El TSJA desbloquea el proyecto para la ampliación del puerto de La Bajadilla. Marbella (SUR)

El alto tribunal andaluz descarta tomar medidas cautelares y permite seguir adelante pese al recurso presentado contra la licitación

13.11.2011 - 

HÉCTOR BARBOTTA

 

MARBELLA.

Presentación del proyecto de ampliación del puerto en mayo de este año. :: JOSELE-LANZA

El proceso para iniciar la construcción del nuevo puerto de La Bajadilla seguirá adelante. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desbloqueado el procedimiento al desestimar la adopción de medidas cautelares tras el recurso presentado por el grupo de empresarios que perdió la licitación frente a la Unión Temporal de Empresas formada por el jeque catarí Abdullah Ben Nasser Al-Thani y la sociedad municipal del Puerto Deportivo de Marbella.

La Sala de la Contencioso Administrativo del TSJA en Málaga tomó el pasado miércoles esta decisión, que no se comunicará a las partes hasta el próximo martes, según ha podido saber este periódico. En el auto judicial se considera que no está acreditado que seguir adelante con el proceso produzca daños irreparables a la sociedad que ha presentado el recurso -el consorcio Unión Temporal de Empresarios Marina Internacional de Marbella- aun en el hipotético caso de que los tribunales le acaben dando la razón. Los empresarios que perdieron el concurso sostenían en su recurso que en la adjudicación al jeque y su socio municipal no se respetaron las bases que fijaba el pliego de condiciones.

La decisión adoptada por el tribunal permitirá que en las próximas semanas se lleve a cabo la firma del contrato entre la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (dependiente de la Junta) y la UTE formada por la sociedad de Al-Thani y el Ayuntamiento, que en principio había sido prevista para mediados de octubre pero que tuvo que ser aplazada como consecuencia de la presentación del recurso.

Fuentes jurídicas han explicado a este periódico que el proceso contencioso administrativo podría prolongarse hasta una década, ya que los sucesivos recursos y apelaciones podrán llegar hasta el Tribunal Supremo. Para la ciudad hubiese supuesto un grave contratiempo que la principal obra de infraestructura prevista para su desarrollo económico, con una inversión estimada en 400 millones de euros, quedara empantanada en un contencioso judicial de esa envergadura.

Precisamente en este argumento, y en el hecho de que se trata de una obra de interés general que afecta al conjunto de los vecinos y al modelo de ciudad, se basó el escrito presentado por el Ayuntamiento contra el recurso de los empresarios que solicitaban medidas cautelares. El TSJA le ha acabado dando la razón.

Los deberes del nuevo Gobierno para Málaga (SUR)

La mejora de los Baños del Carmen y el parque en el Benítez, entre los asuntos pendientes

13.11.2011 - 

JESÚS HINOJOSA jhinojosa@diariosur.es

C on independecia del resultado que deparen las urnas dentro de una semana, el nuevo ejecutivo que llegue a la Moncloa tendrá ante sí una serie de cuestiones pendientes para Málaga y su provincia que, lejos de ser nuevas, llevan años a la espera de recibir el impulso decisivo para que puedan hacerse realidad. Aunque la actual crisis no es precisamente el mejor caldo de cultivo para que ahora se materialicen, el equipo que llegue al Gobierno central tendrá el reto de impulsarlas, máxime cuando se trata de actuaciones que en muchos casos le atañen directamente y que exigen su compromiso junto con el de otras administraciones públicas como los ayuntamientos o la Junta de Andalucía.

La conversión del campamento Benítez en un parque, la remodelación de los Baños del Carmen, la adaptación del antiguo colegio de San Agustín como biblioteca, la construcción del Auditorio, el acceso norte al aeropuerto, el tren litoral, el anillo ferroviario y el saneamiento integral son algunas de las principales asignaturas por resolver.

Los Baños del Carmen podría ser un buen ejemplo de 'eterno proyecto pendiente' para Málaga. Más de una década de retraso acumula ya la puesta en valor de este privilegiado enclave del litoral de la capital tras sucesivos anuncios de proyectos y trámites que no han llevado aún a nada en concreto. Y es que no fue hasta el año pasado cuando el Ministerio de Medio Ambiente aprobó definitivamente el proyecto, valorado en unos 13 millones de euros, y lo declaró como de utilidad pública. De hecho, llegó a incluir una partida de 400.000 euros en los presupuestos de este año para sacar a concurso las obras. Sin embargo, Costas aún no ha logrado resolver, después de todo este tiempo, el principal escollo: recuperar de las concesiones que existen en el lugar, un restaurante y unos astilleros, a los que todavía quedan nueve años de explotación.

En una situación parecida está el proyecto para hacer del antiguo colegio de San Agustín, en pleno Centro, la nueva Biblioteca Pública del Estado, que lleva más de 15 años en una sede provisional en la avenida de Europa. Después de seis años esperando su recuperación, el inmueble ya es uno de los edificios fantasma del casco antiguo, en el que habitan la suciedad, los gatos y las palomas. Tuvieron que clausurar una de sus entradas para evitar la presencia de 'okupas'. Mientras tanto, el Ministerio de Cultura y la Junta, que tiene transferida la gestión de la biblioteca, aún no han hecho los deberes para poner en marcha la obras. Tras cuatro años de trifulca burocrática, el tema sigue en punto muerto.

Museo de Bellas Artes

Cerca del antiguo colegio agustino se encuentra el Palacio de la Aduana, cuya reforma para Museo de Bellas Artes y Arqueológico se encuentra en pleno proceso de realización. El nuevo Ejecutivo central tendrá que gestionar la puesta en funcionamiento de este notable equipamiento.

