Sesenta vecinos de San Pedro le acusan de ocultar que los garajes y trasteros que le compraron estaban embargados
04.06.2010 -
El promotor granadino José Ávila Rojas y su hijo (de espaldas), antes de comenzar el juicio. :: EFE
El constructor granadino José Ávila Rojas, que actualmente se encuentra en libertad condicional tras haber sido condenado por fraude a Hacienda, se sentó ayer de nuevo en el banquillo. Casi sesenta vecinos de San Pedro Alcántara le acusan a él y a su hijo de estafarles al ocultar que los garajes y los trasteros que le compraron entre 1997 y 2001 estaban embargados. No obstante, en el juicio celebrado ayer por este caso el fiscal pidió la absolución del constructor por considerar que no se ha podido probar que recibiera la notificación efectiva del embargo.
Entre 1997 y 2001, los denunciantes adquirieron diferentes plazas de garaje y trasteros en dos plantas de sótano del complejo inmobiliario San Marino sin que la promotora y vendedora de los mismos, según aseguran, les informara de que se encontraban confiscados por una deuda de más de 3,1 millones de euros que Ávila Rojas, a través de sus sociedades, mantenía con la Agencia Tributaria. Hacienda intervino distintos inmuebles que en el Registro de la Propiedad aparecían a nombre de tres empresas del promotor granadino, entre ellos los dos sótanos del conjunto residencial San Marino.
La abogada de los afectados, Milagros Lama, trató de demostrar ayer en el juicio que «se les ocultó el embargo» y que una vendedora del conjunto residencial ofreció durante largo tiempo a los compradores «excusas de todo tipo» para no escriturar las plazas de garaje y los trasteros.
«Yo personalmente no me enteré del embargo. Sé que en mi empresa se recibió una comunicación, pero no se qué pasó con ella. El caso es que no llegó adonde tenía que llegar», declaró Ávila Rojas.
Carta de notificación
El promotor explicó que abonó íntegramente la deuda con la Agencia Tributaria y que el embargo se canceló en 2006, por lo que la empresa está dispuesta a escriturar en las mismas condiciones que antes.
En la vista oral declaró también un empleado de la constructora, quien admitió haber recibido la carta de notificación del embargo. «No la abrí, la dejé encima de la mesa de Ávila Rojas o de su secretaria», precisó el testigo, pero la abogada de los vecinos insistió: «Su firma aparece en el contenido de la carta, no en el sobre». El empleado volvió a repetir que no la abrió, aunque luego dijo que no lo recordaba.
La letrada insistió en que hubo ánimo de lucro y dolo por parte de Ávila Rojas, porque el embargo se comunicó el 15 de diciembre de 1998 y se siguieron vendiendo trasteros y aparcamientos hasta 2001.
Los abogados del promotor pidieron la absolución porque «no existe hecho delictivo», ya que «no recibió la notificación». Agregaron que no existió perjuicio, puesto que los compradores disfrutaron de los bienes, y desde 2006 «pueden escriturar».
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