Extrabajadores del Guadalpín Marbella denuncian el alquiler de los apartamentos (SUR)

El sindicato UGT afirma que es ilegal que los propietarios gestionen las habitaciones en su propio beneficio

24.02.2012 - 

NIEVES CASTRO

 

MARBELLA.

Antiguos trabajadores se concentraron ayer a las puertas del establecimiento de cinco estrellas. ::SUR

Los clientes abandonaron el hotel antes de que concluyera su periodo de estancia. No lo hicieron por descontento con las instalaciones o los cuidados del personal sino por imposición. Cuando el último cliente cruzó el umbral de la puerta, los empleados del Guadalpín Marbella cerraron la llave. A finales del próximo mes de mayo se cumplirá un año desde que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga diera el visto bueno al expediente de la extinción de la actividad en el complejo de cinco estrellas solicitado, a través del sindicato UGT, por 119 trabajadores.

El juez les ofreció la oportunidad de cobrar la prestación por desempleo a la espera de la reapertura del hotel, cuyas 125 habitaciones se explotaban en régimen de condominio. Mientras llega ese golpe de fortuna, los ya exempleados del complejo denuncian que una gran mayoría de propietarios están alquilado las habitaciones por su cuenta y riesgo.

Una treintena de antiguos trabajadores se concentraron ayer a las puertas del hotel con una gran pancarta en la que se podía leer un mensaje claro: «Basta ya al negocio ilegal propietarios».

Planta hotelera

La secretaria de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT Málaga, Susana González, afirma que la ley impide que los dueños de estas habitaciones hagan negocio por su cuenta. «Mientras los trabajadores están en la calle, un grupo mayoritario de propietarios está alquilando los apartamentos, algo ilegal, ya que según recoge la ley de turismo este establecimiento está registrado como planta hotelera y no como comunidad de propietarios», explica la sindicalista.

González añade con frustración que se han interpuesto numerosas denuncias ante de la Delegación Provincial de Turismo y el Ayuntamiento de Marbella, organismos competentes que por el momento no se han pronunciado.

La empresa Nortia, encargada hasta el cierre de regentar el hotel por decisión de la administración concursal, mostró en su momento interés por gestionar y explotar el establecimiento, una opción que contaba con el visto bueno de UGT, dado que la empresa había firmado un acuerdo con el sindicato por el que se comprometía a rescatar de la cola del paro a los empleados que se habían acogido al expediente de extinción de la actividad. Una maniobra que no se ha podido consumar, al parecer, por la oposición de los propietarios.

El PP critica la política de la Junta en la construcción de VPO (SUR)

La número uno del Partido Popular por Málaga al Parlamento andaluz Esperanza Oña lamentó ayer que desde 2008 se hayan producido un total de 7.377 desahucios en la provincia, lo que supone que 17.000 personas «se han quedado sin hogar». Asimismo, Oña hizo referencia a las ejecuciones hipotecarias realizadas y que, según los últimos datos de 2010, se elevan a 4.534.

Oña también recordó que a estos datos hay que sumar todas aquellas personas sin vivienda que no pueden adquirirla debido al precio de la misma. En este punto, Oña, acompañada por la candidata del PP Maite Otero, criticó la labor de la Junta de Andalucía en la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) en la Comunidad Autónoma, pues, a juicio de Oña , «se ha incumplido de manera rotunda» el Pacto Andaluz por la Vivienda.

Este plan preveía la construcción en Andalucía de 120.000 viviendas en un periodo de cuatro años (de 2008 a 2011), según Oña, que ha denunciado que solo se hayan construido 32.961 VPO. En el caso de Málaga , en este mismo intervalo se han realizado 5.007 viviendas, una cifra que ha ido decreciendo, según los cálculos de Oña.

El dueño de Mirador dice que es víctima de una «persecución» de la Seguridad Social (SUR)

El constructor Enrique Faura reconoce ante la juez que adeuda 2,6 millones de euros, pero niega que simulara insolvencia para no pagar

24.02.2012 - 

M. MARTÍN

 

MÁLAGA.