Sin salir del ámbito urbano, todavía no está resuelta la cesión de la antigua cárcel de la Cruz del Humilladero al Ayuntamiento para convertirla en un nuevo centro ciudadano de tipo social o cultural, ni el traslado de las instalaciones del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) que se encuentran en un antiguo cuartel de la plaza de Capuchinos, que también podría pasar a manos municipales. De igual modo, está pendiente la tramitación del deslinde marítimo-terrestre que permitirá dar seguridad legal a las casas situadas en primera línea de playa en el litoral oriental de la capital.

En el terreno portuario, el Gobierno tendrá que decidir qué va a pasar con el proyecto para soterrar el ferrocarril que une los muelles de mercancías con la estación de trenes. Si bien es cierto que esta línea es poco usada desde hace un año y medio, debido a la caída de los derivados del cemento y de la exportación de cereales, está previsto volver a utilizarla para conectar el puerto con un nudo logístico planteado en Antequera por la Junta de Andalucía. Según el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, la obra está pendiente de que el Ayuntamiento expropie unas viviendas.

Igualmente, tras las elecciones, la Administración central, junto con la autonómica y la local, deberá retomar el proyecto para levantar el Auditorio de la Música en la plataforma de San Andrés. Numerosos interrogantes se ciernen aún sobre este importante equipamiento, pendiente de unos últimos trámites para sacar a concurso la obra. El principal de todos ellos cómo asumir su coste, que está cuantificado en 81 millones de euros, una cantidad desorbitada para la carestía de las instituciones. De ahí que incluso se baraje la participación de capital privado para poder sacar adelante el proyecto.

A nivel ferroviario, queda pendiente el asunto del corredor ferroviario mediterráneo, aprobado inicialmente por la Comisión Europea en su trazado por el interior de Andalucía, es decir, uniendo Almería con Algeciras a través de Granada y Antequera. El trazado por el litoral malagueño no se contempla por ahora, lo que ha generado una gran controversia en las últimas semanas.

El anillo ferroviario

Igualmente, deberán darse los pasos necesarios para empezar a construir el anillo ferroviario de ensayo y experimentación que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha previsto en la Vega de Antequera. Con una longitud de 57,9 kilómetros, que requieren una inversión de más de 400 millones, se podrán alcanzar velocidades de hasta 450 kilómetros por hora.

El nuevo Gobierno también tendrá que intervenir, junto con los otros estamentos públicos, en otras dos destacadas actuaciones: la adecuación del cauce del Guadalmedina y la creación del tren litoral entre Málaga y Estepona. Esta semana se ha firmado el protocolo entre el Ministerio de Fomento y la Junta para esta última infraestructura que uniría con alta velocidad la capital y Estepona, pero su coste, nada menos que 5.000 millones de euros, hacen muy difícil su inicio en el momento actual. Posiblemente, en los próximos cuatro años tampoco se verán obras en el Guadalmedina, pero al menos se aclarará la solución para el río, inmersa en un concurso de ideas.

Mucho más factible, a priori, parece la conversión de los terrenos del antiguo campamento Benítez en un parque periurbano, proyecto que fue lanzado hace ya más de un año y que no ha pasado de las buenas intenciones por parte del Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Junta. Todavía no se ha firmado el convenio a tres bandas para fijar las condiciones de esta actuación, muy demandada por los principales colectivos malagueños. Se dijo en marzo que había cinco millones de euros para el parque del Benítez a los que podrían sumarse otros tres de los planes de reforestación regionales. Nada de esto se ha fijado aún y el espacio, dotado ya con varios ejemplares de árboles de gran porte, permanece en desuso.

Acceso al Arroyo de la Miel

Lejos de los grandes presupuestos de infraestructuras de transporte de largo recorrido se encuentran una serie de actuaciones que, de ponerse en marcha, supondrían una notable mejora para el día a día de los malagueños. En ese sentido, cabe destacar la necesaria remodelación del acceso al Arroyo de la Miel desde la A-7, donde a diario se producen numerosos atascos, la culminación del soterramiento de esta autovía a su paso por San Pedro Alcántara tras más de cuatro años de obras, la realización del acceso norte al aeropuerto desde la nueva segunda ronda -con el proyecto redactado hace unos cuatro años- y la solución a la movilidad de los 14.000 trabajadores del Parque Tecnológico de Andalucía con la prolongación de la línea de Cercanías interior hacia la tecnópolis. Según informes técnicos de la Junta está opción es más rentable que la del metro porque permitiría transportar tres veces más pasajeros en hora punta hacia el Centro y hacerlo en la mitad de tiempo que con el suburbano. Además, llevaría el Cercanías a Campanillas, zona marcada para la expansión residencial de Málaga en los próximos años.

Las medidas pendientes para depuración y abastecimiento de agua también requieren atención del nuevo Gobierno si es que quiere alcanzarse el 'vertido cero' para el año 2015, como obliga la Unión Europea, con lo que ello supone de mejora para la calidad de las playas y el turismo. Están por hacer una depuradora en Nerja, que fue declarada de interés general estatal en 1995 para el único gran municipio del litoral malagueño que aún no la posee, culminar la ampliación de la de Estepona y construir la desaladora de Mijas, proyecto con las obras ya licitadas por 61,7 millones de euros, y que está pendiente de la cesión del suelo por parte del ayuntamiento.

Los ayuntamientos deben 157 millones a la construcción en Málaga (La Opinión)

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ Las empresas del sector de la construcción en Málaga asisten impotentes al incremento mes a mes de la deuda que las administraciones públicas mantienen con ellas, algo que les está complicando extraordinariamente la existencia en estos momentos en el que el parón inmobiliario y la bajada de la licitación de la obra pública mantienen la actividad bajo mínimos. 

La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) cifra ya en unos 327 millones de euros la deuda que los distintos ayuntamientos de la provincia y la Junta de Andalucía tienen contraídas con empresas del sector por obras y servicios realizados y no satisfechos aún.

