Casabermeja proyecta la construcción de 60 VPO bioclimáticas (La Opinión)

La Junta de Andalucía debe aprobar antes el plan parcial de la urbanización, que se levantará en un entorno natural
Un nuevo concepto de vivienda ´sostenible´ con el valor añadido de los inmuebles de protección oficial. Ese es el proyecto que el Ayuntamiento de Casabermeja, amparado en la Empresa Provincial de la Vivienda, dependiente de la Diputación (Emprovima), ha proyectado para una zona del pueblo ubicada en un entorno privilegiado como el camino del Chorro. Una zona natural, rodeada de encinares, que acogerá una promoción de 60 VPO definidas bajo el sello de lo bioclimático."El Ayuntamiento adquirió en su día, bajo un complejo proceso de permuta, una parcela de 72.000 metros cuadrados en la que tendrá cabida una nueva urbanización que se levantará con una baja densidad de edificabilidad. Y no se tratarán de VPO al uso, ya que nuestra idea es que las viviendas se construyan bajo el concepto de lo ambiental, al objeto de poner en valor aquellos elementos que permitan la eficiencia energética en el hogar", detalló el alcalde de Casabermeja, Antonio Domínguez. De esta forma, los futuros inmuebles se construirán con materiales bioclimáticos y estarán predispuestos de tal forma que aprovechen al máximo los recursos naturales como el sol. No obstante, para llevar a cabo la urbanización, la Junta de Andalucía debe aprobar antes el plan parcial al que está sujeto esta zona, calificada inicialmente como suelo rústico.Para llevar a cabo tan ambiciosa actuación, Emprovima ha puesto en marcha un concurso de ideas estatal en el que se premiará aquel proyecto que permita, de una forma más "rentable", poner en marcha un tipo de urbanización que hasta la fecha sólo ha sido ejecutada por promotoras privadas, según detalló el presidente de Emprovima, Miguel Esteban Martín. Precisamente, Martín acudió ayer al municipio de Mollina para hacer entrega de 20 viviendas que han sido ejecutadas por la empresa provincial con un presupuesto de 1,3 millones. En total, Emprovima tiene en ejecución y levantadas más de 200 VPO en la comarca de Antequera.

Las empresas Sacyr y Tecysu construirán el Centro de Tecnificación del Atletismo. Antequera (SUR)

Las obras, que serán financiadas en un 75 % por la Junta y en un 25 % por el Ayuntamiento, se licitaron por 10,3 millones

El Centro de Tecnificación de Atletismo ya tiene empresa constructora. La Junta de Andalucía ha optado entre las 40 ofertas interesadas en su edificación por la de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Sacyr y Tecysu, según confirmaron ayer el concejal de Educación, Antonio García (IU), y fuentes de la empresa pública Deporte Andaluz.Las obras del Centro de Tecnificación de Atletismo, que se espera que esté construido para principios de 2010, salieron a licitación el pasado 7 de marzo por valor de 10.336.911 euros, cifra que aumentará en unos dos millones de euros con los equipamientos.El inmueble se levantará en una pastilla de 9.000 metros cuadrados situada detrás de la ermita de la Verónica y constará de un pabellón con capacidad para 5.000 espectadores. Las obras serán financiadas por la Junta de Andalucía (75%) y el Ayuntamiento de Antequera (25%), quien prevé aportar su inversión en cuatro anualidades: así, en 2008 pagará 300.000 euros; en 2009 y en 2010, un millón respectivamente y, en 2011, los 700.000 euros restantes. Por su parte, la Junta se comprometió a abonar tres millones de euros anualmente durante 2007, 2008 y 2009.El Centro de Tecnificación de Atletismo será reconocido en toda Andalucía por tener la única pista fija y cubierta de la región. Su construcción quedó asegurada el 26 de noviembre de 2007 cuando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Antequera firmaron el convenio de ejecución. No obstante, no fue hasta el pasado 7 de marzo que se licitaron las obras por 10,3 millones de euros.Como se recordará, el inmueble tendrá semisótano y dos alturas. En la planta más baja se situarán la sala de monitores, el gimnasio, los vestuarios, las oficinas, una zona de competición, los servicios médicos y de atención al público, un centro de información técnica, las dependencias para hacer los controles antidopaje, un área de almacenaje y las gradas móviles.

Gradas móviles

En la planta baja se instalarán los accesos, los servicios y las gradas fijas y en la primera planta se ubicarán el control de megafonía, los marcadores y las cabinas para los medios de comunicación. Las gradas fijas darán una capacidad de aforo al palacio de 2.500 espectadores, que se podrán ampliar con otros tantos gracias a las gradas móviles que se utilizarán para grandes eventos.El proyecto, que ronda el plazo de ejecución en torno a los 18 meses, consta así de un pabellón cubierto dedicado a la práctica del atletismo con una pista de 200 metros de cuerda y un espacio interior en el que se podrán practicar deportes de pista como balonmano, baloncesto o fútbol-sala. Para el futuro, el Ayuntamiento prevé construir anexo un campo de fútbol para 2.500 espectadores con otra pista de atletismo al aire libre, que podría ser financiado en un 50 por ciento por la Junta de Andalucía. Ello, junto al Centro de Tecnificación de Atletismo ocupará una pastilla de 40.000 metros cuadrados a los que habrá que sumar otros 50.000 para conformar la Ciudad Deportiva.

La Junta autoriza la construcción de dos parques eólicos en Ardales (SUR)

La Consejería de Medio Ambiente emite informes favorables de los dos proyectos, que prevén treinta aerogeneradores
19.06.2008 -
J. J. BUIZA

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MOLINOS. Los parques serán similares al de sierra de Aguas. / J. J. B.
Luz verde a la construcción de dos parques eólicos en Ardales. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha emitido sendas declaraciones de impacto ambiental en las que considera viable ambos proyectos, que plantean levantar un total de 30 aerogeneradores: 15 en el paraje denominado Alamedilla (al norte de la sierra de Baños) y otros 15 en la zona de Los Romerales (cerca de Cerro Redondo).Se trata de dos de los 15 parques que se podrían instalar en el futuro en la comarca del Guadalteba según el plan que presentó en su día a la Junta la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Andalucía. En estos momentos en la zona únicamente funciona una instalación de estas características en la sierra de Aguas, entre los términos municipales de Álora y Casarabonela.Los nuevos parques de Ardales será de similares características, con una potencia total de 30 megavatios cada uno. De esta forma, los molinos generarán energía suficiente para suministrar electricidad a cerca de 2.000 hogares. Con este trámite, Enerwind S. L. y la Sociedad Gestora de Parques Eólicos de Andalucía S. A., promotores de los proyectos, obtienen la autorización necesaria para poder llevar a cabo las obras, aunque Medio Ambiente condiciona los informes favorables a que se realicen una serie de medidas protectoras. Entre ellas figuran acciones como que se reubiquen varios aerogeneradores para reducir el volumen de desmontes y terraplenes, que la pendiente de los caminos no supere el 14 por ciento, que se instale un sistema automático de vigilancia y detección de incendios, que se riegue el terreno durante las obras para evitar la formación de polvo o que se lleve a cabo una prospección arqueológica en la zona. Por otro lado, en el informe ambiental se especifica que los terrenos afectados (propiedad de la Agencia Andaluza del Agua) son de uso forestal, si bien no están incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Sin peligro para las aves

Además, se considera que en los dos parajes no existe una concentración importante de aves protegidas, una de las principales cuestiones que se revisa a la hora de autorizar un parque eólico. Una vez en funcionamiento, está previsto la energía que salga de los aerogeneradores sea enviada hasta la subestación del Tajo de la Encantada, desde donde se canalizará a la red general.

Emprovima entrega una veintena de viviendas en Mollina (SUR)

La empresa provincial ha invertido más de 1,3 millones en construir las casas en suelo cedido por el Ayuntamiento
Emprovima ha hecho entrega de una nueva promoción de viviendas en el interior de la provincia. El vicepresidente segundo de la Diputación y presidente de la Empresa Provincial de la Vivienda, Miguel Esteban Martín (IU), entregó ayer en Mollina las llaves de una veintena de VPO durante un acto en el que también estuvo presente el alcalde del municipio, Francisco Sánchez (IU); el gerente de Emprovima, Eduardo Zorrilla, y el consejero-delegado, Juan Moreno.La promoción de VPO de Mollina está situada en las calles Los Eucaliptos, Los Castaños y Los Limoneros. Se trata de un conjunto residencial dispuesto en tres manzanas, de siete, siete y seis viviendas cada una, construidas en dos alturas. La superficie total construida es de 2.543,72 metros cuadrados, de los que 2.102,87 se dedican a vivienda, 435,07 a aparcamientos cubiertos y 5,78 metros cuadrados a trasteros. Cada vivienda dispone de una parcela individual de entre 150 y 270 metros cuadrados de superficie.Las viviendas adosadas cuentan con una superficie construida de entre 103,64 y 109,45 metros cuadrados, más un aparcamiento cubierto de entre 18,60 y 27,50 metros cuadrados, y cuentan con porche, recibidor, salón-comedor, cocina y aseo en planta baja y tres dormitorios y baño en la primera planta. El precio por vivienda oscila entre 88.781,85 euros para las viviendas de mayor superficie y 83.115,07 las más pequeñas.El suelo sobre el que se ha construido fue objeto en su día de una cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Mollina a Emprovima, dentro del convenio de colaboración suscrito entre ambos organismos, lo que ha permitido establecer precios de venta inferiores en un 35% a los del mercado. No obstante, la inversión realizada por Emprovima asciende a 1.355.850,97 euros.

Otras promociones

Además, Emprovima construye en Pozo de los Bueyes (Campillos) otra promoción de 24 viviendas protegidas y prevé construir en la zona de El Tejar de la misma localidad otras 43 viviendas. Además se prevé entregar pronto otras promociones en Archidona (24 viviendas), Alameda (15) y Humilladero (19).Además, la empresa de Diputación prevé licitar otra promoción de 22 VPO en Humilladero, al tiempo que negociará la construcción de nueve viviendas en Villanueva de Algaidas y diez en Villanueva de Tapia. Otra promoción que podría salir adelante sería en Alameda, donde Emprovima proyecta hacer 15 casas.

Torrox proyecta construir un parque marino en la desembocadura del río. Torrox (SUR)

La actuación incluirá un museo, zonas de ocio y recintos hosteleros y deportivos

El Ayuntamiento de Torrox se ha propuesto convertir la desembocadura del río en una gran zona de esparcimiento y recreativa, con un aprovechamiento especial de los recursos marinos. El proyecto, denominado 'parque marino', contempla la creación de un entorno ecológico y arbolado, de unos 40.000 metros cuadrados de superficie, en el que se habilitarán espacios museísticos, instalaciones de ocio, de restauración y deportivas.El proyecto será debatido hoy en la comisión informativa de Desarrollo, Turismo y Promoción Económica, y contempla «una actuación global sobre el conjunto de la desembocadura, para integrarla en el municipio y convertirla en un enclave atractivo para el turista», según avanzó ayer el concejal de Turismo, José Pérez (PSA), quien destacó que se trata de «una propuesta base, que se irá modificando conforme vaya desarrollándose el proyecto».De momento, hoy está prevista la contratación de una asesoría y una gestión externa para avanzar en la actuación, que deberá contar con el visto bueno de la Demarcación de Costas y de la Cuenca Mediterránea Andaluza (CMA). A ambos organismos, el concejal de Turismo ya ha remitido un anteproyecto de lo que quieren hacer. De hecho, la actuación se desarrollará de forma paralela a la adecuación hidrológico-ambiental -con la colocación de escolleras- que se está llevando cabo ahora.Para la puesta en marcha de este parque marino, Pérez apuntó que «habrá que dar entrada a la iniciativa privada, así como a la de colectivos y asociaciones vinculados al medio ambiente y marino», como el Aula del Mar, la red de piscifactorias Acemar o el colectivo local de submarinistas Tiempo Sub. «Es una propuesta abierta, que se irá mejorando poco a poco», dijo Pérez, quien estimó que la inversión global necesaria para su desarrollo rondará los cinco millones de euros. El recinto incluirá un museo del mar y una conexión con las ruinas romanas y fenicias situadas en el entorno del faro.