Enrique Faura, ayer a su llegada a los juzgados. ::SALVADOR SALAS

El dueño del Grupo Mirador se presentó ayer ante la juez que le juzga por un delito de fraude y alzamiento de bienes como un empresario víctima de una «persecución» por parte de la Seguridad Social. El constructor vinculó este supuesto acoso a intereses políticos, relacionados con su paso como concejal independiente por el Ayuntamiento de Vélez, así como al de su excuñado -el actual alcalde del PP, Francisco Delgado Bonilla (PP)-, que fue un alto cargo de la Dirección Provincial de Trabajo, -«no afiliado al PSOE», precisó Faura-, que resultó elegido en 2003 edil del PP en esta localidad. 

Faura dijo que desde entonces la «actitud colaboradora» que había mantenido la Seguridad Social se convirtió en una persecución y vino a decir que aunque intentó pagar las deudas que acumuló el Grupo Mirador a causa, según aseguró, de «tensiones de tesorería» no le dejaron saldarla. «A mí la crisis del ladrillo me la adelantó un año y medio la Seguridad Social», apostilló Faura a preguntas de su abogado, Gonzalo Fernández de Cuéllar, defensor también del dueño de Aifos en 'Malaya'.

Enrique Faura y su hermano Leopoldo están acusados de simular, presuntamente, la insolvencia de tres de sus empresas para no pagar la deuda de 2.674.978 euros que contrajo Mirador entre enero 2002 y junio de 2008 con la Seguridad Social. Ambos se enfrentan a una petición fiscal de seis años y medio de cárcel y multa de cuatro millones de euros, así como al pago a la Tesorería de la Seguridad Social de 2,4 millones de euros.

Según el fiscal, los acusados han venido desarrollando «una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social». En ese sentido, afirma que pese a que todas las sociedades del grupo requería de trabajadores, éstos sólo eran contratados por cuatro empresas sin que, por regla general, ingresaran la cuotas empresariales ni obreras. Asimismo, asegura que los acusados «de forma intencionada» dieron de alta a los trabajadores en las sociedades con un menor capital y que carecían de patrimonio y constituyeron otra empresa ocultando que ellos eran los titulares reales haciendo figurar como socios a empleados de otras empresas de Mirador. Los trabajadores fueron trasvasados de una empresa a otra.

Bonanza económica

Faura negó ayer haber simulado insolvencia y justificó estos movimientos en sus empresas en un «proceso de fusión, no para aparecer opacos, sino para disminuir el riesgo bancario», matizó. Asimismo, a preguntas del fiscal, de por qué en tiempos de «bonanza económica» no pagó a la Seguridad Social, respondió que, «sí pagué algunas cantidades», pero tras serle denegado un aplazamiento de la deuda «empezaron los problemas».

«Tenía dos posibilidades: disminuir el volumen de las empresa y despedir a trabajadores o pagar -añadió-. Y los bancos me daban crédito para ampliar el negocio no para pagar a la Seguridad Social». Faura rechazó que se financiara a costa de esta deuda.

El Grupo Mirador tiene abiertos varios frente judiciales por reclamaciones de compradores que pagaron por unas viviendas que no llegaron a construirse y que no han podido recuperar su dinero. Se calcula que hay unos seiscientos afectados.

Frenazo en la llegada del metro al Centro (SUR)

La escasez económica y los restos arqueológicos dificultan la conclusión de este eje, clave para el inicio de las obras en la Alameda Principal El tramo de Callejones del Perchel avanza a bajo ritmo y su finalización se queda sin fecha

24.02.2012 - 

IGNACIO LILLO ilillo@diariosur.es

 

MÁLAGA.

Aspecto de las obras del metro a la altura de la glorieta Albert Camus, cerca de la avenida Andalucía, donde ayer no había actividad. ::ANTONIO SALAS

En el entorno de la glorieta de Albert Camus no se ve movimiento. A estas alturas, varios grupos de arqueólogos debían estar ya trabajando sobre el terreno. La zona tiene aspecto de almacén de materiales. Tampoco en el otro lateral de la avenida de la Aurora hay obreros. Sin embargo, siguiendo calle abajo, por Callejones del Perchel aparece un tramo, frente al antiguo mercado del Carmen, que ya está incluso asfaltado y señalizado. Un poco más adelante, en el extremo de esta vía más próximo a la plaza de la Solidaridad, un grupo formado por una decena de técnicos manipula una máquina de pilotar, muy cerca de la fachada de un banco; varios empleados más se afanan en diversas tareas.