El montante del débito se reparte entre los 170 millones de euros que debe la Junta de Andalucía y los 157 que adeudan los municipios. Pero es que además ambas deudas crecen a un ritmo de un millón de euros al mes en concepto de intereses, según las estipulaciones de la Ley de Morosidad.

En lo referente a los ayuntamientos, las elecciones municipales del pasado 22 de mayo no han mejorado una situación de morosidad que se viene soportando desde hace más de dos años. Por el contrario, la llegada a los consistorios de los nuevos equipos de gobierno ha propiciado aún más retrasos en el pago, bien porque nada más llegar se solicitaron auditorías para comprobar el estado real de las cuentas, o bien porque se comprobó que, efectivamente, no había ni un euro en las arcas.

Un «top 5» de morosos

El ranking de ayuntamientos morosos sigue dominado, como ya se comentó hace unos meses, por cinco consistorios que reúnen entre todos ellos una deuda global de más de 50 millones de euros, lo que equivaldría a un tercio del total de lo que adeudan las administraciones locales malagueñas. Esos cinco ayuntamientos son, en orden de mayor a menor cuantía de la deuda, los de Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria. Todos ellos deben por encima de los 10 millones.

Fuentes del sector recuerdan que actualmente se ha habilitado una línea de créditos a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) destinada a que los ayuntamientos salden sus deudas con los proveedores y apuntaron que «sería muy interesante comprobar cuántos municipios se han adherido a la misma» porque eso demostraría su predisposición a solucionar el problema. De momento, sólo se han conocido casos esporádicos de localidades que han solicitado estos créditos o han mostrado su intención de hacerlo para atender al pago a proveedores –y no sólo a constructores– como Vélez-Málaga, Torremolinos o Manilva. 

Los datos oficiales apuntan que la citada línea de crédito «ICO entidades Locales», puesta en marcha el pasado mes de julio y que expira el 30 de noviembre, ha aprobado en toda España 459 millones de euros en préstamos para 164 entidades locales, pero no hay desglose de datos provinciales ni municipales. 


Registro municipal de facturas y vía judicial


El sector constructor malagueños damnificado por las deudas también reclama a los ayuntamientos en general que cumplan con su obligación de crear los Registros Municipales de Facturas, que son obligatorios según la Ley 15/2010 de modificación de la Ley de Morosidad desde el mes de julio del año 2010. En caso de fallar todos estas instancias, los empresarios ya han afirmado en alguna ocasión que la única salida que ven al problema de las deudas de los ayuntamientos es que la Justicia imponga responsabilidades penales a los responsables municipales como continuación a algunas sentencias dictadas en los últimos años.

Pero tampoco en esa vía hay demasiadas esperanzas. Los empresarios recuerdan que la falta de un procedimiento judicial agilizado hace que cuando llegan las sentencias haya pasado tanto tiempo que la pequeña o mediana empresa afectada por la morosidad, con toda probabilidad, ha desaparecido por «asfixia financiera».

Esta situación, por otro lado, no es exclusiva del sector de la construcción, aunque sí es verdad que es uno de los más afectados. La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirmó hace unas semanas que la deuda global de las administraciones con sus empresas proveedoras asciende a 500 millones de euros.

Avalancha de ofertas para construir 84 VPO en Málaga (La Opinión)

Más de 500 firmas han presentado sus ofertas para redactar los proyectos básicos, de ejecución, de infraestructuras de telecomunicaciones y la dirección de obras de diez actuaciones que suponen la construcción de 511 viviendas en las provincias de Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla.

Según indica la Junta, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha sacado a licitación estos proyectos con un presupuesto de 1,61 millones de euros y la previsión es que se puedan adjudicar en el primer trimestre de 2012. De ese futuro parque residencial, 211 viviendas se construirán en el marco de los planes de rehabilitación integral que ejecuta la Junta de Andalucía en los cascos históricos de Almería y Málaga; mientras que el resto corresponde a desarrollos urbanísticos en terrenos propiedad de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Estas diez actuaciones, en las que las empresas adjudicatarias destinarán aproximadamente un periodo de 8 meses para la redacción de los proyectos, tienen una inversión asociada a la ejecución de las obras de 21,6 millones de euros en concepto de edificación y urbanización.

En el ámbito de la rehabilitación, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha recibido 281 ofertas procedentes de empresas interesadas en asumir la redacción de seis proyectos de Almería y Málaga.

En Málaga, un total de 170 empresas optan a adjudicarse con un presupuesto de casi 365.000 euros la primera fase de cuatro proyectos incluidos en el área de rehabilitación del centro histórico de la capital, que prevén la construcción de 84 VPO en las calles Chinchilla, Dos Aceras, Alta, Biedmas, Viento, Rosal Blanco y Parras.

Esas promociones se desarrollan en el marco del convenio existente entra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para destinar suelo a la edificación de vivienda protegida. Las viviendas se construirán en régimen general en venta, salvo los 14 alojamientos protegidos previstos en la calle Parras, que se destinarán al alquiler.

En la provincia de Almería las dos actuaciones que se están licitando, con un presupuesto de 309.519 euros, han recibido 111 ofertas y hacen referencia a la redacción de los proyectos para la demolición y construcción en El Puche Centro de 116 VPO, destinadas a sustituir a las actuales edificaciones existentes en esa zona del barrio de El Puche.

Esta iniciativa está vinculada al proceso de renovación urbana que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda desarrolla en esta barriada, con el fin de «mejorar la calidad de vida y lograr una normalización de su población residente». El proceso de realojo definitivo en nuevas viviendas y demolición de las existentes se ha iniciado ya, con la construcción de 142 viviendas protegidas que fueron entregadas a las primeras familias en el presente año. Los futuros pisos, que contarán con tres dormitorios y 70 metros cuadrados de superficie, se adjudicarán en régimen de alquiler a 25 años.