El Consistorio ejecuta un edificio de VPO a sólo un metro de una línea de alta tensión. Vélez-Málaga (SUR)

La empresa municipal Emvipsa tiene paralizadas las obras de construcción de las 21 viviendas desde hace un mes. Los trabajos no se podrán retomar hasta que no se desvíen los cables para separarlos de las casas

Una línea eléctrica de alta tensión que pasa por encima de la parcela municipal sobre la que el Ayuntamiento construye, a través de la empresa municipal Emvipsa, una promoción de 21 viviendas de VPO en la Cuesta del Visillo de Torre del Mar ha obligado al propio Consistorio a paralizar los trabajos. la línea existía antes de que comenzarán los trabajos en diciembre del pasado año.Según la concejal delegada de Emvipsa, Concepción Labao, la construcción permanece paralizada desde hace más de un mes a la espera de que se proceda al desvío de la línea, tarea que corresponde a la empresa municipal como titular del suelo, pero que realizará finalmente la sociedad a la que se le adjudicaron las obras.El problema, según Labao, es que si no se modifica la línea el edificio quedará a unos 30 centímetros del cableado, razón por la que se decidió paralizar las obras cuando se levantó la segunda de las tres plantas del inmueble. La edil popular explicó que la legislación vigente obliga a tener este tipo de líneas a una distancia nunca inferior a cinco metros.

Torreta

«Todo pasa por la modificación de una torreta, aunque la solución se conocerá esta semana», según declaró Labao, que aseguró que lo sucedido no retrasará la entrega de las llaves ni la culminación del edificio.El portavoz de de IU en el Ayuntamiento, Salvador Marín, criticó ayer al equipo de gobierno por considerar que este tipo de situaciones no se pueden producir. Marín dijo que la línea se debió desviar mucho antes de que comenzara la construcción, pero que en todo caso la parcela sobre la que se levanta el edificio disponía de superficie suficiente como para haber retirado el inmueble de los cables. «Lo que no puede ser es que cuando ya se han ejecutado las dos primeras plantas se tenga que paralizar las obras porque a nadie se le ocurrió mirar antes hacia arriba y ver que pasaban unos cables de alta tensión», dijo el portavoz de IU. En este sentido, Marín no descartó la posibilidad de que su grupo pida responsabilidades por lo sucedido.

Edificio

Este edificio es el primero de los dos edificio de VPO que promueve actualmente Emvipsa en Torre del Mar. El segundo se ejecuta en la zona de la Azucarera. Por lo que se refiere a la Cuesta del Visillo la obra fue adjudicada a Construcciones y Reformas Costa Verde, con un presupuesto de 1.420.000 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, por lo que debe estar concluida en abril de 2009. La promoción de viviendas que se ejecuta en la Azucarera consiste en un edificio de 49 viviendas de VPO.

El PP presenta una moción para agilizar las licencias de obra. Mijas (SUR)

Reducir hasta dos meses el plazo de aprobación de licencias urbanísticas es el objetivo principal de una de las tres mociones presentadas por el PP en el último pleno. La moción, según el edil Manuel Navarro persigue la firma de un acuerdo entre el Consistorio con el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga para implantar en la localidad el Visado de Cualificación Urbanística (VICU) de los proyectos de edificación para la obtención de dicha licencia.Esta medida, que será estudiada por el equipo de gobierno para en el próximo pleno, desatascaría el cúmulo de expedientes en las oficinas municipales a la vez que paliarían los efectos de la paralización del sector de la construcción en Mijas.El visado plantea que el Colegio supervise y garantice los proyectos a nivel formal, técnico y legal. Dicho trámite se ejecutaría tras la solicitud voluntaria de promotores y aseguraría la emisión de la licencia en unos 20 días.

Los informes de inspección de edificios tendrán ayudas de hasta 900 euros (SUR)

La realización de los informes para la Inspección Técnica de Edificios (ITE) contarán con unas ayudas de hasta 900 euros, según anunció ayer el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz. El Ayuntamiento aprobará a principios del mes que viene una ordenanza que regulará estas subvenciones, que se destinarán a familias con una renta anual entre una y 3,5 veces el IPREM, que es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, una especie de salario mínimo que sirve de referencia para proyectos sociales y ayudas de todo tipo. La aportación oscilará entre el 25% y el 75% del coste del informe en función de los ingresos.Urbanismo ha previsto una partida de 90.000 euros para estas ayudas, que podrían beneficiar a 200 ó 300 casos. No obstante, la ordenanza no se aplicará hasta septiembre, apenas un mes o mes y medio antes del plazo para la presentación de los informes de los edificios centenarios o protegidos, que expira el 11 de noviembre.

Crítica socialista

Por ello, el concejal del PSOE Sergio Brenes, que presentó una moción sobre este asunto que fue rechazada, criticó que desde que se puso en marcha la ITE, hace dos años, no se haya aprobado la normativa para regular estas subvenciones. El equipo de gobierno estudia que puedan recibirse con efecto retroactivo para evitar que la demora impida acogerse a ellas a los ciudadanos con menos recursos que las necesitan.Hasta ahora se han presentado siete informes de ITE de los 2.671 edificios que deben pasarla en el primer plazo. Por ahora, todos menos uno han sido favorables. La Gerencia de Urbanismo, que la semana próxima iniciará una campaña publicitaria sobre la inspección de edificios, recibe cada día una media de 80 llamadas sobre este procedimiento. MÁS INFORMACIÓN I Gerencia de Urbanismo 952 13 57 80.

Málaga contará con seis nuevas piscinas municipales antes de final de este año (SUR)

Se invertirán 78 millones de euros y el objetivo es que en 2011 haya una veintena

LAS PISCINAS
En funcionamiento: El Torcal, la Trinidad, los Limoneros, Campanillas, el Limonar, Perchel y Churriana.

Apertura en 2008: Centro Acuático de Málaga (con tres piscinas), Cruz del Humilladero, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín.

Próxima construcción: El Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo, Churriana y Bizcochero Capitán (dos).

Convenios con privados para su uso: Club Mediterráneo, Cerrado de Calderón y El Candado y las futuras de Gamarra y La Presentación.

La ciudad contará con seis nuevas piscinas antes de final de año impulsadas por el Ayuntamiento y que se unirán a las siete que actualmente hay en funcionamiento en varios distritos de la capital, según anunciaron ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el concejal de Deportes, Elías Bendodo durante la presentación de la Red de Servicios Acuáticos Municipales.Tres de estas nuevas piscinas se encuentran en el Complejo Acuático de Málaga que se inaugurará el próximo martes día 24 de junio y que del 4 al 13 de julio acogerá el Campeonato de Europa de Waterpolo. A partir de septiembre se abrirá al público, teniendo capacidad para atender a unas 17.000 personas, según señaló De la Torre. El resto de piscinas se abrirán antes de que finalice 2008, contarán cada una con un vaso de chapoteo y estarán ubicadas en Cruz de Humilladero -que acumula un cierto retraso-, Puerto de la Torre y Ciudad Jardín.Asimismo, el Consistorio tiene previsto iniciar próximamente la construcción de las piscinas del Cónsul, Huelin, Segalerva, El Palo-Pedregalejo, Churriana y Hacienda Bizcochero (donde habrá dos), con lo que al final de esta legislatura -año 2011- la ciudad contará con veinte piscinas. En ellas, además de la zona acuática, hay otras para salud, salas polivalentes para actividades, pistas para pádel, entre otros equipamientos.Se invertirán 78 millones de euros y con estos equipamientos, según De la Torre, se atiende la demanda ciudadana (tanto para practicar deporte como por motivos de salud) de piscinas y se cubre «el déficit» histórico de estos equipamientos. Con el total de piscinas, la ratio será de una por cada 28.000 habitantes frente a la media actual que es de una por cada 82.000 ciudadanos y se situará por encima de lo que recomienda la Junta de Andalucía en el Plan Director de Infraestructuras Deportivas.Respecto a la gestión, Elías Bendodo detalló que se hará con gestión externa tal y como recomienda la Junta de Andalucía y con precios públicos «muy populares».

Urbanismo revisará el permiso de una antena de móvil que no pudo retirar por una sentencia (SUR)

El PSOE exige su desmantelamiento, demandado por unos 800 vecinos
El Ayuntamiento va a revisar la licencia de una antena de telefonía móvil situada en El Tarajal para cuyo desmantelamiento los vecinos de esta barriada han recopilado 800 firmas los últimos meses. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, explicó en una comparecencia pedida por el PSOE que el Ayuntamiento denegó el permiso para esta antena en 2002, y que la compañía que la colocó (Iberbanda) recurrió esa decisión en los tribunales. Su recurso obtuvo una sentencia firme en 2004 que desautorizó el rechazo municipal, por lo que la antena ha permanecido en la zona hasta hoy.Díaz señaló que la ordenanza para los equipos de radiocomunicación obliga a revisar sus permisos cada tres años, por lo que la licencia a que obligó el fallo judicial tendrá que ser revisada en breve. «Vamos a exigir a la compañía que traiga toda la documentación necesaria para ver si se renueva o no el permiso», afirmó el concejal de Urbanismo, quien agregó que en 2001 se dictó una orden de desmontaje que anuló la sentencia.

Rechazo

El concejal del PSOE Sergio Brenes expuso en la comisión de Movilidad y Urbanismo de ayer que esta antena ha causado el rechazo de cientos de vecinos, que la ven como una amenaza para su salud. «Hagan lo que sea, pero que desaparezca de allí, porque ya ha estado bastante tiempo», declaró Brenes tras las explicaciones de Manuel Díaz.Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinos 20 de Enero- El Tarajal- Los Chopos, Josefa Moreno, aseguró que la antena lleva unos 12 años en la barriada. «Hemos recogido unas 800 firmas que vamos a llevar al Defensor del Ciudadano para acabar de una vez con este asunto que tanto nos preocupa», comentó la representante vecinal, que reiteró que la antena debería estar quitada desde hace siete años.

El Ayuntamiento construirá un parque de 22.000 metros en El Lagarillo (SUR)

Los grupos municipales aprueban por unanimidad una moción de IU para que el proyecto se redacte y se ponga en marcha en el menor plazo de tiempo posible. Habilitarán caminos, miradores, zonas de estancia y 250 aparcamientos

El Ayuntamiento habilitará como parque la zona de El Lagarillo, en el monte de San Antón, en la que los vecinos del distrito Este celebran anualmente una romería popular. La comisión de Urbanismo aprobó ayer por unanimidad una moción de IU en la que se insta a la realización de este parque. El portavoz de la formación, Pedro Moreno Brenes, resaltó que es una demanda vecinal de varios años atrás.El Consistorio llegó a redactar un anteproyecto para habilitar esta zona de monte como parque periurbano en el año 1995. Sin embargo, la actuación no se retomó hasta diez años después, cuando en 2006 se actualizó el proyecto en consenso con los vecinos, según informó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz.