Este es el escenario en el que se desarrollaban ayer a mediodía las obras del metro en este eje, a las puertas de la avenida de Andalucía y clave para hacer posible la llegada hasta el Centro de la ciudad. Los comerciantes y vecinos de la zona han dado la voz de alarma por el escaso ritmo al que marchan los trabajos, que arrancaron hace dos años, y este periódico ha podido comprobar que, efectivamente, la actividad es muy baja.

«En diciembre pasado nos dijeron que en enero estarían trabajando los arqueólogos en Albert Camus, y en marzo volverían a pasar los coches. Estamos en febrero y todavía no han empezado las excavaciones», denuncia Ana Gutiérrez, propietaria del estanco 77, frente a la referida glorieta. Junto a ella se encuentran otros empresarios de la zona: Manuel Pérez-Piaya, farmacéutico, y Francisco Fernández, peluquero, que también muestran su malestar por los retrasos. «Dijeron que serían trece meses y en enero hizo dos años. Lo peor es que no se les ve trabajar», añaden. La gota que ha colmado el vaso, esta semana, es la noticia del despido de varios trabajadores.

La Oficina del Metro reconoce que están encontrado problemas para avanzar, que achacan a la aparición de importantes restos arqueológicos inesperados; aunque no esconden las dificultades económicas. Cabe recordar que este eje se desgajó del proyecto general y fue contratado directamente por la Consejería de Obras Públicas de la Junta con otra constructora, para ahorrar costes. «Es cierto que el ritmo de ejecución en estos momentos es bajo. Hemos sufrido un colapso por la aparición de la muralla nazarí, que nos ha dejado tocados; hemos perdido la continuidad y nos ha obligado a reprogramar las obras», explica el director de esta infraestructura, Enrique Salvo.

Concentrar los esfuerzos

Las cifras también reflejan esta situación, con una producción mensual de entre 500.000 y un millón de euros al mes, inferior al de otros tramos, como los de Cruz del Humilladero. «El problema principal son los restos arqueológicos; llevábamos un ritmo excelente hasta la aparición de la muralla», añade, lo que ha obligado a concentrar todos los esfuerzos constructivos en la estructura de micropilotes que permitirá preservar y hacer compatible los restos con la excavación del túnel. Ya se han realizado 40 de estas inyecciones, con un coste de 10.000 euros cada una.

El directivo admite que no han podido cumplir el compromiso de plazos que se hizo a los comerciantes y vecinos a final de año, pero asegura que los trabajos de arqueología -una de las últimas fases antes de reabrir en superficie- entrarán en Albert Camus «inmediatamente». Con todo, descarta dar plazos, puesto que los hallazgos en este punto son imprevisibles. «En principio, Callejones del Perchel estará listo antes de verano, pero Albert Camus está sujeto a los restos».

Una 'estrella' rusa de la televisión vende su mansión en Marbella (Málaga Hoy)

Natasha Romanov, que se hizo conocida en un programa de mujeres millonarias de La Sexta, quiere deshacerse de su vivienda de lujo por 9,5 millones de euros

ÁNGEL RECIO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 23.02.2012 - 01:00

La mansión está ubicada en una de las zonas más lujosas de Marbella y cuenta con todo tipo de instalaciones.

Puede que les suene el nombre y hasta su cara. Se llama Natasha Romanov y participó el año pasado en un programa, tipo reality, de La Sexta llamado Mujeres ricas. Era una mujer de mediana edad, morena, guapa, casada con un multimillonario ruso que nunca apareció en escena y cuyo sueño era ser cantante. De hecho, martirizó a la audiencia durante unas semanas con los ensayos de una canción escrita para ella, llamada Baila tu piel morena, que pretendía convertir en un éxito pero que no se escuchó en la radio. Al menos, en la letra se hablaba bien del clima de la Costa del Sol y se hizo un vídeo y eso siempre es publicidad para este destino. Lo que estaba claro es que Romanov, que procede de familia aristocrática, no tenía problemas para llegar a final de mes ya que, a lo largo del programa, se pudieron ver numerosas imágenes de su mansión en Marbella. La buena noticia es que si le gustó la casa y tiene 9,5 millones de euros puede comprarla. 

La inmobiliaria Re/Max Eralia informó ayer de que Romanov ha puesto a la venta "su espectacular mansión para adquirir otra en el paradisíaco enclave del Mediterráneo". Al margen de las indudables y numerosas bondades del inmueble, la aristócrata y cantante subraya que ella misma ha sido la encargada de decorar toda la casa y "en ella hay estilos diferentes relacionados con momentos distintos de mi vida". No se sabe si ese amor por la decoración puede ser un aliciente o una rémora para posibles inversores. 