Urbanismo vetará el uso de pavimento resbaladizo (La Opinión)

Las reformas de calles que se realicen a partir de ahora no podrán utilizar materiales que resbalen o acumulen suciedad, según explicó ayer el delegado municipal de Urbanismo y Vivienda, Diego Maldonado, quien apuntó que se ha dado la orden de vetar esos pavimentos para seguir las indicaciones de la Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos, elaborada por el Ayuntamiento de Málaga en colaboración con expertos en este tema.

Maldonado señaló que los próximos proyectos de reurbanización que está realizando la Gerencia Municipal de Urbanismo ya incorporan las recomendaciones de la guía, que fue presentada ayer junto al concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López. Así, para la próxima reforma de calles vinculada al Soho o la remodelación del entorno sur de la Catedral «no autorizaremos ningún pavimento que no ofrezca seguridad contra los deslizamientos y facilidad de limpieza», apuntó Diego Maldonado.

No obstante, el delegado de Urbanismo subrayó que las indicaciones que se recogen en la guía no se aplicarán a las calles ya remodeladas: «Es un planteamiento de futuro, pero no podemos levantar todo el pavimento de Málaga, sino que actuaremos en los nuevos proyectos». De esta forma, Maldonado descartó actuar en calles como la plaza del Siglo o del Carbón, que recibió muchas críticas por el acabado del acerado. Eso no quita para que Diego Maldonado afirme: «Si hay cualquier cuestión que necesite mejorar en seguridad y accesibilidad, lo haremos».

Respecto a las últimas remodelaciones del Centro, el delegado de Urbanismo subrayó que la plaza de la Merced se ha ejecutado siguiendo estos criterios, mientras que en el caso de las calles Cister, Alcazabilla y Molina Lario «se ha buscado un material que está por encima de lo que exige la normativa». Maldonado subrayó que la guía va mucho más allá de la exigencia legal «y nos servirá para ajustar más las mejoras y ofrecer más calidad de vida».

Muelle 1 y 2

El concejal de Accesibilidad y Movilidad, Raúl López, destacó la reforma de los muelles 1 y 2 del puerto como ejemplos en la elección de pavimentos que no son deslizantes y no acumulan suciedad «que además de afectar la imagen, también resbala». En este sentido, señaló que el material elegido en las actuaciones «hemos trabajado para que no resbale y dificulte el desplazamiento».

Además, Raúl López adelantó que también se ha buscado una solución para el adoquinado tradicional de esta zona portuaria y que se mantiene en algunos tramos del muelle 1. «Se instalarán caminos que irán de forma longitudinal al muelle y perpendicular a los comercios para facilitar el acceso», agregó el concejal, quien reiteró que esta actuación es muy importante para facilitar el tránsito de personas con alguna discapacidad motora.

El concejal de Accesibilidad y Movilidad destacó también que se está actuando en la calle Madre de Dios para corregir los problemas ocasionados por su diseño y elección de materiales en el tramo del carril bici y que había provocado muchas quejas por ser resbaladizos.
La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos ha sido elaborada a partir de las I Jornadas de Diseño de Pavimentos Accesibles, en las que diversos expertos plantearon sus recomendaciones para la elección de un material que facilite el tránsito peatonal. 

Además, este libro cuenta con el apoyo del Grupo TAU, que plantea la existencia de productos que no son deslizantes y son fáciles de limpiar.
El director de la empresa Todo Construcción, distribuidora en Málaga de TAU, José Modesto, destacó que Málaga se sitúa como una referencia europea con esta guía, que es pionera en el sector.

Propuestas de actuación en zonas señaladas (La Opinión)

MIGUEL FERRARY La Guía para la utilización de pavimentos en espacios públicos incluye el análisis de varias zonas de la ciudad, sobre las que analiza sus problemas y aporta algunas soluciones, a cargo de distintos expertos. Es el caso del paseo marítimo de Pedregalejo, donde señala la posibilidad de eliminar la diferencia de altura que hay en el paseo, dejando todo al mismo nivel.

Así, propone que la actual zona de paseo, la más cercana a la playa, se diferencia de las terrazas por el tipo de material. Mientras la primera sería con madera tratada, la parte de las terrazas se pavimentaría a base de hormigón con áridos o granito. También plantea peatonalizar los acceso peatonales desde la calle Bolivia, eliminar jardineras y mejorar los vados.

La guía también plantea una reforma de la calle San Agustín, donde el pavimento del tramo entre la iglesia y el Museo Picasso dificulta la accesibilidad. La propuesta es mantenerlo en los laterales y abrir un camino central con un material más adecuado. 

Sobre el Paseo Marítimo de Poniente, advierte de la existencia de diferentes niveles de paseo que no siempre están bien conectados, así como una mezcla de pavimentos que no continúan un criterio claro. Propone diferenciar mejor el carril bici, así como hacer que el tránsito entre el paseo y la playa sea suave y con una rampa mínima. En esta línea, insiste en la necesidad de continuar el paseo marítimo de Poniente hacia la desembocadura del Guadalhorce, con un diseño propio de un paseo fluvial y recuperando el espigón de la Térmica.

La venta de viviendas en la provincia cae un 39% en septiembre (SUR)

El desplome del sector inmobiliario sigue lejos de encontrar freno. La compraventa de viviendas descendió en septiembre en la provincia de Málaga un 39% respecto al mismo mes de 2010, según los datos de la estadística de transmisiones de derechos de la propiedad del Instituto Nacional de Estadística, difundidos ayer. Se trata de una caída superior a la registrada en el ámbito (que fue del 32,6%) y nacional (del 28%).

En el noveno mes de este año se registraron 1.196 operaciones de compraventa de viviendas en la provincia, frente a las 1.960 de septiembre de 2010. La bajada fue mayor en los inmuebles nuevos que en los usados, de forma que ambos tipos casi igualaron sus ventas: se comercializaron 662 nuevos y 534 de segunda mano. Por otra parte, solo el 10% de las casas vendidas fueron de protección oficial.