Viales

Díaz precisó que la actuación planteada inicialmente, y que se plasmará en un proyecto más concreto en los próximos meses, servirá para potenciar y reforestar este espacio para crear una zona de esparcimiento de 22.000 metros cuadrados. El plan contempla el acondicionamiento de un vial principal, la creación de 250 aparcamientos y la dotación de bancos, papeleras y zonas para barbacoas. Además, se crearán senderos, zonas de estancia y deportivas, y miradores desde el monte.La moción, apoyada por PP, PSOE e IU, contempla que se continúen los trabajos para la redacción de este proyecto en la ladera suroeste del monte de San Antón en el menor tiempo posible.La actuación incluye un plan de reforestación para mejorar los atractivos medioambientales del lugar, que abarca en conjunto unas 20 hectáreas, y para evitar la erosión del monte. Asimismo, prevé retirar restos de materiales acumulados en la zona. La última romería de San Antón congregó a cinco mil personas en este lugar.

La trama de Estepona habría usado dos 'oficinas' clandestinas para cobrar supuestas comisiones ilegales (SUR)

La policía atribuye al alcalde presuntos hechos delictivos relacionados con cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, prevaricación, doble contabilidad y nombramiento ilegal. La Fiscalía apunta a que la red operaría desde 2003 y habría copiado sin alteraciones las corruptelas tejidas por el GIL
Dos tramas en una misma investigación. La 'operación Astapa' ha sacado a la luz sendas redes de supuestos cobros de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Estepona. Aunque ambas tendrían puntos de conexión, cada uno de estos grupos dispondría de su propia 'oficina' clandestina para cerrar los acuerdos, según los expertos de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que han llevado las pesquisas del caso. La documentación incautada en los registros del Consistorio -que se prolongó hasta la madrugada de ayer- y las oficinas de Hacienda y Urbanismo parecen confirmar, en un primer análisis, que el grupo presuntamente corrupto llevaría operando desde que en junio de 2003 el PSOE llegó a la alcaldía con el apoyo de concejales del Partido de Estepona (PES, ex 'gilistas'), que habrían reeditado las prácticas de la época del partido fundado por el fallecido Jesús Gil.La red corrupta que anidaría en el Ayuntamiento de Estepona saltó por los aires el martes, cuando la policía desató una redada que permitió detener a 26 sospechosos, con el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a la cabeza. El Juzgado de Instrucción 1 de la localidad malagueña y la Fiscalía Anticorrupción coordinan a su vez una amplia investigación patrimonial que se extiende a Córdoba, Cádiz, Madrid, Bilbao y San Sebastián, entre otras ciudades.Las investigaciones realizadas por la Policía Judicial apuntan a que la primera de las 'oficinas de cobro', la de mayor envergadura, sería la que supuestamente estaba bajo el mando del propio alcalde, Barrientos, y las personas de su círculo cercano, como José Flores, su jefe de gabinete y que gestionaría el día a día de esa 'oficina'; el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el ex coordinador del Área de Urbanismo, Pedro López.La segunda 'sucursal' de cobro sería algo más modesta y se habría creado en fechas posteriores. Estaría dirigida, según la presunción policial, por Arturo Cebrián, uno de los cinco arquitectos municipales de Estepona. Su nombre ya había aparecido en otra investigación sobre corrupción urbanística en la Costa del Sol, la 'operación Hidalgo', relacionado con jugosas recalificaciones de terrenos rústicos.Las dos 'oficinas clandestinas' de cobro tendrían sede abierta en los locales del propio Ayuntamiento de Marbella, aunque los pequeños constructores también habrían podido acceder a ellas a través de un número de teléfono. Al otro lado de la línea, una especie de teleoperador-intermediario que, al parecer, se hacía llamar Raúl indicaba en qué cuentas se podían ingresarse las supuestas comisiones.

Negociación

«Ninguna licencia de obras, ningún convenio urbanístico, ninguna recalificación», explican los especialistas de Anticorrupción, habrían recibido el visto bueno si no pasaban antes por esta suerte de 'administración paralela' en el Ayuntamiento esteponero. Los empresarios podían hacer ofertas a cada una de las tramas por el mismo 'favor'. Tras ello, podrían llegar a un acuerdo económico con ambas o quedarse con el padrinazgo de uno solo de los grupos, el más barato, señalan los responsables de la investigación.Multitud de empresas habrían tributado a estas cajas ilegales, aunque la UDEF centra sus investigaciones en cuatro firmas por el gran volumen de contratos que firmaron con el Consistorio.Los investigadores policiales ya tienen en su poder copias de todos los convenios firmados por el Ayuntamiento de Estepona desde 2000 y apuntes de lo que podrían haber sido las supuestas comisiones por recalificaciones y permisos.

Cifras inferiores a Malaya

Fuentes consultadas explicaron que los investigadores aún están trabajando para averiguar a cuánto asciende la supuesta 'caja B' del Consistorio esteponero, aunque señalaron que, a priori, estaría lejos de las cifras del 'caso Malaya', en la vecina Marbella. Por ejemplo, una de las presuntas comisiones investigada por la policía sería de unos 42.000 euros. «No sería de las más altas, pero tampoco de las más bajas», indicó la misma fuente. Ayer, los agentes seguían expurgando contrarreloj los cientos de documentos incautados en las oficinas municipales para saber qué papel pudieron jugar en la trama el alcalde, los siete concejales y los asesores municipales detenidos.De entrada, la policía imputa a algunos de los arrestados hasta una decena de supuestos hechos delictivos diferentes, aunque todos tienen como denominador común los cargos de cohecho y blanqueo de capitales. Entre ellos, los investigadores atribuyen al regidor Antonio Barrientos -que aún está en los calabozos de la Comisaría Provincial- presuntos delitos relacionados con cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo, doble contabilidad y nombramiento ilegal. No obstante, estas imputaciones son policiales y, por tanto, están aún pendientes de la decisión que adopte la jueza que instruye el caso una vez que tome declaración al detenido.

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

Experto reclama a los promotores que hagan edificios con más eficiencia energética (Málaga Hoy)

Una normativa europea hace que los recintos tengan categoría desde la A a la G, como los frigoríficos
Apagar la luz cuando se sale de una habitación o cerrar el grifo mientras se lava los dientes son medidas que contribuyen al ahorro de energía pero, en la coyuntura mundial actual, ya no es suficiente. Ahora se intenta que todo el edificio en sí esté diseñado, construido y ejecutado con el objetivo de beneficiar lo más posible al medio ambiente y evitar el despilfarro de energía. De hecho, una normativa europea obliga desde hace unos meses a los promotores y constructores a entregar, junto a la memoria de calidades, una clasificación energética del edificio que va a construir a la hora de presentar su proyecto en el Colegio de Arquitectos. Esta categoría oscila entre la A y la G en función de su capacidad energética, haciendo un símil con los electrodomésticos.Servando Álvarez, ingeniero industrial y catedrático de la Universidad de Sevilla, explicó ayer algunos de los avances en materia energética y domótica en la construcción a un nutrido grupo de promotores en un conocido restaurante de Málaga en un acto organizado por el CSIC, Cajasol, la Confederación de Empresarios de Andalucía y Grupo Joly (editor de este diario). Servando reclamó a los empresarios que apuesten por edificios con la mayor categoría energética ya que, en su opinión, "hay subvenciones en residencial en torno a 30 euros por metro cuadrado para edificios de la clase A y en torno a 20 euros para edificios de la clase B, por lo que ese sobrecoste no lo tienen que abonar los promotores y, por eso mismo, tampoco tendría que repercutirse en el cliente final".Las exigencias del nuevo Código Técnico de Edificación (CTE) llevan a que un edificio consuma la mitad de la energía que otro más antiguo. Sin embargo, aplicar estrictamente el CTE daría una categoría D. Para tener la A -que supondría recintos que consumen menos del 25% de la energía de los edificios antiguos- "hay que diseñarlos muy bien aplicando los criterios en función del clima de cada ciudad".

La Costa del Sol se habitúa a las operaciones de Anticorrupción (Málaga Hoy)

Málaga sale a un escándalo por año desde Ballena Blanca

La historia reciente de Málaga no se escribe con páginas similares a las que en la década de los 70 del siglo pasado informaban sobre el glamour que impregnaba la Costa del Sol. Todo lo contrario. La provincia, la más turística y dinámica de Andalucía y repleta de encantos, tiene el sambenito de saltar a los titulares por lo menos una vez al año por escándalos urbanísticos o tramas internacionales de blanqueo que tienen su epicentro en algún punto del litoral malagueño. Un ejemplo de la actividad ilícita que concentra la provincia: Fue una de las primeras de toda España en contar con un fiscal Anticorrupción y actualmente ya hay tres dedicados en exclusiva a hacer frente a las corruptelas.Aunque su situación geográfica y sus características la convirtieron pronto en un imán para dar cobijo a las actividades ilícitas, la mala racha de Málaga comenzó a principios de 2005 con el caso Ballena Blanca, que desarticuló una red internacional de lavado de dinero de origen ilícito presuntamente organizada desde su bufete por el abogado Fernando del Valle. El caso, además, derivó en la primera dimisión de un alcalde por presunta corrupción, la del independiente Pedro Tirado, ex alcalde de Manilva y salpicado de lleno por la recalificación de la finca La Parrada.El último capítulo se firmó ayer con la detención del alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, y una veintena de personas más por presunta financiación irregular del Ayuntamiento. El alcalde del PSOE con más peso de la provincia malagueña ha caído en la operación Astapa, bautizada así por los investigadores en honor al nombre que los fenicios dieron a este asentamiento de la Costa del Sol.Pero en medio de las dos ha habido más. El caso que más ha conmocionado a la opinión pública ha sido Malaya, que el 29 de marzo de 2006 provocó la detención de la ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, su primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y del ex asesor de Urbanismo, el todopoderoso Juan Antonio Roca, que ahora mismo está en prisión preventiva. Este sumario centrado en buena medida en las operaciones de cohecho y el blanqueo de capitales, que de momento va por 86 procesados y acaba de concluir su fase de instrucción, originó la disolución del Ayuntamiento de Marbella y terminó con el régimen creado por el fallecido Jesús Gil cuando accedió a la Alcaldía en 1991.No había pasado ni un año cuando fue detenido el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, en la operación Troya por el presunto cobro de comisiones vinculadas a operaciones urbanísticas. A los pocos meses, el caso Hidalgo desmanteló una red internacional de blanqueo de capitales. La dirigió el juez de Marbella Francisco Javier de Urquía hasta que fue relacionado con el cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

Un urbanismo bajo sospecha fija. Estepona (Málaga Hoy)

Barrientos usó dinero de los convenios para el pago de las nóminas de la plantilla municipal · Trató sin éxito de escaparse de las restricciones de la Junta aprobando trece acuerdos antes de la entrada en vigor de la ley

