El promotor granadino lleva a los tribunales la resolución del Ayuntamiento que le obliga a demoler un apartotel .
LA CIFRA 80 apartamentos integran el complejo hotelero levantado por el constructor Ávila Rojas
El suelo está calificado como parques y jardines, pero alberga un apartotel con 80 inmuebles, una piscina y un aparcamiento. La edificación, ubicada en Nueva Andalucía, no está incluida en el sistema de compensaciones para normalizar construcciones irregulares que contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y el Ayuntamiento acordó en abril de 2009 su demolición. Sin embargo, la empresa que levantó el apartotel de manera ilegal, Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del promotor granadino José Ávila Rojas, ha acudido a los tribunales para intentar evitar el derribo.
La entidad ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consistorio marbellí que ordena la reposición de la realidad física alterada al estado inmediatamente anterior a la realización de los actos. Es decir, la demolición de todo lo construido. El recurso ha sido presentado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga, por lo que tendrá que resolver sobre este asunto el hasta hace unos días instructor del 'caso Malaya', el magistrado Óscar Pérez, que el próximo 5 de abril se incorpora a su nuevo cargo tras dejar la sede judicial de Marbella. El juez y el promotor ya se conocen. Ávila Rojas se encuentra procesado en 'Malaya' por los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario salió el pasado diciembre de prisión, cinco meses y medio después de que ingresara en la cárcel para cumplir una condena de ocho años de cárcel por cuatro delitos de fraude a la Hacienda Pública. Obtuvo el tercer grado penitenciario por buena conducta y ausencia de riesgo de fuga, lo que le permitió abandonar la cárcel granadina de Albolote.
Ávila Rojas está considerado uno de los constructores de cabecera del GIL durante la época en la que la formación independiente comandada por el fallecido Jesús Gil gobernó Marbella. Según desvelan las investigaciones del 'caso Malaya', el empresario es socio en varias promociones inmobiliarias, así como en otros negocios, del supuesto cerebro de la trama de corrupción destapada en el municipio, Juan Antonio Roca. El ex asesor urbanístico obtenía las parcelas del patrimonio municipal y aportaba el suelo, mientras que el constructor se encargaba de levantar los inmuebles, según el auto de procesamiento.
El promotor es el responsable de un importante número de edificaciones cimentadas de manera irregular. Algunas de ellas serán legalizadas por el nuevo PGOU. Otras no, como es el caso del complejo inmobiliario Banana Beach o de una promoción de 34 viviendas construida sin licencia en la zona de Golf Río Real, en Las Chapas, que Ávila Rojas sí aceptó demoler. El derribo, cuyos gastos asumió el empresario, tuvo lugar hace un año y fue el primero de una obra ilegítima de la 'era GIL'. Los inmuebles habían sido levantados sobre zona verde.
Conflicto urbanístico
En esta ocasión, la actitud del constructor tiene poco que ver con la de hace un año. A pocos días de la entrada en vigor del futuro PGOU de Marbella, el recurso de Ávila Rojas contra la resolución municipal para demoler el apartotel de Nueva Andalucía podría entenderse como una declaración de intenciones por parte del empresario ante el nuevo planeamiento.
El promotor mantiene abiertos otros conflictos urbanísticos con el Ayuntamiento, como el referente al antiguo campo de fútbol Francisco Norte, donde Ávila Rojas edificó de manera ilegal un aparcamiento subterráneo de dos plantas. Lo hizo en unos terrenos calificados como equipamiento público deportivo y sin contar con proyecto de ejecución. Recientemente el Consistorio marbellí rebajó de 4,5 a 1,5 millones de euros la sanción económica con la que el constructor debía responder por estos hechos.
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