Empresas pusieron un depósito a modo de garantía y el concejal de Economía dice que Valadez lo gastó indebidamente
Empresas que firmaron a lo largo de la pasada legislatura convenios urbanísticos que no se han podido ejecutar, reclaman ahora al Consistorio un dinero que depositaron como garantía de cumplimiento de estos acuerdos.
En concreto, a las mercantiles se le deben unos 18 millones de euros: 13,4 millones, más cuatro de intereses, aproximadamente. Según apuntó ayer el concejal de Economía, Manuel Aguilar, el dinero debe ser devuelto a las empresas, pero gran parte de él no está.
El concejal planteó que Valadez habría gastado durante su mandato 22 millones de euros de los 24 que debería haber en ese depósito. «No dejó dinero en las arcas municipales para atender a estas peticiones de devolución de cantidades», expresó Aguilar, quien manifestó su preocupación por la sospecha de que las reclamaciones de las mercantiles se sigan sucediendo.
Además, el Ayuntamiento dice que Valadez presuntamente se gastó el dinero en pagar nóminas a trabajadores municipales y otros gastos corrientes, sin que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) lo permitiese. Concretamente, la norma obliga a que el dinero de estos convenios urbanísticos sea destinado a promover el patrimonio municipal del suelo. Esto puede hacerse mediante la adquisición de suelo municipal o con la construcción de Viviendas de Protección Oficial.
«La presunta irregularidad en el uso de este dinero está siendo investigada por un juzgado de Estepona, que imputó al exalcalde David Valadez, por un presunto delito contra la administración pública», indicó el edil, al tiempo que añadió que fueron los ediles del PP los que interpusieron esta denuncia, precisamente «para que no se siguieran empleando estos fondos».
Vía judicial
Por último, Aguilar manifestó su temor a que las empresas puedan acudir a la vía judicial para reclamar esas cuantías, aunque le parece lógico que pidan ese dinero que pusieron como garantía de algo que no se cumplió.
El concejal aclaró que por la situación económica es complicado devolverlo en un breve periodo de tiempo. «Habrá que sentarse con las empresas y estudiar las responsabilidades de cada uno; a partir del año que viene, con el plan de austeridad, y el plan de saneamiento que estamos redactando, veremos todo lo que se puede llegar a conseguir», expresó Aguilar.
Los convenios que han sido incumplidos son los denominados de planeamiento, es decir, que con ellos se pretende cambiar el uso -o la planificación del suelo- para darle otro que sea más rentable o que simplemente convenga más.
La plusvalía de esos terrenos se comparte con los empresarios y estos últimos depositan unos fondos a la espera de que se asigne ese nuevo uso al terreno, pero si no se hace, ese depósito les ha de ser devuelto. En caso de que sí se cumpla el convenio el Ayuntamiento podría destinar únicamente el dinero a los fines que recoge la LOUA citados anteriormente.
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