La actuación de los estamentos judiciales y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el marco de la operación Astapa en el municipio de Estepona ha permitido poner sobre la mesa las numerosas sospechas que desde hace años se ciernen sobre el urbanismo de esta localidad de la Costa del Sol. Un hecho que queda constatado con un simple y somero repaso de las decisiones municipales adoptadas en el Consistorio desde 2003, periodo que puede ampliarse sin género de dudas a la época de gobierno del antiguo GIL. El uso del dinero procedente de la firma de convenios con empresas privadas para el pago de las nóminas municipales, los aumentos de edificabilidad permitidos, los intentos de recalificación de terrenos… son algunas de las señas que identifican la gestión municipal en esta materia. Y no faltan los ejemplos.InfraccionesA fecha de agosto de 2007, pocos meses después de los comicios municipales de mayo, el equipo de gobierno en el municipio admitió la acumulación de casi 1.600 infracciones urbanísticas, con un volumen de expedientes similar al de la vecina y polémica localidad de Marbella. Esta cifra se ve complementada con los datos recopilados por la Consejería de Obras Públicas entre los años 1994 y 2004, según los cuales el Ayuntamiento impulsó más de cien modificaciones de elementos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), siendo el municipio de España que más cambios aplicó a su documento. "El urbanismo de esta ciudad está mal", sentenciaron desde la Administración autonómica, hasta el punto de que existía un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo para no autorizar más cambios.¿Comisiones urbanísticas?El alcalde de Estepona negó la existencia de vínculos entre el Ayuntamiento del municipio y el cobro de comisiones urbanísticas. La reacción se produjo después de que se publicara una parte del sumario del caso Hidalgo en la que un intermediario aseguraba que había pagado "un montón de dinero a gente del Ayuntamiento de Estepona para conseguir una licencia de urbanización". En el informe policial aparecen una serie de negociaciones y presuntos pagos de personas con intereses en suelos de Estepona con funcionarios públicos o relacionados con el Consistorio, al objeto de conseguir edificar en unos terrenos adquiridos por uno de los imputados en la trama de blanqueo de capitales abierta a raíz del caso Hidalgo. En ese momento, Barrientos dijo: "Si hubiera habido algo digno de reseñar, ya lo habrían hecho los jueces".Discrepancias internas de ValadezLas críticas realizadas por el concejal David Valadez en septiembre de 2006 contra la política urbanística del equipo de gobierno pusieron sobre la mesa las dudas que pesaban sobre la tarea de Barrientos y sobre la labor de los entonces socios de gobierno, los ex miembros del GIL. Las palabras del entonces portavoz municipal del PSOE no le sentaron nada bien al regidor, que al día siguiente optó por expulsarlo del grupo municipal. En este contexto, Valadez denunció que se incumplía el decálogo urbanístico aprobado por su partido, a lo que el alcalde respondió: "No estoy dispuesto a recibir lecciones de moralidad, de socialismo ni de lucha contra la corrupción de nadie".Intervención de la FiscalíaEn los últimos años no han sido pocas las veces en las que la política municipal de Estepona ha estado bajo la lupa del ámbito judicial. En marzo del pasado año, la Fiscalía admitió a trámite una denuncia presentada por Estepona 2007 en relación al expediente de Cortijo Casareño, por el que se pretendían vender tres parcelas de suelo a una sociedad mercantil sin sacarlas previamente a subasta, contraviniendo la normativa urbanística. En esta misma línea, pero en enero de 2005, el Ministerio Fiscal inició una investigación por la presunta existencia de cajas de seguridad en bancos relacionadas con asuntos urbanísticos del Ayuntamiento.Dinero para sueldosUno de los principales fines a los que pretendía destinar Barrientos parte del dinero obtenido de convenios urbanísticos era la paga de las nóminas municipales. Este hecho se produjo en marzo de 2006, cuando el regidor trató de aprobar trece acuerdos, decisión que se vio frenada por la Junta de Andalucía. Pero este procedimiento no es aislado. El propio alcalde informó a finales de 2005, a pesar de las advertencias realizadas por el tesorero municipal, de su intención de destinar 5 millones de euros procedentes de dos convenios que no habían sido aprobadas a sufragar los sueldos de los 700 trabajadores del Consistorio. La medida provocó la crítica del tesorero, que advirtió con denunciarla, al estar prohibido emplear este tipo de aportaciones a pagar nóminas. Antes, en noviembre de 2004, acordó destinar parte de otro acuerdo a este mismo cometido. Sin ser una justificación, los gobiernos que sucedieron al GIL al frente de la Alcaldía se vieron obligados a asumir la gestión de una plantilla sobrecargada y muy por encima de las posibilidades económicas del Consistorio.Aportaciones de PrasaA lo largo del pasado mandato, el Ayuntamiento recibió más de 1,1 millón de euros en concepto de aportaciones voluntarias por parte de la empresa Prasa. Así lo admitió el propio alcalde del municipio, quien vinculó esta cuantía con el cobro de las plusvalías de los 2.137 metros cuadrados de incremento edificable que se le permitió a constructora en el barrio de El Pinillo. Parte de este dinero, 30.000 euros, se empleó en 2003 en la financiación de la iniciativa Verano Cultural. Al año siguiente se consignó una nueva aportación de 300.000 euros para el pago de los cargos de confianza y del gasto corriente del Consistorio. Y a estas aportaciones, según denunció el PP, se sumó otra de 830.000 euros a cambio de "favores urbanísticos". En este periplo, el Ayuntamiento de Estepona aprobó compensar a Prasa con un aumento de la edificabilidad que le correspondía en unos terrenos situados en las afueras del municipio en contraprestación por la demolición de la mayor parte del hotel construido por esta firma a pie de playa y declarado ilegal por Costas.Incompatibilidad de Manuel ReinaEn octubre de 2004 se supo que Manuel Reina, uno de los concejales del Partido de Estepona (PES) detenido en el marco de la actual operación Astapa, había compaginado durante casi un año y medio su cargo político como concejal de Hacienda y consejero de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico con la administración de varias empresas cuyo objeto social estaba vinculado al campo urbanístico e inmobiliario. Este hecho hizo que los grupos de la oposición exigieran su dimisión, paso que en ningún caso se dio.Conflicto con la Ley Urbanística Uno de los momentos álgidos de la carrera política de Antonio Barrientos se vivió en diciembre de 2005, en las vísperas de que entrase en vigor una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que impedía a los ayuntamientos recibir dinero procedente de acuerdos urbanísticos hasta que no se iniciase el desarrollo de los suelos. El regidor socialista optó por ir adelante y convocó un Pleno 48 horas antes de que se hiciese efectiva esta limitación para dar luz verde a trece acuerdos, que iban a reportar 24 millones de euros a las arcas municipales. Barrientos, tras numerosas presiones por parte de la dirección regional del PSOE-A, anuló la convocatoria. Recalificación de Selwo A principios de 2006, Barrientos defendió la posibilidad de recalificar para uso residencial parte de los suelos del parque de Selwo, al objeto de que se permitiese la construcción de viviendas de lujo. Según explicó en su día el alcalde, la iniciativa pretendía la división de los 900.000 metros cuadrados de este espacio en tres bolsas que saldrían a concurso. Una de ellas, de 333.000 metros permitiría mantener las instalaciones del zoo; otros 200.000 metros irían destinados a equipamientos deportivos, y los restantes 500.000 metros, a uso residencial. De acuerdo con los datos que se barajaron en su momento, la intervención iba a suponer unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros para el Ayuntamiento. Sin embargo, de nuevo, la aspiración del alcalde socialista se topó con la negativa de la Junta, que rechazó de plano el proyecto de recalificación. Un día después del pronunciamiento de la Administración autonómica, Barrientos dio marcha atrás y descartó el cambio de uso de los suelos.El engaño del H-10El Ayuntamiento concedió la licencia de apertura del hotel H-10 Estepona Palace a pesar de que la edificación sobresalía en 1.500 metros de techo la edificabilidad fijada. Antonio Barrientos justificó la medida en el interés de defender el interés general. La posibilidad de legalizar este sobrante de construcción fue descartada hasta en tres ocasiones por la Junta de Andalucía. De hecho, el entonces delegado provincial de Obras Públicas José María Ruiz Povedano justificó la negativa en que la actuación planteada por el Consistorio buscaba "duplicar la ocupación de la parcela y la elevación en altura del edificio". Sin embargo, pocos meses después de estas declaraciones, la Comisión provincial de Urbanismo acabó por aceptar dicho incremento. La medida, no obstante, fue de nuevo subsanada en julio de 2005, cuando la Junta impugnó el aumento de edificabilidad tras comprobar que el expediente municipal al que dio luz verde no incluía los informes contrarios del asesor jurídico, del secretario municipal y de un arquitecto.La 'garrapata' del PESUno de los elementos que permite visualizar más a las claras la situación política que se ha vivido en Estepona en los últimos años ha sido la tensa y contradictoria relación mantenida por el PSOE y el PES, integrado por los antiguos concejales del GIL, socios de gobierno el pasado mandato. De ser compañeros de fatigas, los ediles de ambas formaciones pasaron en apenas unos meses a convertirse en enemigos irreconciliables. Uno de los episodios de mayor tensión se produjo el 22 de marzo de 2007, cuando en vísperas a las elecciones municipales, el alcalde esteponero, Antonio Barrientos, llamó "garrapatas" y "buenos ladrones" a los que en ese momento seguían siendo sus socios de gobierno. Asimismo, justificó la suscripción del pacto entre 2003 y 2007 para "vigilar de cerca" e incluso aseguró que por todo ello eludió cederles la Concejalía de Urbanismo. Sin embargo, pocos días antes de la celebración de los comicios, el ahora detenido Manuel Reina sostenía que Barrientos firmó un acta notarial en junio de 2003 en el que garantizaba la Delegación de Urbanismo al PES tras las elecciones autonómicas.

Un alcalde imprudente y muy bien relacionado (Málaga Hoy)

Barrientos, alergólogo, se ha destacado por poner en continuos aprietos a la Junta y al PSOE con su polémico urbanismo, que justificaba por la mala situación de las arcas municipales · Llamó a sus socios de gobierno, ex 'gilistas', "garrapatas"