A la casa, desde luego, no le falta un detalle. La inmobiliaria asegura que está en una de las urbanizaciones más exclusivas de Marbella, la Vega del Colorado, y que tiene vistas del Mediterráneo, Gibraltar o Marruecos. La villa recibe el nombre de Flamingo, tiene 1.620 metros cuadrados construidos divididos en cuatro plantas, y se asienta sobre una parcela de 27.000 metros cuadrados. Posee un dormitorio principal de 200 metros cuadrados y dos baños individuales, sauna y sala de masajes. A eso hay que añadirle otros cinco dormitorios, una vivienda aparte para invitados, salón de lectura, comedor para 14 personas, bar con zona para DJ, bodega, solarium, cámaras de seguridad, piscina climatizada, pista de pádel y tenis, zonachillout con barbacoa, jacuzzi exterior, un área para caballos, jardín tropical, garaje cubierto para 10 coches y externo para 30 vehículos, un espacio para celebrar eventos con capacidad para 1.000 personas, un lago artificial y helipuerto.

El PP cambiará la Ley de Costas para legalizar las casas anteriores a 1988 (Málaga Hoy)

El grupo popular en el Senado debatirá hoy la moción que en la provincia de Málaga afectaría a los chiringuitos, además de las viviendas de la zona de El Palo, la residencia Marymar o el barrio de Lagos

RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 22.02.2012 - 01:00

Casas de la zona de Pedregalejo ubicadas en pleno paseo marítimo.

Residencia Marymar de Benalmádena.

Todas las construcciones levantadas sobre dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor en 1988 de la actual Ley de Costas podrían ser legalizadas si el Gobierno central lleva a cabo la modificación que el grupo parlamentario popular ya ha anunciado que pedirá. Si la controvertida legislación es revisada, las más de 400 casas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital malagueña, la residencia Marymar propiedad de Unicaja en Benalmádena, la zona de El Copo de Torre del Mar y las 50 viviendas de Lagos y Mezquitilla en Vélez-Málaga serán regularizadas. A las que se sumarán los chiringuitos del litoral malagueño que aún están pendientes de obtener una concesión que acabe con su situación de alegalidad. 

Es el primer paso dado por los populares después de que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunciara en sus primeros días de mandato su voluntad de acometer "una profunda" reforma de la Ley de Costas, una intención que reiteró durante su comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, el pasado 1 de febrero. Entonces, adelantó que la modificación pretenderá la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero compatibilizando la protección del litoral con "las actividades económicas no perjudiciales". 

Según Arias Cañete, modificar la norma de 1988 será un "vehículo eficaz para mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa", justo lo que defenderá hoy la senadora del PP por Málaga, Patricia Navarro, en el Pleno de la Cámara para lograr "conciliar el interés público con los derechos de las personas físicas y jurídicas afectadas por la realidad anterior a la aprobación de esta ley". 

Esta modificación beneficiaría, según dijo, a los chiringuitos de playa y a los propietarios y afectados por la aplicación "arbitraria, deficiente y errática" llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE de esta ley. Para defender la propuesta, Navarro argumentará que el Parlamento europeo ya advirtió a España en 2009 que estaba aplicando la norma en materia de costas "de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente para los afectados". 

Desde finales de los años 80 cuando el entonces jefe de la Demarcación de Costas de Málaga, Luis López Peláez, decidió retirar unos 390 chiringuitos irregulares de las playas, el Gobierno central no volvió a plantear la posibilidad de recuperar parte del dominio público ocupado sin pudor durante años hasta 2004. Fue entonces cuando la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunció un plan que pretendía demoler más de un centenar de construcciones ilegales levantadas sobre la arena durante décadas aprovechando la ausencia de legislación específica. Pero los interminables procesos administrativos y judiciales que conlleva la resolución de estos complejos expedientes, que pueden durar más de diez años, y el retraso que acumula el deslinde que Costas lleva años haciendo en toda la línea de costa de Málaga han hecho que la intención de la ministra cayera en saco roto. 