La segunda cifra más baja

En el ámbito, la compraventa de viviendas cayó un 28,2% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta un total de 25.881 operaciones, siendo esta la segunda cifra más baja de la serie histórica, que arranca en 2007. Andalucía fue la región que encabezó la comercialización de viviendas en septiembre de 2011.

Por provincias, de las 4.778 viviendas sometidas a operaciones de compraventa, 1.196 se hallaron en Málaga, 834 en Sevilla, 714 en Almería, 617 en Cádiz, 420 en Granada, 360 en Jaén, 342 en Córdoba y 295 en Huelva.

Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en septiembre de 2011 en Andalucía fue de 18.472, lo que supone un descenso del 18,7% en relación con septiembre de 2010, de las que la mayor parte de las transacciones correspondieron a fincas urbanas, con 15.061, y el resto, 3.411, a rústicas.

La deuda pública con las constructoras alcanza la cifra récord de 327 millones (SUR)

La asfixia provocada por los impagos de la Junta y los ayuntamientos pone en peligro la viabilidad de medio millar de pymes

11.11.2011 -

FRANCISCO JIMÉNEZ pjimenez@diariosur.es

MÁLAGA.

Las obras en los accesos a la circunvalación de Ronda llevan paralizadas desde comienzos de año por impago a la empresa constructora. :: V. M. / PLT

La crisis del ladrillo y la falta de liquidez de las administraciones públicas han dado pie a un binomio fatal para las pequeñas y medianas constructoras de la provincia. Ante el parón del sector inmobiliario, la única vía de subsistencia estaba en la obra pública, pero este clavo ardiendo al que se agarraron para mantenerse a flote también puede ser el que les acabe condenando a la extinción. El desplome generalizado de las inversiones en infraestructuras es algo que veían venir, pero lo que realmente está conduciendo a medio millar de empresas malagueñas al borde de la quiebra son los impagos por los trabajos realizados a cuenta de los organismos públicos.

El grifo empezó a cerrarse en 2008. Desde entonces, la deuda de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos con las constructoras no ha parado de crecer hasta alcanzar en la actualidad la cifra récord de 327 millones de euros. Según los datos que maneja la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), la morosidad del Ejecutivo autonómico está ya en 170 millones, el grueso acaparado por las consejerías de Obras Públicas y Medio Ambiente para la mejora de carreteras y actuaciones hídricas como la puesta en marcha de depuradoras, aunque también hay colegios que ya están operativos sin que aun se haya abonado su edificación. En el caso de las actuaciones municipales pendientes de pago, que van desde la creación de parques públicos hasta la remodelación de calles, suponen un montante de 157 millones. En cuanto al Gobierno central, afirman que la incidencia en este sentido es mínima ya que al tratarse de pymes no tienen capacidad para aspirar a los grandes contratos del Ministerio de Fomento.

Desde la patronal apuntan que directamente afectadas hay unas 70 empresas, aunque a partir de ahí se forma una cadena de subcontrataciones e impagos que acaba arrastrando a unos 500 negocios, algunos de los cuales ya se han acogido a la Ley Concursal. Precisamente por este bola de nieve, resulta complicado poner número a los trabajadores que podrían verse abocados al paro si los entes públicos no saldan sus deudas con los contratistas, aunque según el presidente de los constructores, José Prado, podrían ser unos 4.500. «Si por cada millón de euros que se invierten en infraestructuras se crean 14 empleos de media, la ecuación es sencilla», afirma Prado, quien advierte de que las arcas públicas también tendrán que hacer frente a los cuantiosos intereses de demora. De hecho, con base a lo estipulado en la Ley de Morosidad, la deuda se incrementa mensualmente por encima del millón de euros tanto para la Junta como para el conjunto de los consistorios.

Además de esta losa de 327 millones, otra carga cada vez más insoportable la aporta la obligación de pagar el IVA de las facturas que no han cobrado. «El problema es que cuando se extiende un certificado de obra, aunque no se cobre, hay que abonar el 18% del IVA, así que encima que las arcas están vacías, tienen que endeudarse para pagar los impuestos. Esto es lo que verdaderamente está destrozando a las empresas», se lamenta el responsable de la ACP.

Calendario de pagos

En su defensa, el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez, argumenta que si se está acumulando la deuda es porque también se está invirtiendo. «Hay que ser conscientes de que Andalucía ha sido la comunidad autónoma más inversora en los últimos cinco años, permitiendo acometer obras muy necesarias para la región», advierte. Además, recalca que la política que está aplicando el Gobierno autonómico cuando no puede hacer frente a los plazos es la negociación de un calendario de pagos que, a su juicio, «se está cumpliendo, aunque lo ideal es que se hiciera con una mayor agilidad». En cualquier caso, insiste en la intención de la Junta de mantener ese espíritu inversor en el próximo ejercicio, poniendo como ejemplo «los 110 millones de euros en los presupuestos de 2012 que garantizarán la continuidad de las obras del metro de Málaga». «Si hay tanta deuda es porque también se está invirtiendo mucho», incide.

En cuanto a los ayuntamientos, desde la patronal aseguran que la morosidad está prácticamente generalizada, aunque con la positiva excepción del de la capital, «el único que paga en tiempo y forma». En el lado negativo, destacan Estepona, Fuengirola, Benalmádena, Mijas y Rincón de la Victoria, todos con deudas acumuladas por encima de los diez millones de euros. Este periódico se puso en contacto ayer con los distintos gobiernos municipales, aunque ninguno hizo valoraciones al respecto.