Fue una carambola lo que llevó a la primera línea política a Antonio Barrientos, hasta ahora el alcalde socialista con más peso de la provincia de Málaga y detenido por presunta corrupción urbanística. Médico alergólogo de 47 años, ocupó como independiente el puesto número seis de la lista del PSOE a la Alcaldía de Estepona en las elecciones de 1999, cita a la que los partidos generalistas llegaron a las urnas con un objetivo muy claro: derrocar a Jesús Gil Marín, hijo de Jesús Gil e instalado cómodamente en el sillón municipal desde hacía cuatro años. El milagro fue posible, hubo pacto anti GIL y se inició una convulsa etapa política con Barrientos siempre repartiendo juego. La aventura culminó ayer con la operación Astapa.Su participación en la cruzada antigilista se inició con discreción, como edil de Sanidad y Bienestar Social. Pero la imputación en un caso de blanqueo del alcalde, Antonio Caba [recientemente ha sido absuelto por el Tribunal Supremo], convirtió a Barrientos en regidor en detrimento del que era número dos y ex senador del PSOE, Francisco Zamorano. Era abril de 2001, pero la vara de mando se le cayó pronto de la mano a un político no curtido que luego aprendió a moverse con soltura entre pactos y tránsfugas. En noviembre, el PP encabezó una moción de censura contra él en la que contó con la ayuda de los concejales del GIL, ya ex gilistas desde la renuncia debido a la derrota electoral de Gil Marín. Barrientos es natural de Estepona y su familia, bien situada, es muy conocida en el pueblo. Él tiene plaza en la residencia de ancianos Nuestra Señora del Carmen, aparcada desde que se aventuró a probar suerte en la política.Es un hombre de carácter, con presencia física, pero algo tosco, y lo más parecido a un barón socialista provincial si esta figura aristocrática no sólo se otorgara a los presidentes autonómicos, sino también a los alcaldes con peso en un partido. Fue candidato del PSOE en Estepona en 2003 y en ese momento empezó su reinado. Aprendió pronto y se aferró al sillón municipal tras un pacto con los ex ediles del GIL, los mismos con los que antes se había aliado el PP para echarlo y que se habían rebautizado como Partido Estepona (PES).Con el líder ex gilista, José Ignacio Crespo, ha tenido Barrientos una curiosa relación plagada de frases para la historia. Aliados entonces, enemigos mortales ahora, tras las últimas elecciones, el alcalde llegó a llamar a su socio de gobierno "garrapata" y "ladrón" cuando presentaba su candidatura para revalidar el cargo hace un año.Su incontinencia verbal le ha acarreado más de un quebradero de cabeza con su partido, al que ha sacado los colores en varias ocasiones porque la secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy, no se podía permitir prescindir del alcalde de Estepona. Barrientos también tuvo que dar marcha atrás a la aprobación de 13 convenios urbanísticos con los que pretendía saltarse la nueva Ley del Suelo de Andalucía días antes de entrar en vigor, y también recibió un tirón de orejas interno por pretender recalificar el parque Selwo. Sin embargo, su postura díscola se mostró con el recurso de Estepona al POT de la Costa del Sol de la Junta. Aficionado a los toros y al fútbol, es amigo de José Tomás y del periodista radiofónico José Ramón de la Morena -ambos con casa en el municipio-. El periodismo y los periodistas han sido una de sus principales apuestas, visualizadas en eventos como Estepona. Ciudad del Periodismo. Pero tampoco carece de relaciones políticas. Por ejemplo con los presidentes del Congreso y el Senado, José Bono y Javier Rojo.

Operación a tres bandas en la casa del alcalde, la sede de Urbanismo y el Ayuntamiento. Estepona (Málaga Hoy)

El registro en la urbanización de Barrientos se prolongó más de seis horas · Las intervenciones en la Casa Consistorial y el edificio Puertosol continuaban todavía a medianoche · El trato policial a los trabajadores municipales fue "exquisito"
La publicidad menos deseada en el peor momento posible. Estepona entró ayer en el indeseado club de las ciudades afectadas por las irregularidades urbanísticas y se hermana de esta manera con sus vecinas Marbella y Manilva en una especie de diabólico triángulo de la corrupción.Todo comenzó a primera hora de la mañana y de manera perfectamente coordinada. Dirigida simultáneamente hacia tres puntos fundamentales. La residencia del alcalde, el ayuntamiento y el edificio Puertosol en el Paseo Marítimo, sede las concejalías de Urbanismo, Hacienda e Infraestructuras.A las 9 de la mañana llegaron los agentes a la casa del alcalde. En la exclusiva urbanización Bahía Azul, primerísima línea de playa y que mereció una atención nula por parte de los otros residentes. Durante el registro, que se prolongó por espacio de seis horas, acudieron a la vivienda un hermano de Antonio Barrientos y Antonio Caba, ex alcalde de Estepona, íntimo del actual regidor y que asumirá su defensa. Hubo otro registro en otro de los adosados de la urbanización. De la vivienda habitual de Barrientos salieron los policías con abundante documentación en cajas precintadas. Se dirigieron al Ayuntamiento.Sólo 17 minutos después de comenzar este operativo, dos coches aparcaron frente al edificio Puertosol. Se bajaron diez personas, vestidas de calle y sin rasgos especiales de distinción, que accedieron a las dependencias municipales. Una vez dentro se pusieron los chalecos , se identificaron y comenzaron a trabajar. No impidieron la salida a los que iban a desayunar, pero cerraron las puertas de emergencia y dejaron un sólo acceso transitable. El trato fue exquisito. Francisco Zamorano, concejal de Hacienda sufrió una subida de tensión y se le suministró la medicación adecuada. Dos horas después, salía esposado a la espalda el arquitecto municipal, pero el ambiente entre los trabajadores que estaban dentro no fue de tensión. Todos fueron abandonando las dependencias poco a poco. Los investigadores no. Continuaron un minucioso registro en busca de pruebas que continuaba todavía a medianoche.El tercer punto clave fue el Ayuntamiento. La sede municipal fue clausurada también desde primera hora de la mañana y era difícil acceder para realizar trámites o papeleos. Pasadas las tres de la tarde llegaron los agentes que habían registrado la casa del alcalde con Antonio Barrientos. El detenido cruzaba sus manos en un intento de disimular que iba esposado. Nada más llegar pidieron comida. Carne con tomate, ensaladilla rusa, ensaladilla de bocas, san jacobos, preñaítos, pan, agua y coca cola. Una cuenta de 61 euros al contado. El registro también continuaba al cierre de esta edición. En paralelo a estos tres puntos, se intervino en la Delegación de Playas, situada en la calle Real, y en varias empresas.

Promotores no convertirán pisos de renta libre en VPO pese a la paralización de las ventas (Málaga Hoy)

Los empresarios sólo han pedido el cambio de tipología de 400 viviendas en la provincia pese a que hay 13.500 sin vender·

Nada. Ni aumentando el plazo. A los promotores malagueños no les ha interesado en absoluto la posibilidad dada por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de convertir viviendas de renta libre en inmuebles de protección oficial (VPO) para beneficiarse de las ayudas fiscales dadas por la Administración autonómica a empresas y compradores y para que los primeros pudieran desprenderse del importante número de viviendas que tienen en stock en la provincia. Como ya adelantó este diario el pasado 5 de junio, la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP) -organismo encargado de mediar entre los promotores y la Junta de Andalucía toda la documentación- puso un mes de plazo a los interesados. En ese periodo sólo se presentaron 350 solicitudes, por lo que la ACP decidió alargar una semana más el tiempo para ver si algún otro promotor se sumaba a la idea. Finalizado ya el plazo, los promotores sólo han pedido el cambio de tipología para 400 viviendas de las cuales 125 están en la capital, 85 en Mijas y el resto en Vélez-Málaga, Cártama Estación, Sierra de Yeguas, Colmenar, Coín y Alhaurín de la Torre. Este número, teniendo en cuenta que los propios promotores reconocen que hay 13.500 viviendas sin vender en estos momentos y que este número podría elevarse a 25.000 a finales de año, es casi ridículo. Violeta Aragón, gerente de la ACP, señaló ayer a este periódico que "son muy pocas" y achacó ese desinterés a que "para poder vender una VPO hay que tener unas características muy concretas como, por ejemplo, que la vivienda no tenga más de 90 metros cuadrados o un precio máximo de 174.000 euros". A eso hay que añadirle que "el comprador no puede vender el inmueble en un plazo de 10 años y eso también hace que sea más difícil su comercialización". En este sentido, los promotores que se han acogido a la medida han sido aquellos que vendían pisos con una superficie similar y cuyo precio de venta estaba en torno a los 200.000 euros, por lo que su recorte de ingresos no es tan significativo si con ello consiguen deshacerse del inmueble, un hecho que está castigando tanto a promotores como a particulares por la paralización de las ventas. Ante el fracaso de la medida, Aragón destacó que siguen negociando con la Junta de Andalucía en la búsqueda de nuevas opciones, entre las que señaló la firma ayer por la tarde del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 de Andalucía que contempla el objetivo de que el 40% de las viviendas que se construyan hasta 2012 sean VPO con una inversión total de 12.000 millones de euros, de los cuales 3.000 serán aportados por la Junta de Andalucía.

Yagüe dice que otorgó la licencia de la parcela según el PGOU de 1986. Marbella (La Opinión)

La ex alcaldesa concedió la autorización de segregación de unos terrenos que supuso una venta de 18 millones
La ex alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, aseguró al juez instructor del ´caso Malaya´, Óscar Pérez, que concedió en 2005 una licencia de segregación de la parcela Francisco Norte en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Yagüe compareció como imputada ante el citado juez en relación a una pieza separada del sumario en la que se investigan dos operaciones urbanísticas en las parcelas denominadas Ave María y Francisco Norte. Según informaron fuentes de la defensa de la ex regidora, la comparecencia tuvo una duración de apenas tres minutos, en los que el instructor interpeló a Yagüe sobre la segregación de 10.300 metros cuadrados del subsuelo de la citada parcela para la construcción de un aparcamiento.En relación con estas dos operaciones urbanísticas también comparecieron el ex asesor Juan Antonio Roca, que negó ante el juez Óscar Pérez haber participado en la redacción y aprobación de los dos convenios, y el ex alcalde Julián Muñoz, que no admitió haber negociado los acuerdos peros sí reconoció que los había firmado durante su periodo al frente del Ayuntamiento.Las declaraciones por esta pieza separada se iniciaron el pasado enero con la comparecencia del ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, al que el juez imputa un delito de falsedad de documentos Éste también estuvo detenido durante la primera fase de la operación ´Malaya, al igual que Juan Antonio Roca, al que la instrucción considera el cerebro de la alambicada trama de corrupción que sacudió a la corporación municipal de Marbella durante varios mandatos consecutivos.Sobre la operación Francisco Norte, el magistrado indica que el final de ésta puede situarse en el convenio suscrito en noviembre de 2002 por el Ayuntamiento con Yeregui Desarrollo S.L. por el cual el Consistorio acordaba pagar a la empresa tres millones de euros en concepto de indemnización al no ser posible finalmente edificar en la finca.En 2004 la parcela fue adquirida por Naviro Inmobiliaria S.L., propiedad del empresario José Ávila Rojas, por un millón de euros más el 25 por ciento del beneficio de la venta de las viviendas, y en 2005 se segregan 10.300 metros cuadrados de su subsuelo, licencia autorizada por Marisol Yagüe, que fue traspasadas a la postre a Conservera Celta por 18 millones de euros.El informe policial sobre la operación urbanísitica en la parcela denominada Ave María establece que el Ayuntamiento de Marbella firmó un convenio en 2002 con la empresa CCF 21, por el que cedió un aprovechamiento urbanístico por un valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros, según destaca el texto. Antes de citadol convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en el terreno Ave María, así como casi 900 en la parecela de Los Verdiales, fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones.El informe señala además que la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad también de Roca. Según las investigaciones, teniendo en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella de 1986, la operación supuso un perjuicio a las arcas municipales de más de 1,4 millones de euros. Ambas causas fueron investigadas a raíz de la información colateral de la trama de corrupción en el Consistorio, que se saldó con la detención de un gran número de concejales de las corporaciones gobernadas por el el extinto partido de Jesús Gil y sus coaliciones ulteriores.