También se intentó en 2009 al pretender quitar los chiringuitos de la arena y fue tal la polémica surgida que al final las competencias terminaron transferidas a la Junta. Sólo el caso de las 400 viviendas de las barriadas de El Palo y Pedregalejo de la capital ha avanzado en este tiempo, ya que el Gobierno autorizó hace un año su deslinde, un trámite que podría durar más de dos años y que además no despeja la incertidumbre sobre la necesaria desafectación de los terrenos que permitiría a los inquilinos hacerse con la propiedad. 

En Vélez-Málaga, también luchan por la permanencia de sus viviendas, los vecinos de Lagos, Mezquitilla y San Daniel, además de gran parte de la zona de El Copo de Torre del Mar. Unas 50 casas centenarias están dentro del dominio público marítimo terrestre y desde hace años buscan una solución para el deslinde con la Dirección General de Costas. El expediente fue iniciado por la Asociación La Bajamar que defendía que la línea de costa había sido modificada tras la construcción del puerto de Caleta que había llevado aparejada la degradación de la playa. 

El derribo del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que fue cerrada el año pasado por su mal estado. La demolición de este edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en la playa de Arroyo de la Miel y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio, ha sido un reto de Costas durante varias décadas aunque nunca ha tenido éxito. 

Pero la propuesta del PP cuenta con el rechazo total del coordinador provincial de Izquierda Unida y número 1 por Málaga en las elecciones autónomicas del 25 de marzo, José Antonio Castro, quien alertó del "deterioro y el retroceso de 30 años" que supondrá la modificación de la Ley de Costas. Así, acusó al Gobierno central de querer "dar una vuelta de tuerca para garantizar el uso privado del dominio público y recalcó que la situación del litoral "no puede permitir una nueva ofensiva del ladrillo en las costas". 

La Costa del Sol tiene una ocupación superior al 90% en los primeros 100 metros de costa.

La Ley de Costas priorizará las licencias de los chiringuitos (La Opinión)

La modificación paralizará las sanciones incoadas en los últimos años por la aplicación de la norma

Detalle de uno de los establecimientos provisto de un asador de espetos o espetero.  L.O.

L. MARTÍN El Gobierno dio ayer un nuevo paso hacia la futura reforma de la ley de Costas con la aprobación de una moción en el Senado, presentada por el PP, en la que se insta a abordar el cambio de la normativa, especialmente en lo que respecta a sus motivos más polémicos, la ocupación del espacio marítimo-terrestre por parte de viviendas y de establecimientos como los chiringuitos de la Costa del Sol.

La medida, aprobada con la oposición del PSOE, urge a poner freno a la indeterminación jurídica que afecta a este tipo de construcciones, pendientes, en el caso de buena parte de los negocios, de la renovación de la licencia necesaria para funcionar. Según la senadora Patricia Navarro, que expuso ayer la petición, ésta será la prioridad de la reforma de ley, que tiene previsto agilizar los trámites para resolver los problemas administrativos de los empresarios. Después quedará discutir las obras necesarias para adecuar las instalaciones, para las que la actual ley fija una serie de límites, tanto en sus dimensiones como en su ubicación.

La idea del Gobierno es optar por una vía no traumática y esclarecer el régimen de ocupación del área pública situada junto a la orilla. En primer lugar, para homogeneizar la aplicación de la norma y, en segundo término, con ánimo de hacer converger el respeto al medio ambiente y el crecimiento económico. En lo que respecta a los chiringuitos, lo primero, abundó Navarro, es estudiar al detalle la situación de los establecimientos y apresurar la concesión de las licencias.

En este sentido, la senadora ratificó las observaciones del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que en su primera comparecencia ya aventuró un cambio legislativo destinado a restablecer la seguridad jurídica en el sector. A la ley le queda todavía camino, pero lo que está claro es que entre sus preceptos estará la paralización de todas las sanciones y procedimientos incoados en los últimos años como consecuencia de la ejecución de la ley de Costas. Esto significa, en la práctica, que los empresarios no tendrán que hacer frente a las multas interpuestas en los últimos años por ocupar las lindes protegidas por la normativa.

También se revisará, avanzó Navarro, al carácter retroactivo de las sanciones, que no podrán evaluar las construcciones anteriores a su aprobación, que data de 1988. La moción presentada ayer en el Senado pide ajustar la compensación de los derechos adquiridos «de buena fe y de forma legítima». En la provincia, existen alrededor de medio millar de viviendas emplazadas en el dominio público. El objetivo del Gobierno al respecto es legalizar estos inmuebles y romper con lo que considera una aplicación «injusta y arbitraria de la ley». «Ellos han sido víctimas de los arrebatos del Gobierno. Nunca la aplicación de una ley sembró tanta incertidumbre veinte años después de ser aprobada», resaltó.