Quien sí que tiene palabras para los alcaldes de la provincia es Violeta Aragón. La secretaria general de la ACP les insta a que «no se escuden en que las deudas son de la anterior legislatura para no pagar». En este sentido, se muestra comprensiva con los ciertos retrasos que se puedan producir en aquellos ayuntamientos que han cambiado de manos tras las elecciones del 22 de mayo debido a las auditorías internas que están acometiendo para ponerse al día de las facturas pendientes. Aun así, subraya: «El único problema es que no hay dinero, y eso lo utilizan como excusa para ir dilatando los pagos». Igualmente, los constructores también exigen el cumplimiento de la Ley de Morosidad, que en su modificación de julio de 2010 incorpora la obligación de las administraciones de crear registros municipales de facturas que permitan a los empresarios una mayor planificación de sus cuentas al conocer el orden que ocupan sus certificados de obras.

De la Torre quiere cerrar la compra de Arraijanal (La Opinión)

El alcalde cree que el proyecto de la ciudad deportiva del Málaga C.F. encaja en el PGOU

Vista de los terrenos que el Ayuntamiento está obteniendo a cambio de ceder parcelas.  G. Torres

El Consistorio compra el 60% a Vallehermoso

M. FERRARY / EUROPA PRESS La obtención del 40% de los terrenos de Arraijanal que todavía están en manos privadas será cuestión de «muy pocas semanas», como aseguró ayer el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien se mostró seguro de que el Ayuntamiento llegará a acuerdos con los nueve propietarios del resto de la parcela de Arraijanal, tras formalizar el martes la adquisición del 60% perteneciente a Vallehermoso.

De la Torre recordó que la Junta de Andalucía echó al Ayuntamiento la «responsabilidad» de conseguir ese suelo, «haciendo el milagro con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», ironizó. Sin embargo, «eso no es tan factible», resaltó.

Pese a esas dificultades, el primer edil malagueño manifestó que «lo estamos haciendo», siempre en el marco de una negociación caracterizada por «la defensa de los intereses de la ciudad».

Sobre la academia del Málaga C.F. y la posterior ciudad deportiva en la zona de Arraijanal, donde la Junta de Andalucía prevé también un gran parque metropolitano, De la Torre comentó que, aunque conoce el proyecto del jeque Abdullah Al-Thani, debe haber una presentación oficial ante el Ayuntamiento y la Junta, de modo que «todos estemos seguros de que lo que se presenta es viable desde el punto de vista legal».

«Es necesario ver su compatibilidad con el Plan y, aunque, inicialmente, por los contactos que hemos tenido, es que sí, hay que verlo oficialmente», afirmó, siendo necesario, con posterioridad, llevar a cabo su tramitación para que «en pocos días» pueda tener el permiso correspondiente.

El regidor del PP volvió a defender que el trazado del Corredor Mediterráneo incluya los municipios de la Costa del Sol e incidió en que «de entrada no hay que hacer actos de fe ciega», sobre todo después de «la falta de educación institucional que ha tenido la Junta en tantos temas de ordenación del territorio».

Corredor Mediterráneo

De la Torre se pronunciaba así después de que la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, abogara el lunes por no incorporar el Corredor Mediterráneo, de mercancías, por la costa ante la vocación turística de la zona.

Aunque especificó que la ordenación del territorio «ha de hacerse de consenso con los ayuntamientos», dejó claro que «nunca hemos tenido información ni sobre el Corredor Mediterráneo ni sobre el tren litoral de la Costa».

Por ello, comentó que si el Corredor Mediterráneo «se ha estudiado entre el Ministerio la Junta, no hay ni un resultado conocido». Sin embargo, la asociación empresarial Ferrmed «sí ha hecho propuestas» que contemplan el litoral malagueño, sobre las que se pregunta «por qué no se han tenido en cuenta».

«Hay un oscurantismo total y en estos temas tiene que haber transparencia», afirmó De la Torre, agregando que su «obligación» como alcalde es demandar esta infraestructura.


Critica electoralismo en el tren litoral

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, calificó de «oportunista» el anuncio de la firma, entre el Ministerio de Fomento y la Junta, del protocolo para constituir la sociedad mixta encargada de impulsar la financiación y ejecución del tren litoral de la Costa del Sol. De la Torre recordó que la Junta Electoral «dio un poco en la clave de ese oportunismo», no permitiendo un acto público. Por su parte, el secretario provincial del PP, Francisco Salado, exigió ayer una copia del citado protocolo y añadió que todos los malagueños «quieren y deben conocerlo».

Modifican el PGOU para facilitar nuevos usos (SUR)

El Ayuntamiento de Torrox ha aprobado una modificación de elementos del PGOU para regular los usos de interés público y social en el suelo no urbanizable común. El cambio aprobado provisionalmente permitirá facilitar el desarrollo de proyectos de interés público como los tanatorios, la instalación de gasolineras y áreas de servicio, la creación de proyectos recreativos y de ocio o la apertura de pequeños hoteles.

Medgroup recurre la sentencia que libró a Nerja de devolverle 15 millones del campo de golf (SUR)

La firma quiere recuperar el dinero después de que el POTAX invalidara el proyecto y el alcalde confía en el cambio político en la Junta

10.11.2011 - 

EUGENIO CABEZAS

 

NERJA.

En el Barranco de La Coladilla se proyectó un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de lujo y mil casas. :: E. C.

La multinacional Medgroup no tira la toalla en su pretensión de recuperar por la vía judicial lo que consideran que es suyo, esto es, los 15 millones de euros que desde 2004 han pagado al Ayuntamiento de Nerja por los terrenos donde el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000 contemplaba la construcción de un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de lujo y unas mil viviendas, un proyecto que el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Oriental-Axarquía (POTAX) invalidó por completo en 2006, al cambiar la calificación de este millón de metros cuadrados, pasándola de suelo urbanizable a terrenos de especial protección medioambiental.

Así, la firma interpuso un recurso de apelación, con fecha 31 de agosto de 2011, contra la sentencia dictada el 5 de julio pasado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la capital, en la cual se desestimaba la petición principal de Medgroup de que el Consistorio nerjeño le devolviera los 15.105.900 euros, más los intereses generados hasta la fecha, dejando así sin efecto el contrato de compraventa suscrito el 22 de octubre de 2004, y devolviéndole la compañía al Ayuntamiento de Nerja los terrenos.