El ´caso Astapa´ sitia Estepona (La Opinión)

La sede del Ayuntamiento y las concejalías de Urbanismo y Hacienda son algunas de las dependencias municipales que ayer permanecieron inoperativas por los registros policiales
La operación policial ´Astapa´ despertó temprano. A primera hora de la mañana de ayer, los esteponeros ya habían comprobado que buena parte de las dependencias públicas de su ciudad estaban sitiadas. El propio Ayuntamiento y las delegaciones municipales de Urbanismo, Hacienda, Cultura y Fiestas estaban cerradas a cal y canto y algunos de los trabajadores municipales permanecían en su interior para facilitar la investigación de la trama de corrupción urbanística recién destapada.Desde Marbella, se desplazaron secretarios judiciales para recordar el guión que deben seguir los registros. "Estos especialistas deben concretar qué es lo que se busca en función del mandamiento judicial que se haya efectuado", explicaron a este diario fuentes policiales.En este caso, los agentes de la Policía Nacional encargados de estas inspecciones prestaban especial atención a los documentos relacionados con la gestión urbanística de la ciudad y a aquellos que podían probar su influencia en las arcas municipales o en las personales de cada uno de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales que, inicialmente, se imputan."Se están efectuado registros integrales, con fórmulas parecidas a las empleadas en el transcurso de la operación ´Malaya", indicaron estas mismas fuentes. Esto supone la exploración de convenios urbanísticos, contratos laborales, documentación económica, ordenadores y todo tipo de material informático que pueda inculpar o exculpar a los hasta ahora 25 detenidos en esta trama, entre los que se encuentra el propio alcalde de la localidad, el socialista Antonio Barrientos.La actual vivienda del regidor, ubicada en la urbanización Bahía Azul del municipio, fue otro de los inmuebles que se sumó al total de 38 registros domiciliarios efectuados por los agentes, según informó el propio cuerpo policial en un comunicado.Durante toda la mañana de ayer, la casa donde vivía Barrientos permaneció cortada mientras los investigadores se hacían con numerosa documentación que será analizada.De la misma forma, numerosas cajas de cartón partían repletas de textos procedentes de las delegaciones de Urbanismo y Hacienda, situadas en el edificio Puertosol, y del despacho de alcaldía, en el Ayuntamiento, lugares en los que, al cierre de esta información, seguían los registros.En el caso de las dependencias municipales, los más sorprendidos por la llegada de los agentes judiciales han sido los propios empleados. Entre Ayuntamiento y empresas municipales, Estepona cuenta con alrededor de 1.400, de los que un buen número está adscrito a las concejalías y departamentos acaparados por la operación.Los únicos que podían entrar y salir de las delegaciones precintadas en el día de ayer eran estos empleados, ya que únicamente se veían obligados a permanecer en su interior alrededor de uno o dos encargados por cada departamento para facilitarles a los policías la búsqueda de posibles pruebas.A pesar de estas medidas, los agentes no pudieron evitar que se acercaran curiosos, especialmente a las puertas del Ayuntamiento, donde se vieron obligados a ampliar las áreas restringidas hasta en tres ocasiones para evitar altercados.Hasta el momento, los servicios de información policiales han confirmado la expedición de varias órdenes de prohibición de enajenación de bienes inmuebles, el registro de más de 50 personas físicas y jurídicas y la prohibición de más de 60 bienes muebles de varias decenas de personas; así como varias órdenes de bloqueo de cuentas corrientes.

La policía requisó los convenios urbanísticos firmados desde 2003. Estepona (La Opinión)

Los registros policiales se centraron en los acuerdos y en contratación. Más de 20 cajas se apilaban tras el registro
Casi al mismo tiempo en que 20 agentes de la Udyco entraban en el Ayuntamiento de Estepona y precintaban el edificio, otros 40 agentes realizaban la misma operación pero en las oficinas municipales de Puertosol. Allí se encuentra la mayoría de las delegaciones municipales, incluidas las de Urbanismo y Hacienda.A las 9 de la mañana se interrumpía la actividad rutinaria de estas oficinas con la llegada de los agentes y, ante el estupor y la sorpresa de los propios trabajadores municipales y los ciudadanos de a pie que en esos momentos realizaban distintos trámites burocráticos, se procedió a precintar el edificio. Todos ellos quedaron retenidos en el edificio hasta que la policía los identificó dejando salir a todos aquellos que no eran trabajadores del Ayuntamiento. En unos primeros instantes, según relataron fuentes municipales a este periódico, los empleados se mostraron tranquilos a pesar del enorme despliegue policial que se estaba llevando a cabo. Todo cambió cuando alrededor de las 12 de la mañana salía esposado uno de los primeros detenidos de esta trama, el arquitecto municipal Arturo Cebrián. Fue entonces cuando los nervios y el desconcierto se apoderó aún más de los trabajadores que minutos después vieron salir, también, esposado al concejal de Economía y Hacienda, Francisco Zamorano. Este último a diferencia de Cebrián que salió por la puerta principal del edificio, evitó a los periodistas que estaban en la puerta al salir por el garaje. Los registros se produjeron durante todo el día de ayer y hasta el cierre de este periódico aún continuaban alrededor de 15 personas de los departamentos de contratación y facturación así como de las empresas municipales de Empladus y Emmvíes en las oficinas de puertosol ofreciendo información a los agentes. Los empleados de urbanismo, una de las áreas principales de investigación, pudieron salir del edificio a las 10.45 de la noche de ayer después de haber entregado toda la documentación requerida por los agentes. Durante el registro también fue detenido el ingeniero de obras públicas, Javier Withmeur, que trabaja en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento.Por su parte, el edil de Urbanismo, Rafael Duarte, como la coordinadora de este área, Patricia Rojo, también estuvieron presentes durante el registro en el que se mostraron colaboradores y ofrecieron toda la documentación requerida. Ambos continuaron en el edificio una vez que terminó el registro en el área de urbanismo.Convenios. Según las fuentes consultadas por este periódico los agentes se llevaron todos los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento desde el año 2003 hasta la actualidad. Además requirieron diversos expedientes relacionados casi todos con la constructora local, Codelsa. De hecho en el departamento de Disciplina urbanística sólo solicitaron informes de la citada empresa y de áridos de Guadalmansa. En cuanto al área de contratación, los registros que continuaban al cierre de esta edición se centraron, sobre todo, en cómo y a quién se han adjudicado las obras.

Barrientos: luces y sombras (La Opinión)

Fue destronado por ex miembros del GIL, los mismos con los que posteriormente pactó para formar gobierno. El urbanismo ha sido el punto negro de su gestión, lo que le llevó a enfrentarse al PSOE
Antonio Barrientos, de 47 años, es médico alergólogo. Su trayectoria política, lejos de pasar inadvertida, ha estado marcada por pactos, mociones de censura, polémicas y convulsiones en su gestión. Como miembro del PSOE pactó con otros grupos para echar al GIL y posteriormente se alió con los ex ´gilistas´ para llegar a la alcaldía.Entró en la lista socialista de la mano de Antonio Caba en 1999. En las elecciones de ese año todas las formaciones de la localidad (PSOE, PP, IU y PA) se aliaron para destronar al Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido Jesús Gil. El regidor hasta entonces era precisamente Jesús Gil Marín, el hijo del ex presidente del Atlético de Madrid.Antonio Caba dimitió en 2001 como regidor tras verse implicado en un delito de blanqueo de capitales en relación a un cliente de su bufete de abogados. Barrientos lo sustituyó, aunque años más tarde Caba fue absuelto.Sus aliados de gobierno pronto lo "traicionaron". Duró poco más de seis meses en el sillón de mando tras la moción de censura presentada por el PP y ex integrantes del GIL. Tras las elecciones de 2003 logró de nuevo acceder a la alcaldía tras pactar con ex ´giles´ (integrantes del Partido Estepona) y con IU.Un año y casi un mes después de aquel 13 de junio de 2003 se produjo una vuelta de tuerca con la entrada de tres ediles del Partido Andalucista. El nuevo reparto de áreas provocó la salida de Antonio Murcia, representante de IU. La coalición de izquierdas abandonó el gobierno pese a que su presencia era una condición del PSOE regional para que se firmara el pacto con el PES, que desautorizó en un principio. IU perdía precisamente el área de Vivienda con la entrada de los nuevos socios.Algunos ediles del PES se vieron además salpicados por un informe del Tribunal de Cuentas que desvelaba más de 24 millones de euros sin justificar del periodo de gobierno 1955-1999 que presidía Jesús Gil Marín.El nuevo gobierno. Barrientos logró mantener la alcaldía del municipio tras las elecciones municipales de 2007. Su lista fue la más votada, pero no obtuvo la mayoría necesaria para gobernar, por lo que en este caso solicitó la ayuda del PA e IU. Recientemente se incorporó la edil del grupo Estepona 2007, Rosa Díaz, que fuera alcaldesa bajo las siglas del PP tras la moción que le arrebató el bastón de mando a Barrientos.Los engaños e ´infidelidades´ no son un impedimento en esta localidad para suscribir sucesivos pactos, a cada cual más sorprendente. Unos peculiares gobiernos acompañados de una polémica gestión urbanística y de movimientos del alcalde considerados poco claros por parte del propio PSOE regional.El intento de aprobar una serie de convenios ´in extremis´ en un pleno extraordinario antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo -que limitaba los usos del dinero ingresado por tal concepto- o el intento de recalificar el parque Selwo para edificar viviendas fueron algunos de los casos que causaron una auténtica polvareda política en el municipio. El regidor también votó en contra del POT de la Junta, lo que tampoco fue bien visto.Actualmente Barrientos es además secretario local del PSOE y uno de los delegados elegidos por los socialistas malagueños para el próximo congreso regional, donde ocupa el noveno puesto de la lista oficial que encabeza la actual secretaria general del PSOE en Málaga, Marisa Bustinduy. Este aficionado a los toros y al fútbol de carácter afable ha sido salpicado de lleno por el escándalo al verse implicado en esta nueva operación contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol.

Un espectáculo muy triste (La Opinión)