Para la senadora, los negocios radicados junto al mar ejercen una suerte de «activismo ecologista», ya que, insiste, cuidan de la limpieza y el estado de las playas. «Ninguna zona del litoral está tan cuidada como la que tiene negocios. Son quienes avisan de incidencias», reseñó.

Navarro, aclaró, además, que la ley que resulte después de todo este proceso tendrá prevalencia sobre cualquier otra normativa desarrollada por las comunidades autónomas. Incluso, por aquellas con las competencias transferidas, como es el caso de la Junta de Andalucía, que en abril del pasado año asumió la responsabilidad en algunos aspectos relativos a la ordenación del mar. El proceso implicó el desembolso de 2,11 millones de euros y la movilización de 62 trabajadores.

La petición aprobada en el Senado contó con el apoyo de PP, CiU, Entesa, Grupo Vasco y Grupo Mixto y el rechazo del PSOE, que considera que la reforma se inspira en las ideas de la fundación FAES, ligada al PP. Un extremo que Navarro recusó expresamente en su conversación con este periódico: «La propia Unión Europea ya recomendó aclarar la ley. Esto no es una iniciativa partidista. Al final de la pasada legislatura hubo senadores que registraron la petición», argumentó.

El Consistorio entrega un 'párking' de 117 plazas a Vera como pago por las obras. Rincón de la Victoria (SUR)

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria rubricará hoy en pleno el acuerdo suscrito con la empresa Construcciones Vera por el cual esta firma se hará con la propiedad del aparcamiento subterráneo construido en una parcela municipal de la urbanización Las Pedrizas de Monte Victoria, situada junto al cementerio municipal, como medio para saldar la deuda de 1,2 millones que el Consistorio mantiene con esta constructora desde que en 2007 dio por concluidas las obras del recinto público de aparcamientos, que cuenta con un total de 117 plazas.

Así, en un principio iba a ser el Ayuntamiento el que gestionara el 'párking', pero debido a que no se han conseguido vender todas las plazas, pues apenas hay una docena con propietarios, el equipo de gobierno del PP ha decidido entregar el recinto como medio para saldar la deuda contraída para construirlo, bajo la fórmula de la dación en pago. Ahora será la empresa Construcciones Vera la que se encargue de vender las plazas. Los vecinos de la zona han mostrado ya su interés en adquirir estos aparcamientos.

El acuerdo con la constructora incluye la cesión al Ayuntamiento de la pista polideportiva situada justo encima del 'párking', que permanece cerrada. Así, este complejo deportivo seguirá siendo de titularidad municipal y se abrirá al público próximamente para el uso y disfrute de los vecinos, según explicó el alcalde, Francisco Salado (PP).

Una sentencia ordena demoler una construcción ilegal. Ronda (SUR)

La Audiencia de Málaga ha revocado una sentencia de un juzgado de lo penal de la capital que condenó a una mujer que realizó un edificación ilegal en Ronda a seis meses de cárcel y a una multa de 3.600 euros, pero no ordenó la demolición solicitada por el fiscal. El tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Público y ha condenado además a la acusada a demoler lo construido y a devolver a su estado original la parcela sobre la que se edificó, que tiene la consideración de suelo no urbanizable.

Las obras de una casa con primera planta comenzaron sobre otra construcción previamente existente, sin licencia de obras, amparándose la procesada en una autorización municipal concedida para la reforma de una caseta de aperos.

Mijas prohibirá colocar antenas y aire acondicionado en las fachadas (SUR)

La ordenanza de Inspección de Edificios limita la instalación de ornamentos y obliga al mantenimiento de las edificaciones

22.02.2012 - 

MARI CARMEN JAIME

 

MIJAS.

La normativa también obliga a la retirada del cableado en las fachadas de todo el municipio. ::M. C. J.

Desde su llegada al Ayuntamiento el pasado mes de junio, el equipo de gobierno del PP de Mijas quiere potenciar la imagen estética de la localidad como municipio turístico, cuya industria es la principal en la zona. Por ello nace una iniciativa urbanística que se enmarca dentro de la ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, que se aprobará inicialmente en el pleno del sábado.