En el recurso al que ha tenido acceso este periódico, el abogado de Medgroup, representado por el procurador de los tribunales José Domingo Corpas, rebate los dos principales argumentos en base a los cuales quedó desestimado el recurso interpuesto en octubre de 2007 por la compañía multinacional, que es propiedad del magnate de los negocios norteamericano George Soros.

Por una parte, Medgroup considera que lo que la sentencia llama «renuncia a efectuar reclamación por asumir el riesgo de que las actuaciones urbanísticas en el sector fuesen inviables no tiene el alcance obstativo a la reclamación que se le da en la sentencia; no existe, por tanto, actuación contraria a los propios actos por parte de mi representada», recoge el escrito del recurso.

Megroup dice que «no es aceptable mutar una renuncia a reclamar por unas circunstancias determinadas -en el contrato de compraventa firmado el 22 de octubre de 2004 hay una cláusula en este sentido, que la multinacional entiende que se refiere solo a los límites del parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama-, convirtiéndola en una renuncia general a reclamar».

Seguir con las negociaciones

Por otro lado, la firma entiende que no se ha valorado la prueba aportada sobre la posibilidad o no de situar en los terrenos de La Coladilla los usos urbanísticos contemplados en el PGOU de 2000, cuando es el Ayuntamiento el que en contra de lo que marca el POTAX -una norma andaluza de rango superior-, mantiene en la revisión del planeamiento aprobada inicialmente en febrero de 2011, los mismos usos urbanísticos.

Por su parte, el alcalde, José Alberto Armijo (PP), dijo a SUR que no le ha sorprendido este recurso. No obstante, abogó por mantener las vías de diálogo abiertas con Medgroup y confió en que un próximo cambio de gobierno en la Junta de Andalucía en 2012, con Javier Arenas al frente, permita desbloquear este asunto, con la modificación del POTAX.

OSP denuncia que la mitad de los adjudicatarios de viviendas públicas han renunciado. San Pedro de Alcántara (SUR)

Las dificultades económicas por las que atraviesan muchas familias está provocando que, cuando se les adjudica una Vivienda de Promoción Pública, tengan que renunciar a ella porque no pueden asumir los costes económicos. Según el grupo municipal de Opción Sampedreña, el 50 por ciento de los adjudicatarios de las viviendas construidas en Nueva Andalucía y San Pedro lo han hecho debido, según el portavoz Rafael Piña, a que no pueden pagar la entrada de hasta 40.000 euros que requiere la adquisición del inmueble.

Piña denunció que no se están cumpliendo las condiciones de venta pactadas en un principio y calificó de «inadmisible» que las 107 viviendas que se han puesto en sorteo en la localidad en los últimos veinte años «tengan esa cantidad de renuncias». Por ello, cree necesario comprobar cómo se están realizando las adjudicaciones, «si se adjudicaron viviendas al mismo demandante en las dos promociones, si se les está adjudicando viviendas a los ciudadanos con un nivel adquisitivo más bajo o debido al elevado coste se está adjudicando a personas con un nivel adquisitivo alto».

Revisión de condiciones

Además, propuso que las primeras condiciones que se dieron a los demandantes de estas viviendas se revisen. «Muchos de estos adjudicatarios nos han informado de que no se están cumpliendo. Ahora se encuentran con que tienen que adquirir obligatoriamente el trastero y garaje», comentó.

OSP presentó el pasado sábado en el Pleno Extraordinario una moción que proponía la creación de una Comisión Informativa Especial de Investigación para el seguimiento de la adjudicación de viviendas de promoción pública de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía. Punto que fue rechazado por el PP.

La Audiencia da la razón a Tomás Olivo y deja vía libre al derribo definitivo de la Casona. Marbella (SUR)

La Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola ha tenido que desalojar las oficinas que ocupaba desde los años 50

10.11.2011 - 

CRISTINA GONZÁLEZ

 

MARBELLA.

Vista del estado actual de la antigua Casona Sindical, de la que queda en pie la zona de la Cooperativa Agrícola. :: JOSELE-LANZA

Han luchado hasta el último momento por intentar mantenerse en los 70 metros cuadrados que han sido su casa laboral durante más de medio siglo. Desde los años 50, la Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola San Isidro, un pequeño grupo de accionistas dedicado a la comercialización de semillas y abonos agrícolas, ha sido una inquilina más de la Casona Sindical, el también conocido como antiguo edificio de Radio Nacional de España (RNE). La misma que finalmente ha tenido que abandonar tras una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga que le obliga al desalojo de las dependencias y deja vía libre a que este inmueble se convierta definitivamente en un puñado de escombros.

El contencioso no siempre estuvo en su contra. El empresario Tomás Olivo adquirió el edificio en subasta hace seis años por 17,5 millones de euros pero no comenzó a derribarlo hasta hace poco más de un año. El ruido de la piqueta comenzó a cercar las oficinas de la cooperativa. El resto ya habían recogido los bártulos. Ellos no se amilanaron. Ni tan siquiera pensaron en hacer las maletas. Defendían la existencia de un derecho de usufructo. Con el 70 por ciento del edificio hecho añicos, la resistencia de estos últimos inquilinos obligó a paralizar el derribo y a resolver el conflicto en los tribunales. La empresa General de Galerías Comerciales SA, propiedad de Olivo, presentó una demanda de desahucio por precario con el argumento de que estaban ocupando unas dependencias sin título alguno y sin pagar ninguna renta.