Los esteponeros se quejaban ayer una y otra vez de que este caso perjudicará gravemente la imagen del municipio. Algunos afirmaron que "era algo que se veía venir desde hace tiempo"
La operación ´Astapa´, nombre fenicio de Estepona, se ha vivido con consternación, sorpresa y vergüenza entre los vecinos de Estepona. Al menos esas eran las palabras más repetidas entre los cientos de curiosos que se acercaron durante todo el día de ayer a las puertas del Ayuntamiento y, cómo no, en las "comidillas" de cada bar o terraza de la localidad. Y es que aunque la operación ´Malaya´ hubiera salpicado la vecina Marbella hace unos años, muchos no esperaban ver en la misma situación a los políticos locales. Unos políticos que son de sobra conocidos en el municipio y con los que, además, han compartido pupitre, han salido de copas o, simplemente han disfrutado de un partido de fútbol. En este sentido se expresaban muchas de las personas que se dieron cita a las puertas del Ayuntamiento y que afirmaban sentirse apenadas de ver al alcalde, Antonio Barrientos, saliendo de un coche policial esposado.No obstante, otros vecinos nos daban la versión opuesta y afirmaron que era "previsible una ´malaya dos´ en Estepona" que luchara contra la corrupción urbanística. En este sentido, algunos de esos vecinos señalaron que "todo el mundo sabía, de alguna forma, qué estaba pasando". No en vano, el portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Vecinos de Estepona, Miguel Quirós, recordó que han pedido en varias ocasiones "una gestora en Urbanismo en el Ayuntamiento para controlar lo que estaba pasando". Además, Quirós dejó claro que "el que la hace, la paga" y manifestó que no era normal que el pueblo de Estepona se hubiera convertido en el jardín de las grandes constructoras.A pesar de estas palabras, el portavoz de la plataforma de vecinos reconoció que esta actuación no ha llegado en el mejor momento para el municipio ya que se está viviendo una crisis muy importante y, a partir de ahora, los constructores de Estepona van a salir corriendo.Por su parte, los empresarios de la localidad lamentaron los perjuicios que esta operación puede general para la imagen de Estepona y de la Costa del Sol Occidental, muy deteriorada ya con el escándalo de la operación ´Malaya´. No obstante, esperan que la temporada estival, que ya es inminente, no se vea afectada por este caso de corrupción urbanística. En este sentido, lamentaron que la Costa del Sol vuelva a estar en el punto de mira por un tema de corrupción urbanística, pero recordaron, que, a pesar de todo, el municipio cuenta con unos servicios de calidad que no deberían verse afectados por estos casos.Si los primeros momentos fueron de sorpresa para los ciudadanos, a medida que pasaban las horas la pregunta más repetida era ¿y ahora qué?, ¿habrá elecciones, una gestora? o ¿quién será ahora nuestro alcalde? Las especulaciones corrían con la misma velocidad que las noticias con los nuevos detenidos entre los ciudadanos de Estepona. Ellos quieren saber quién les va a gobernar y sobre todo si eso repercutirá para bien o para mal en el bienestar de los esteponeros.Muy desconcertados también se encontraban los trabajadores municipales que al conocer la detención del edil de Hacienda, Francisco Zamorano, temen por no poder cobrar sus nóminas. Y es que la actividad del Ayuntamiento está paralizada y "las letras de las hipotecas llegan a primeros de mes y no esperan a que tú cobres", señalaba uno de los jardineros municipales.Pero a parte de las nóminas los 700 trabajadores de las empresas municipales tenían otra preocupación. La tan ansiada subrogación aún no se ha producido y con el concejal del Hacienda detenido, al igual que el alcalde y otros ediles más de la corporación la incertidumbre se ha apoderado de ellos, teniendo en cuenta que la subrogación de estos trabajadores iba a llevarse al pleno del próximo mes de julio. Por este motivo, los líderes sindicales también se dejaron ver por las puertas del Ayuntamiento a la espera de unas noticias que llegaban con cuentagotas.Protagonistas de esta historia, aunque muy a su pesar, también han sido los trabajadores municipales que se han quedado retenidos en las distintas oficinas del Ayuntamiento. Algunos salieron durante el día, otros bien entrada la noche y cada uno con una historia que contar. Estos empleados que van cada día a hacer su trabajo sufrieron nervios, ataques de ansiedad y mucha incertidumbre. Casi a las 12 de la noche dos de esos trabajadores salían del Ayuntamiento. Abrumados por una nube de periodistas y fotógrafos, sus caras lo decían todo. No podían hablar, pero no era necesario. Habían pasado uno de los peores días de su vida y la policía aún seguía registrando en sus puestos de trabajo. No obstante, afirmaron estar tranquilos y su intención de descansar pues no saben cuándo volverán al trabajo.

A la espera de aclarar la gestión de la era GIL.Estepona (La Opinión)

El Tribunal de Cuentas investiga el destino de 24 millones que quedaron sin justificar en el gobierno de Gil Marín
El paso del GIL por el Ayuntamiento de Estepona dejó unas arcas tan dañadas que el Tribunal de Cuentas todavía trata de dilucidad dónde fueron a parar millones de euros que se quedaron sin justificar en su día. La sombra de la gestión del grupo ´gilista´ ha perseguido a todos los equipos de gobierno formados tras la marcha de Gil Marín, sin olvidar que muchos de sus ediles se ´reciclaron´ y terminaron formando parte de la corporación con otras siglas. Y las arcas municipales han notado sobremanera esos problemas económicos, que en muchos momentos se taparon con convenios urbanísticos que no siempre contaron con el visto bueno del resto de administraciones públicas. En total, son alrededor de 24 millones de euros los que están sin justificar de los cuatro años que gobernó el GIL. Ya en 1999 cuando Antonio Caba llegó a la alcaldía con el apoyo de PP, IU y PA, se avisó de la difícil situación en la que estaba el Consistorio. Se dijo que el GIL no había dejado "ni bolígrafos" en el Ayuntamiento y se anunció que se encargarían auditorías e informes al Tribunal de Cuentas. Y en esas sigue el citado organismo, que recientemente condenó a varios ediles del PES a devolver más de 900.000 euros que estaban sin justificar en las cuentas de la era del grupo GIL. A mediados del pasado año 2007, el Tribunal de Cuentas cifró en nueve millones de euros las cantidades pendientes de aclarar por parte del Ayuntamiento de Estepona, correspondientes al periodo comprendido entre los años 1995 y 1999. A esta cifra habría que sumarle otros quince millones de euros correspondientes a las empresas municipales creadas durante el gobierno de Jesús Gil Marín, como reconoció entonces Barrientos. De aquella época se investigan al menos una decena de sociedades municipales. Urbanismo. El Ayuntamiento de Estepona también había solicitado al Tribunal de Cuentas que abriera una investigación para determinar las posibles irregularidades cometidas durante la etapa GIL en el pago de deudas, ya que se podrían haber abonado a través de entrega de inmuebles o aprovechamientos urbanísticos, según denunció el alcalde Barrientos en febrero de este mismo año. El actual equipo de gobierno denunció asimismo a Jesús Gil Marín por las altas cantidades económicas injustificadas.

Los conflictos del ladrillo (La Opinión)

Antonio Barrientos protagonizó sonados enfrentamientos con la Junta de Andalucía. La localidad contabiliza casi 1.600 expedientes abiertos por irregularidades sobre urbanismo
Las polémicas del alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, con el urbanismo como protagonista han sido permanentes y continuas en el tiempo. Ésta ha sido además la causa que ha provocado que el mandatario malagueño haya mantenido una más que tensa relación con la Junta de Andalucía y los líderes regionales del partido socialista.Acuerdos para triplicar la edificabilidad de parcelas o cambios en los usos del suelo han puesto en tela de juicio, en no pocas ocasiones, la transparencia de la gestión del primer edil. El urbanismo ha llegado incluso a colocar en la cuerda floja los pactos de gobierno del municipio.El propio concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, dijo pasadas las últimas elecciones municipales y tras estudiar la situación del municipio que la localidad tiene abiertos 1.578 expedientes por irregularidades en esta materia, de los que 140 se han instruido en el presente mandato. Duarte dijo que el municipio estaba muy cerca de Marbella en lo que a disciplina urbanística se refiere.Los desafíos de Barrientos al Gobierno de Chaves han sido continuos. Destaca especialmente la polémica suscitada a raíz de que el regidor anunciase su intención en la anterior legislatura -concretamente en 2006, cuando gobernó con ex giles y junto al PA-de recalificar la parcela donde se ubica el parque Selwo para construir viviendas y otros equipamientos.El Gobierno andaluz se opuso a esta medida recordando a Barrientos que esos suelos contaban con un sistema de protección. La decisión del alcalde ponía de nuevo en un aprieto a la Junta de Andalucía y a los principios del crecimiento ordenado y sostenible que el Ejecutivo regional promulgaba. Chaves mostró su expreso rechazo a este proyecto y Barrientos dos días después de esta manifestación dio marcha atrás y aseguró que no recalificaría el parque Selwo. Eludir la Ley del Suelo. Pocos meses antes, concretamente en diciembre de 2005, el regidor anunciaba la celebración de un pleno extraordinario compuesto por 13 puntos urbanísticos días antes de la entrada en vigor de la Ley del Suelo. El objetivo, según declaraba abiertamente el propio mandatario, era eludir esta norma que incluía medidas restrictivas para el gasto del dinero procedente de la firma de convenios. Esperaba obtener 24 millones de euros con esta operación. En esta ocasión, Barrientos también dio marcha atrás.Sonada fue su oposición al Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental. El regidor sí mantuvo en esta ocasión el pulso iniciado a la Junta y acordó en un pleno extraordinario impugnar el documento, aunque no apoyó finalmente las movilizaciones convocadas. Barrientos se oponía a la figura de protección que se establecía en el documento y que afectaba a 600 viviendas rurales diseminadas e impedía la legalización de las mismas.

La mayoría de los ayuntamientos de Málaga han sido investigados (La Opinión)

La Fiscalía afirma que "la lista de municipios no denunciados es más breve que la de denunciados". La corrupción ya provoca una caída de los precios
El alto número de presuntas corruptelas afloradas en los últimos años en la provincia afecta tanto a municipios costeros como del interior, según se señala en la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente a 2007, en la que se asegura que "el gran problema en la provincia de Málaga son los delitos contra la ordenación del territorio".El documento incide en la "gran cantidad" de denuncias interpuestas contra alcaldes de diversos municipios de la provincia, tanto del interior como de la Costa, lo que, según la Fiscalía, evidencia que las ilegalidades urbanísticas no son "un problema exclusivo de municipios con determinadas características sino de todos en general", debido a que el "el urbanismo se ha convertido en la mayor parte del aporte financiero a los municipios", señala.La Fiscalía abrió el año pasado 238 diligencias de investigación por delitos contra la ordenación del territorio en la provincia, así como 189 diligencias judiciales por estos mismos delitos, de las que 96 correspondieron a Málaga capital, 38 a municipios de la Costa y 55 a pueblos del interior. Sobre la incidencia de estos delitos, llama la atención sobre las "cada vez más frecuentes" denuncias contra municipios por la concesión de licencias de obras en contra de los informes de los técnicos municipales.El Ministerio Público asegura incluso que "sería mucho más breve la lista con los municipios que no han sido denunciados, que con aquellos contra los cuales se ha iniciado alguna actuación por parte de la Fiscalía", al tiempo que indica que la gran mayoría de los hechos denunciados que han dado lugar a diligencias de investigación se refieren a delitos contra la ordenación del territorio.Caldo de cultivo. Entre los casos más destacados del año 2007 se señala el acuerdo con los ex miembros de la corporación municipal marbellí que permitirá agrupar entre 50 y 60 procedimientos urbanísticos, así como la actuación en el municipio de Tolox, donde la Fiscalía ha presentado cargos de prevaricación contra el alcalde, Juan Vera (PA), el secretario de la corporación, el arquitecto técnico municipal y un asesor jurídico.Los motivos de este alto número de procedimientos por irregularidades urbanísticas son múltiples, según se establece en un reciente estudio elaborado por el director del Instituto de Criminología de la UMA, José Luis Díez Ripollés, y por la criminóloga especializada en delincuencia económica Alejandra Gómez-Céspedes, que asegura que "el rápido crecimiento de la actividad urbanística en la Costa del Sol ha creado un favorable caldo de cultivo para el desarrollo de una notable delincuencia socioeconómica en la zona.Así, se detallan los indicadores socioeconómicos que favorecen la corrupción urbanística en la Costa del Sol, entre los que se citan la rápida evolución del parque inmobiliario, la importante presencia de la delincuencia organizada en la zona y sus inversiones en el mercado inmobiliario, la abundante llegada de capitales de dudosa procedencia, la constitución de numerosas sociedades mercantiles instrumentales para el blanqueo de capitales y el rápido crecimiento de una población multicultural y con escaso arraigo.Golpes policiales. El informe ´Corrupción urbanística: estrategias de análisis´, publicado en la ´Revista Española de Investigación Criminológica´, detalla cómo en Málaga se multiplicó por 14 el número de viviendas iniciadas entre los años 1991 y 2003, cuando se pasó de 5.630 a 83.274 viviendas. Además, entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia en la que más viviendas se iniciaron en todo el territorio español (324.666), por encima de Madrid y Barcelona.También destaca cómo en 2006 la inversión extranjera directa en actividad inmobiliaria supuso un 76% para Andalucía, mientras que para el resto de España fue del 24%. Entre los diez principales países inversores en Andalucía se identifican tres paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (en quinto lugar) y las Antillas Holandesas (el noveno).El estudio reseña las principales operaciones llevadas a cabo en los últimos años contra la corrupción urbanística y el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, entre las que se citan las operaciones ´Delfín´, ´Bóxer´, ´Turrón´, ´Sugar´, el grupo de Mounir Abdelkader Mohamed, ´Ballena Blanca´, ´Malaya´, ´Hidalgo´ y el caso del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.El impacto de las actuaciones judiciales y policiales contra la corrupción urbanística ya se ha dejado notar en el mercado. Según un reciente informe de la consultora Aguirre Newman, entre enero de 2007 y enero de 2008 el precio del metro cuadrado de viviendas plurifamiliares cayó un 2,5%, con descensos mucho más significativos en determinadas áreas, como Mijas-Costa y Fuengirola, donde superaron el 12% y el 15%, respectivamente.