En ella, además del mantenimiento de los edificios, se establece como obligatorio el adecentamiento de fachadas así como la eliminación de elementos antiestéticos. Así, se fija la prohibición de locales comerciales acabados con ladrillos, de manera que «todos los propietarios tendrán que enfoscar y pintar las fachadas», apuntó el concejal de Urbanismo Manuel Navarro. Junto con ello, se adoptan limitaciones a la instalación exterior de aparatos de aire acondicionado, antenas y cables en fachadas. Al respecto, el edil explicó que «las comunidades deberán tener solo una antena».

Por otra parte, «se exigirá el correcto estado de mantenimiento de la pintura exterior de los edificios», apuntó el representante municipal. Asimismo, en la ordenanza se fija que las fachadas de Mijas Pueblo sean de color blanco -algo ya establecido hace años a raíz de la catalogación de la zona como Bien de Interés Turístico (BIC)- y se proponen iniciativas para potenciar la imagen del núcleo de La Cala como pueblo marinero andaluz.

Parcelas

La nueva ordenanza también recoge la obligación de que los solares estén libres de escombros, maleza y basuras. Además, los propietarios de parcelas con construcciones inacabadas desde hace dos años tendrán la obligación de finalizar las obras y en caso de incumplimiento «se declarará su venta forzosa, estando prevista incluso en la ordenanza la expropiación», advirtió Navarro.

Una vez que la normativa entre en vigor, los propietarios o comunidades de edificaciones con más de 25 años tendrán un plazo de dos años para cumplir con la obligación de someter la construcción a una Inspección Técnica de Edificios (ITE), que únicamente podrá realizar un técnico competente y que se encargará de certificar si el edificio reúne las condiciones de habitabilidad y de seguridad mínimas. El profesional tendrá potestad para proponer acciones u obras a realizar en aras de corregir las posibles anomalías.

Una vez realizada la primera ITE, la ordenanza fija nuevas inspecciones cada 15 años, en el caso de edificios con menos de 50 años de antigüedad y, cada 10 años, para aquellas que tienen más de medio siglo. Este tipo de revisiones se realizan desde hace años en numerosas ciudades españolas.

Los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento declararán en estado de ruina aquellas edificaciones cuyo coste de reparación supere el 50 por ciento del valor del inmueble, siempre que se determine el agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y de seguridad, además de que puedan generar peligro para viandantes. En este sentido, y en virtud de la nueva ordenanza municipal, la administración local tendrá potestad para decretar la demolición de la edificación o también para exigir la reparación de las mismas, fijando un plazo de arreglo vinculante a sus propietarios.

Juzgan a los dueños del Grupo Mirador por simular insolvencia para defraudar (SUR)

La Fiscalía pide seis años y medio de cárcel y que paguen una deuda de 2,4 millones de euros a la Seguridad Social y una multa de cuatro

22.02.2012 - 

MONTSE MARTÍN 

MÁLAGA.

Un grupo de compradores afectados por Mirador protestan ante el antiguo juzgado de Vélez . :: SUR

Los responsables de la constructora-promotora Grupo Mirador, los hermanos Enrique y Leopoldo Faura, serán juzgados mañana de un delito de fraude a la Seguridad Social y otro de insolvencia punible por no hacer frente, presuntamente, al pago de cuotas que ascienden a 2,4 millones de euros y ocultar bienes y patrimonio aparentando una situación de insolvencia. El Ministerio Público pide una pena de seis años y medio de cárcel y multa de cuatro millones de euros para cada uno, así como el pago de una indemnización de 2.427.745 euros a la Tesorería de la Seguridad Social.

El Juzgado de lo Penal número 14 juzgará mañana la actuación de los dos hermanos al frente de las distintas sociedades que componen el Grupo Mirador que, según la Fiscalía de Delitos Económicos, se ha caracterizado por «un nulo o muy escaso cumplimiento de la normativa mercantil en el funcionamiento de las sociedades». Como ejemplo se refiere a que el grupo sólo reflejó hasta el ejercicio 2004 las cuentas anuales en el Registro Mercantil y que desde ese año ha omitido la legalización de los libros de contabilidad, lo que ha provocado que el citado registro haya cerrado los asientos respecto de 15 entidades.