El Juzgado de Primera Instancia número 5 falló a favor de la Cooperativa Agrícola el año pasado. Tras el recurso, la razón dejó de estar de su lado. En la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso este periódico, el magistrado alude a que la condición de «usufructuaria» que dicen ostentar los integrantes de la cooperativa «es huérfana de prueba alguna», al tiempo que asegura que el hecho de que en el registro aparezca que el inmueble estuviera con ocupantes no ampara ni ofrece «protección legal a la parte para obstaculizar el ejercicio de la acción de desahucio por precario».

Lanzamiento

El auto, fechado en el pasado 22 de septiembre, estima por tanto la denuncia de General de Galerías Comerciales SA y determina que la demandada debía proceder al desalojo de las dependencias del edificio de RNE en el plazo del un mes. En caso contrario, advierte de que se realizaría un lanzamiento. Según ha podido saber este periódico, la Cooperativa Agrícola habría ya ha abandonado las instalaciones, con lo que el empresario podría retomar en los próximos días el derribo del resto del edificio para seguir adelante con sus planes urbanístico en lo que pronto será un enorme solar en plena avenida Ricardo Soriano, la principal arteria comercial del centro de Marbella

La Luz anuncia movilizaciones contra el nuevo aparcamiento (SUR)

Los representantes vecinales también se oponen al convenio con Málaga Wagen y piden nuevos equipamientos para la barriada Los miembros de la asociación de vecinos La Luz recogerán firmas contra el proyecto. :: N. R. N. «En La Luz no hacen falta más aparcamientos ni pisos, sí equipamientos y parques que den un poco de aire al barrio», apunta Juan Cortés. El presidente de la asociación de vecinos La Luz tiene claro que su colectivo debe movilizarse contra el último proyecto presentado por el Ayuntamiento en la zona, un nuevo aparcamiento cuya ubicación será elegida a través de Internet. Las posibles opciones del nuevo edificio -las plazas Larita, Juan Villodres y La Luz- no son el problema, sino la falta de demanda que según los vecinos existe en La Luz. «En el barrio hay mucho paro, ¿quién comprará una plaza si se están vendiendo más del 40 por ciento en el edificio de la avenida de Europa? Los políticos solo se acuerdan de La Luz en elecciones y para construir aparcamientos», critica el presidente de la asociación más veterana de Carretera de Cádiz. Cortés considera desacertado que en tiempos de crisis se construyan más edificios «existiendo otras necesidades urgentes como limpieza o dinamización de los comercios». Además, desde el colectivo resaltan que en 2004 se recogieron 700 firmas en el barrio contra un aparcamiento en la plaza de La Luz y ahora se plantean hacer un sondeo similar en oposición a la encuesta en Internet. «Nos parece injusto que cualquier persona sea o no de La Luz pueda votar, por ello vamos a contactar con los vecinos de las tres ubicaciones y a conocer su opinión. Se debe respetar la zona de influencia», anuncia Miguel Pérez. El portavoz lamenta la actitud municipal y anuncia que estudiarán acciones contra la propuesta del Ayuntamiento. «Queremos árboles, fuentes, zonas infantiles y de mayores, pero de estos equipamientos no se habla por su escasa rentabilidad. Es más, cuando se construyó el aparcamiento de la avenida de Europa existía una demanda de más de 1.200 plazas y se quedó en 800 a pesar de la demanda vecinal», asegura Pérez. Espacios ciudadanos Respecto al convenio de Málaga Wagen, los vecinos también muestran su malestar por la construcción de 96 viviendas. «Conociendo la alta densidad de población es incomprensible un proyecto así, que resta espacios de ocio ciudadano. En esos terrenos se debía construir un gran parque para los vecinos», sugiere Antonio Aguilera. Este representante afirma que La Luz «es el tercer pueblo de Málaga atendiendo a sus habitantes -25.000 personas- pero arrastra graves carencias urbanísticas que irán a peor con este convenio».

De la Torre asegura que en pocas semanas habrá acuerdo con los dueños de Arraijanal (SUR)

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se mostró ayer seguro de que en «muy pocas semanas» el Ayuntamiento llegará a acuerdos con los propietarios del 40% de la parcela de Arraijanal que aún está pendiente de obtener. Después de que el Ayuntamiento se haya hecho ya con el 60% de esta parcela -casi 32 hectáreas-, en virtud de la firma este pasado martes de los convenios de permuta con el hasta ahora propietario mayoritario, Vallehermoso, De la Torre afirmó que «se sigue negociando con el resto y espero tenerlo en muy pocas semanas». De la Torre recordó que la Junta de Andalucía dejó en el Ayuntamiento la «responsabilidad» de conseguir ese suelo, «haciendo el milagro con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», ironizó. Sin embargo, «eso no es tan factible», resaltó. Preguntado por la academia del Málaga CF y la posterior ciudad deportiva en la zona de Arraijanal, donde la Junta de Andalucía prevé también un gran parque metropolitano, De la Torre dijo que, aunque conoce el proyecto del jeque Abdullah Al-Thani, debe haber una presentación oficial ante el Ayuntamiento y la Junta, de modo que «todos estemos seguros de que lo que se presenta es viable desde el punto de vista legal». «Es necesario ver su compatibilidad con el Plan y, aunque, inicialmente, por los contactos que hemos tenido, es que sí, hay que verlo oficialmente», explicó. Por otra parte, el regidor del PP volvió a defender que el trazado del Corredor Mediterráneo incluya los municipios de la Costa del Sol e incidió en que «de entrada no hay que hacer actos de fe ciega», sobre todo después de «la falta de educación institucional que ha tenido la Junta en tantos temas de ordenación del territorio». De la Torre se pronunció así después de que la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, abogara de nuevo este pasado lunes por no incorporar el Corredor Mediterráneo, de mercancías, por la costa malagueña ante la vocación turística de la zona. En este punto, aunque la ordenación del territorio «ha de hacerse de consenso con los ayuntamientos», dejó claro que el Consistorio «nunca ha tenido información» ni sobre el Corredor Mediterráneo ni sobre el tren litoral.