El sector turístico y la construcción, los otros perjudicados por ´Astapa´ (La Opinión)

Los promotores creen que la provincia no necesitaba "otro escándalo" y que la inversión en la Costa se ve perjudicada
La operación ´Astapa´, que golpeó ayer a la localidad de Estepona y que se saldó con más de una veintena de detenidos entre concejales, empresarios y el propio alcalde, Antonio Barrientos, ha vuelto a suponer un duro golpe para el sector turístico y la construcción en la provincia de Málaga. La sombra de la ya conocida operación ´Malaya´ vuelve a situarse sobre dos de los principales sectores de la provincia para crear inseguridad y expectación.Para Juan Moreno, secretario general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), esta noticia ha sido acogida de la peor manera, más aún cuando el verano se encuentra a las puertas. "En la actualidad ya hay menos demanda debido a la crisis económica y lo último que la hacía falta a la provincia era otro escándalo como este", afirmó. Por ello destacó que ahora, si un extranjero se plantea comprar una vivienda en la Costa del Sol, "se lo pensará dos veces".Empezar desde cero. "Tras la operación ´Malaya´ tuvimos que empezar de cero para que la ciudadanía volviera a tener confianza en los empresarios de la construcción y ahora, con Estepona, y tras un duro trabajo vamos a tener que volver a empezar desde el principio. Nuestro trabajo se ha visto tirado por los suelos", se lamentó Moreno, quien afirmó que el principal objetivo para mitigar este tipo de situaciones es crear mayores promociones y dar confianza a los compradores para que no piensen que todos los empresarios del sector son así. "Es necesario que los planes se aprueben con mayor celeridad para volver a dar solidez al sector", concluyó. En cuanto al turismo que la provincia recibe cada año por estas fechas, tanto desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) como desde la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes (Aedav) esperan que esta operación policial no afecta demasiado a la llegada de turistas."El verano es muy necesario para la provincia y aunque existe un exceso de malas noticias entre la crisis económica y ahora con Estepona, entendemos que los principios de justicia son necesarios. Pero es indudable que este tipo de noticias nos afecta", explicó Salvador Vilches, presidente de Aehcos. Sin embargo Vilches recordó que con la conocida operación ´Malaya´ el turismo no se vio afectado en gran medida y deseó que también pase lo mismo este año.Asimismo, Joaquín Fernández, vicepresidente de Aedav, afirmó que este incidente "no nos coge de primeras y los turistas han demostrado que son inteligentes como para evitar que el turismo se resienta". Fernández añadió que aunque son noticias muy desagradables para la provincia y para el sector, durante la operación ´Malaya´ la actuación policial fue muy limpia, lo que permitió que el turismo no se viera demasiado perjudicado.Otro de los grandes interrogantes futuros se sitúa sobre los turistas de la Unión Europea que poseen o tienen intención de una segunda residencia en la Costa del Sol. "Estos ciudadanos extranjeros pueden verse afectados en el mismo grado que cualquiera que invierta en una vivienda en la provincia. Es indudable que en este sentido exista preocupación y alarma entre la población", sentenció. A pesar de todo, las fuentes consultadas de ambos sectores afirman que por el momento lo mejor que se puede hacer es esperar para ver como se encauza la investigación y la repercusión final que puede llegar a tener este nuevo golpe al turismo de la Costa del Sol.

Los andaluces cuadruplican sus opciones de acceder a una VPO (La Opinión)

La Junta y los agentes económicos y sociales se comprometen a desarrollar el nuevo Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que se aprobará durante este mes
La Junta y los agentes económicos y sociales se comprometieron ayer públicamente con el desarrollo del Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que el Gobierno andaluz aprobará a finales de mes y con el que los andaluces verán "multiplicado por cuatro" las opciones de acceder a una vivienda protegida.Así lo destacó el presidente de la Junta, Manuel Chaves, en el acto de presentación del plan, que prevé la construcción de 132.000 viviendas protegidas (92.400 para venta y 39.600 para alquiler) y la rehabilitación de 135.000, con una inversión publica y privada de más de 12.000 millones de euros.Al acto, celebrado en el mismo lugar donde hace seis meses se firmó el Pacto por la Vivienda, asistieron los líderes de UGT y CCOO de Andalucía, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, y los consejeros de Vivienda y Economía, Juan Espadas y José Antonio Griñán, además del presidente de la FAMP, Francisco Toscano, representantes de las entidades financieras y de la patronal de la construcción, así como el delegado del Gobierno en Andalucía. Chaves, que calificó este plan como el más ambicioso de cuantos se han desarrollado en Andalucía y el de mayor calado social de los aprobados en España, aseguró que con él se dará una solución real a colectivos como los ´mileuristas´, gracias a las diversas líneas de ayudas previstas en el mismo.El plan, según dijo, ofrece soluciones razonables y viables al problema del acceso a la vivienda, mediante ayudas y tipologías de vivienda adecuadas para cada uno de los colectivos y situaciones.A través de este plan, la Consejería de Vivienda establecerá nuevas ayudas a promotores y compradores para que en Andalucía sea posible adquirir una vivienda protegida de calidad de 70 metros cuadrados con una hipoteca desde 250 euros al mes.Menos deuda. De esta forma, se garantizará que el endeudamiento de una familia en este capítulo no supere un tercio de sus ingresos en el caso de la compra y una cuarta parte de los ingresos para el alquiler. Todas las familias con ingresos inferiores a unos 38.000 euros brutos anuales podrán satisfacer sus necesidades de vivienda mediante ayudas y, en el caso de los jóvenes, recibirán una ayuda adicional de 1.200 euros para los gastos de adquisición.En las reservas de suelo que deben efectuar los ayuntamientos para vivienda protegida, al menos un 25% de éstas se destinarán a las rentas más bajas en cada promoción, al tiempo que se otorgará un especial tratamiento a las viviendas para personas con riesgo de exclusión social.

¿Peligran las pensiones? (La Opinión)

El Banco de España aboga por "reformar pronto" el sistema de prestaciones porque augura que su sostenibilidad a largo plazo va a ser "costosa y difícil"
El Banco de España apostó ayer por acometer "pronto" reformas adicionales en los sistemas de pensiones, dado que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas será cada vez "más costosa y difícil".En el Informe Anual de 2007, la autoridad monetaria indica que es necesario adoptar medidas para aumentar el "grado de contributividad" del sistema público de pensiones y fomentar el desarrollo de sistemas complementarios, ante unas finanzas públicas que se enfrentarán a "importantes retos" en el medio y largo plazo, como consecuencia de la presión sobre el gasto público que ejercerá el envejecimiento de la población.Junto con la reforma del sistema de pensiones, el organismo gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez insta al Gobierno a adoptar reformas estructurales para fortalecer el tejido productivo, de forma que se sienten las bases para una pronta recuperación de un dinamismo sostenible.Así, se señala en el informe que el clima adecuado en las relaciones industriales entre empresarios y trabajadores puede facilitar la "flexibilidad" necesaria para introducir los cambios organizativos y en la gestión de la actividad productiva imprescindibles para adaptarse a la nueva fase cíclica.De esta forma, la entidad indica que el logro de avances en el seno de las empresas en esta materia puede contribuir a reducir la necesidad de que el ajuste se realice mediante recortes en el empleo, a suavizar el alcance de la desaceleración y a facilitar la recuperación del dinamismo económico.Ajuste de salarios. En la misma línea, el Banco de España recomienda cambios en el mercado de la negociación colectiva y en los sistemas de contratación laboral que permitan un "ajuste" de los salarios de la magnitud necesaria" para impedir que, en un contexto de desaceleración económica, el ajuste recaiga principalmente sobre el empleo temporal, que sigue representando más del 30 por ciento del empleo total.Por eso, añade que es imprescindible seguir avanzando en las reformas del mercado de trabajo con la progresiva eliminación de las rigideces nominales y reales existentes, facilitando una adecuación de los incrementos salariales a los aumentos de la productividad, de forma diferenciada entre sectores y empresas.En materia de vivienda, apuesta por el desarrollo de un mercado de alquiler, para lo cual es necesario, a su juicio, modificar los aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos que pueden limitar la entrada en el mercado de viviendas vacías; o revisar los incentivos fiscales a la compra que favorecen este régimen de tenencia frente al alquiler.Finalmente, aboga por adoptar políticas de liberalización y desregulación en los mercados del gas y de la electricidad, entre otros sectores.

Inauguran en Campillos el primer huerto solar de la provincia (SUR)

La instalación, que ocupa una extensión equivalente a ocho campos de fútbol, generará energía eléctrica para más de tres mil viviendas

Málaga ya produce energía solar. Y lo hace desde Campillos. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, María Gámez; la delegada de Innovación, Pilar Serrano; el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, y el alcalde, Jesús Galeote, inauguraron ayer junto al presidente de Abantia, Francisco Boada, la primera planta fotovoltaica de la provincia.Con una superficie equivalente a ocho campos de fútbol, el huerto solar generará energía para unas 3.000 viviendas al año. La planta fotovoltaica, de 1,8 megavatios de potencia, dispone de 1.224 estructuras móviles de dos posiciones que cuentan con más de 12.150 módulos fotovoltaicos de silicio para captar los rayos del sol y transformarlos en energía.La planta ha sido construida por la empresa Abantia tras una inversión de 14 millones de euros y por ahora es la primera instalación de este tipo operativa en la provincia, aunque en los próximos meses se pondrán en marcha otras de mayores dimensiones tanto en Campillos como en Archidona, donde se ultima un huerto solar con una extensión equivalente a 30 campos de fútbol.El parque fotovoltaico evacuará la energía mediante una línea procedente de la subestación Humilladero. La conexión se realizará a través de un nuevo apoyo donde se realiza la conversión aéreo-subterránea contando con todas las medidas de seguridad establecidas por la legislación. La energía generada, que alcanzará su nivel máximo en las horas centrales del día y coincidiendo con las horas punta de demanda, se volcará finalmente en la red eléctrica, siendo vendida a las compañías distribuidoras.Tanto Gámez como Pendón resaltaron la apuesta por la energía limpia que se está realizando en la provincia de Málaga y recordaron que muy pronto la zona de Guadalteba será un referente también en energía eólica. En este sentido, la delegada del Gobierno vaticinó que los 1,8 megavatios de potencia que actualmente se producen en la provincia de energía solar se convertirán en 26 megavatios, cifra que llegará al medio millar gracias a la energía eólica.