En la última década ha levantado adosadas a su vivienda, también en Pinares de San Antón y junto a los terrenos en que estaba previsto el polémico complejo, una decena de construcciones irregulares sobre 6.500 metros de suelo parcialmente no urbanizable. Todo ello haciendo caso omiso de los distintos requerimientos, órdenes de paralización y de derribo que el Ayuntamiento ha ido emitiendo a lo largo de los años.
La oposición critica la "pasividad" municipal ante este desafío a la legalidad, mientras la Gerencia de Urbanismo acaba de lanzar un ultimátum esta semana al promotor ruso: o derriba todos los edificios sin permiso o el propio Consistorio lo hará subsidiariamente en el plazo de un mes. No es la primera vez que se lanza en balde esta amenaza, aunque según fuentes municipales, algunas "tretas" han imposibilitado hacer cumplir la legalidad hasta ahora. "Cada dos o tres meses se cambiaba el domicilio de la sociedad que promovía las obras, por lo que resultaba casi imposible notificarle los expedientes y sanciones en el tiempo que marca la legislación". Además, la Policía Local no ha tenido acceso a los terrenos. No fue hasta 2004 cuando la Gerencia de Urbanismo se hizo con una idea general de la envergadura de lo se construía: el entonces edil Juan Ramón Casero logró que la Policía Nacional le cediera su helicóptero para fotografiar las instalaciones. Casero y un técnico iban en ese vuelo espía. "Hasta entonces no sabíamos a ciencia cierta lo que allí estaba ocurriendo", recuerda.
Las obras continúan todavía, y aunque se supone que las construcciones son para su uso privado, cada vez se parecen más al centro hispano ruso que en su día se planteó, al contar con una piscina de casi mil metros cuadrados, decenas de apartamentos, pista de padel, sala de 526 metros cuadrados, cafetería-bar, varias saunas y hasta un nuevo vial de acceso. De momento lo ejecutado ha costado unos 865.000 euros, según los cálculos municipales.
Todo muy similar, aunque en modesto, al polémico proyecto de 30 millones de euros que la Junta suspendió el 18 de octubre de 2002, tras haber sido aprobado por el PP su plan por la vía de utilidad pública e interés social en el pleno del 27 de septiembre. Tres días antes, una publicación especial de cuatro páginas titulada Un gran proyecto para Málaga, glosaba en otro periódico local las virtudes del Centro Hispano-Ruso de Pinares de San Antón:
"La ciudad de Málaga acoge en estos días la propuesta de creación de lo que será el Centro Hispano-Ruso de Cultura y Deporte, un ambicioso complejo que acercará las culturas de España y Rusia bajo la tutela del Ayuntamiento de Málaga y con el beneplácito de las autoridades rusas. Diez pistas de tenis, seis de pádel, una piscina olímpica, complementada con varias infantiles, o un polideportivo que albergará a más de mil personas, son algunos de los elementos de los que constará este complejo, complementado con un teatro, un centro de arte, alojamientos y hasta una iglesia ortodoxa. La zona destinada para este singular centro es el enclave, aún por edificar, de los Pinares de San Antón, sobre una parcela de 125.000 metros cuadrados, de los que se construirán 14.395, pocos metros a edificar pueden parecer a más de uno en comparación con el total de la parcela, indicativo de un máximo respeto por el entorno natural característico de la zona...".
En el especial monográfico, aparecía una foto de Beniachvili, "uno de los principales impulsores del centro", con planos, se destacaba que el complejo sería gestionado por una fundación de la que el 50% correspondería al Ayuntamiento, y se aportaban otras cifras, como que habría 425 habitaciones para acoger deportistas de elite artistas, diplomáticos y estudiantes rusos, lo que generaría 150 puestos de trabajo fijos. La idea era que el centro, promovido por la Asociación de Amigos de España y financiado por la petrolera tártara Tatnieft, facilitaría "el acercamiento y hermanamiento entre ambas culturas, mostrando a los malagueños la imagen de una nueva Rusia, lejos ya del difamante tópico de mafia o crisis que años atrás castigó a esta nación". Cerraba el publirreportaje una entrevista con el entonces embajador ruso en España, Mikhail Kamynin, que mostraba su apoyo al proyecto, que a su juicio jugaría un papel parecido al del Instituto Cervantes en Rusia.
Tras este despliegue editorial, el PP aprobó en el pleno, con el rechazo de la oposición, el carácter de utilidad pública e interés social del proyecto, que tenía una superficie vinculada de 133.596 metros cuadrados, de los que se ocupaba el 29%, con 9.300 metros de techo para alojamientos y 7.330 para usos deportivo, religioso y educativo. Había hasta escuela de ballet ruso. Si el plan se hubiera atenido a los requisitos fijados por el PGOU y la Ley del Suelo, las cifras habían sido radicalmente diferentes, según un informe elaborado por la propia Gerencia de Urbanismo en el año 2000, que hablaba de un tope de 6 viviendas y una ocupación máxima de 3.338 metros cuadrados.
En julio de 2002, la Comisión provincial de Urbanismo, que controla la Junta, había rechazado el expediente del plan especial, al considerar que la tramitación que pretendía darle el Ayuntamiento no era la correcta, que el volumen urbanístico planteado no estaba permitido por la legislación vigente y que había dudas sobre la presencia de una especie vegetal incluida en el catálogo de flora silvestre amenazada. Se trataba de la Consentinia vellea bivalens. Un pequeño helecho. Casualmente o no, el delegado de Obras Públicas del momento, que firmaba la negativa oficial, era Enrique Salvo Tierra, catedrático de Biología Vegetal de la UMA y experto... en helechos.
Pese a este rechazo, el PP persistió en llevar adelante el plan y, tras un verano cargado de acusaciones de "boicoteo" e "invasión de competencias" por parte de la Junta, el Ayuntamiento lo aprobó el 27 de septiembre. Dos semanas después, atendiendo el recurso de la oposición, la consejera de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, firmaba su suspensión, ya que la declaración de utilidad pública es un instrumento que compete al gobierno autonómico. En mayo de 2009 el TJSA le daba la razón.
Pero obras en suelo no urbanizable en Pinares se hicieron. No fue hasta enero de 2006, tras sucesivas denuncias de la oposición y el anuncio de la medida por la Junta, cuando el Ayuntamiento llevó el asunto a la Fiscalía. Como si se tratara de un juego de muñecas Matrioska, el juzgado que lleva el caso no ha parado de encontrar nuevas incertidumbres a cada paso. Lo último que ha hecho es pedir al Consistorio un informe que aclare qué construcciones del complejo son legales y cuáles no. Porque algunas han conseguido licencia en este periodo.
