martes, 15 de junio de 2010

El urbanismo abre otro foco de conflicto. Marbella (SUR)

La licencia para construir en el edificio de RNE enfrenta a Junta y AyuntamientoEl Gobierno andaluz pide que se revoque el permiso a Tomás Olivo y el Consistorio se escuda en los informes
15.06.2010 -
CRISTINA GONZÁLEZ
MARBELLA.

El urbanismo abre otro foco de conflicto
Vista del edificio de RNE, en plena avenida Ricardo Soriano, propiedad del empresario Tomás Olivo, procesado en 'Malaya'. :: JOSELE-LANZA
Las aguas del urbanismo vuelven a bajar revueltas. Apenas tres semanas después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entrara en vigor la Junta y el Ayuntamiento vuelven a escenificar sus diferencias en un asunto que podría tratarse de algo puntual pero que llevaba meses en el punto de mira. El Gobierno andaluz ha requerido al equipo de gobierno que justifique la concesión de la licencia de obra a Tomas Olivo, empresario procesado en el 'caso Malaya', para levantar un bloque de seis plantas y locales comerciales en el edificio de RNE y que justifique cuáles fueron los criterios para otorgarla en diciembre del año pasado, cuando el nuevo planeamiento que cambiaba el uso del suelo estaba en su recta final, según publicó ayer el diario 'El País'.
El criterio del Ejecutivo andaluz es claro. SLa Consejería de Obras Públicas y Vivienda entiende que el permiso se otorgó de forma indebida al estar en tramitación el nuevo Plan, que en lugar de permitir el uso residencial en la casona sindical preveía el uso hotelero y terciario y la cesión de 1.200 metros cuadrados para equipamiento público. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que en los casos donde choquen los dos planeamientos deben quedar suspendidas las licencias tras la aprobación inicial, pero el equipo de gobierno del PP aplicó esta norma más tarde, tras el visto bueno provisional. Olivo ya había pedido la licencia para la antigua casona sindical -apenas unos días antes- y el Ayuntamiento optó por seguir adelante con los permisos solicitados con anterioridad.
Con este argumento y escudado en la existencia de cuatro informes técnicos y jurídicos que avalarían el permiso el equipo de gobierno responderá de forma negativa al requerimiento de la Junta, fechado el 12 de mayo. «No se puede revocar porque los informes dicen que se otorgó conforme a derecho», señalaron fuentes municipales. La Junta parece que no se dará por vencida y amenaza con impugnar la licencia en los tribunales. El PSOE también presentó en su día un recurso contencioso y un recurso de reposición, al igual que Izquierda Unida.
«Se impone la cordura»
El concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, Enrique Monterroso, valoró ayer positivamente el requerimiento de la Junta y exigió a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que cumpla con la petición cursada por el gobierno autonómico. «Parece que en esta ocasión la Junta va a imponer la cordura y va a dar la razón a Izquierda Unida, pues a todas luces la licencia concedida por Muñoz en favor del imputado en el 'caso Malaya' contraviene la legalidad urbanística y atenta contra el interés general», añadió.

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