha sido el urbanismo salvaje a lo largo de los últimos años, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un reglamento de disciplina urbanística que compendia toda la normativa al respecto y que será puesto a disposición de los municipios, muchos de ellos sin medios personales y materiales para vigilar su entorno natural, aunque dependerá del uso que se le dé por parte de los regidores.
Como medida más innovadora, destaca el llamado ´derribo exprés´ de obras ilegalizables, una medida que permitirá a los municipios iniciar procedimientos de demolición por vía de urgencia para las viviendas sin encaje en ningún recoveco de la ley. El plazo de ejecución será de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente (once meses menos que con el actual procedimiento). La competencia podrá ser ejercida subsidiariamente por la Junta, aunque en este caso la demolición tardaría hasta dos meses.
Veintiséis regidores y ex alcaldes de la provincia están imputados en procedimientos por delitos urbanísticos y otros cinco han sido condenados ya por estos desmanes a penas de cárcel –generalmente inferiores a los dos años– y de inhabilitación. La ex alcaldesa de Cártama Leonor García Agua y el ex alcalde de Sayalonga José Luis Navas han sido recientemente absueltos también por hechos similares. No en vano, los alcaldes de la Axarquía se han revelado contra el encorsetamiento que, en su opinión, impuso la Ley de Ordenamiento Urbanístico de Andalucía (LOUA) al desarrollo de pequeños municipios.
En total, Málaga acumula más de 27.000 casas ilegales, un problema especialmente sangrante en la Costa del Sol Occidental, en la Axarquía y en el Valle del Guadalhorce.
El reglamento también contempla la legalización de viviendas siempre que con su demolición se cause un daño mayor, como ocurrió en Marbella. Para ello, se elaborará un registro de construcciones ilegales, identificando, "caso a caso", todas estas casas, según explicó el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas. Como contrapartida, el promotor tendrá que compensar a la ciudad con parcelas o dinero.
En el capítulo sancionador, la principal novedad es la eliminación de la posibilidad de beneficio económico del infractor. Para ello, el texto dispone incrementos en la cuantía de la multa si tanto ésta como el coste de la reposición se sitúan por debajo del lucro ilegalmente obtenido.
El reglamento es especialmente duro en el ámbito de las parcelaciones ilegales, para las que se estipulan sanciones en ningún caso inferiores al 150% del beneficio. Las muy graves conllevan multas de entre 6.000 y 12.000 euros, mientras que las más leves oscilan entre los 600 y los 2.999. Si el infractor acata la resolución, podrá reducir en un 50% la cuantía de la multa.
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