La Fiscalía de Málaga ha acusado al administrador de la constructora Aifos por presuntamente quedarse con el dinero entregado por un hombre para comprar una suite en un complejo que promovía dicha empresa cuya obra, "ocho años después del contrato, sigue sin iniciarse". Solicita cuatro años de prisión.
Según las conclusiones provisionales del fiscal, Aifos suscribió con un particular contratos de reserva y compraventa en junio y septiembre de 2003, respectivamente, referentes a una suite en el complejo denominado 'Guadalpín Village', asimismo, se adquiría una plaza de aparcamiento en el bloque cuya construcción se ideaba.
El comprador estuvo pagando entre julio de 2003 y mayo de 2005, llegando a una cantidad total de 176.820 euros, según el escrito inicial de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se indica que en el contrato no se ponía una fecha concreta para la entrega de llave.
No obstante, apunta el ministerio fiscal, "el hecho de que los efectos mercantiles emitidos terminaran en mayo de 2005 y que se previera una subrogación en un préstamos hipotecario después sugerían la idea de que en torno a dicha fecha o por aproximación se efectuaría la entrega".
La Fiscalía sostiene que en abril de 2008 no estaba "ni iniciada siquiera" la construcción, por lo que el comprador instó a Aifos "a que le facilitara documentación relacionada con la obra proyectada o aval o seguro concertados con los que pudiera afrontar la devolución de las sumas adelantadas".
Como la empresa "no contestó" a lo pedido, el hombre denunció los hechos. Durante la causa, Aifos, dice la acusación pública, "no se ha avenido a la ya única pretensión del denunciante --que falleció durante la tramitación de la causa--, la de devolución del dinero entregado, pues la obra, ocho años después del contrato, sigue sin iniciarse".
Asimismo, el fiscal añade que la mercantil denunciada "no ha justificado la inversión en el proyecto de las cantidades percibidas", por lo que concluye que "las ha desviado del fin concertado entre las partes". "Si la hubiera depositado en entidad bancaria y en cuenta especial todavía la tendría para restituirla, pero no lo hizo", indica la acusación.
Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito de apropiación indebida, por el que solicita para el administrador de Aifos, Jesús Ruiz Casado, una pena de cuatro años de prisión y multa de 9.000 euros. Además, insta a que se indemnice a los perjudicados con la cantidad presuntamente defraudada.
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