Los dos hermanos procesados han venido desarrollando, según el fiscal, «una estrategia dirigida a incumplir sistemáticamente sus obligaciones con la Seguridad Social». En ese sentido, afirma que pese a que todas las sociedades del grupo requieren de trabajadores por cuenta ajena, éstos sólo eran contratados por cuatro mercantiles «sin que, por regla general, ingresaran la cuotas empresariales ni obreras». Asimismo, asegura que los acusados «de forma intencionada» dieron de alta a los trabajadores en aquellas sociedades con un menor capital y que carecen de patrimonio y constituyeron una mercantil ocultando que ellos eran los titulares reales haciendo figurar como socios a empleados de otras entidades del grupo. Los trabajadores de estas cuatro sociedades prestaban sus servicios indistintamente en cualquiera de las sociedades Mirador, llegando los acusados, incluso, a trasvasar empleados de una empresa a otra, de tal forma, que cuando la primera de ellas acumulaba cuantiosas deudas se transferían a la siguiente. El fiscal afirma que entre agosto de 2002 y junio de 2008 tres de las cuatro sociedades del Grupo Mirador dadas de alta en la Seguridad Social acumularon una deuda total de 2.674.978 euros.

La acusación pública añade que los dos hermanos «utilizaban distintos ardides para evitar que la Seguridad Social se pudiera cobrar la deuda» contraída con ella. Así, en unas ocasiones «ocultaban la existencia de inmuebles propiedad de las sociedades deudoras», evitando que aparecieran en el Registro de la Propiedad, y en otras realizaban sucesivas transmisiones de los inmuebles a distintas sociedades del grupo para dificultar la localización de los bienes, como es el caso de una finca que fue transmitida de una empresa a otra el mismo día; dos años después vendida a otra sociedad del mismo grupo y otros dos años más tarde revendida nuevamente. De esta manera, la finca no llegó a permanecer en el Registro de la Propiedad un solo día a nombre de la empresa que tenía la deuda con la Seguridad Social.

Los constructores reconocen que no todo el stock podrá venderse (La Opinión)

El sector propone fórmulas alternativas para el excedente de pisos heredados del boom y descarta destruir nada

Clientes miran una promoción de viviendas en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo (SiMed).  G. Torres

JOSÉ VICENTE RODRÍGUEZ La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) confía en que la mayor parte del stock de viviendas nuevas que permanecen sin vender en la provincia –que ellos cifran en casi 16.700 a falta que el dato oficial de Fomento de este pasado 2011 lo confirme– esté prácticamente finiquitado para finales del año 2013. No tanto porque las ventas vaya a repuntar sino porque lo poco que se comercializa en Málaga (unos 9.000 pisos el pasado año) está saliendo de ese excedente, ya que el parón constructor hace que ahora mismo sean muy pocas las promociones de viviendas que salen al mercado. Sin embargo, el presidente de la ACP, José Prado, reconoce que hay una parte el stock heredado de la época del boom inmobiliario que, por su mal emplazamiento o por su baja calidad, va a tener muy pocas posibilidades de comercialización, por lo que habrá que buscar a esas viviendas otras alternativas de uso.

La aplicación de fórmulas como el tiempo compartido o la conversión de promociones en residencias para la tercera edad, en apartamentos turísticos o en alojamientos concertados para hospitales u otras instituciones son algunas de las posibilidades que maneja ahora mismo el sector inmobiliario, siempre previo acuerdo con las administraciones para tramitar un cambio de uso diferente al residencial.

«Hay viviendas construidas en esos años que no podrán venderse sino que tendrán que destinarse al time sharing o ser transformadas en residencias de ancianos, por ejemplo», comenta Prado.

De lo que no quieren ni oír hablar los constructores, por lo que tendría de impacto psicológico, es de la posibilidad de que algunas promociones embargadas por entidades financieras en España terminen por ser demolidas ante su inviabilidad comercial, tal y como apuntó la pasada semana en Málaga el profesor del departamento de Gestión Financiera del IESE y experto en temas inmobiliarios, José Luis Suárez, en un foro organizado por el Instituto San Telmo.

«Lo que necesitamos es que el mercado se reactive y remodelar el uso de esas promociones, pero de tirar nada de nada. Hay mercado para todo lo que se ha construido en la Costa del Sol. Lo que ocurre es que la demandad está latente, atrapada en una lógica de miedo, porque hay incertidumbre de cara al futuro y nadie se atreve a comprar, incluso quien tiene dinero y empleo», lamenta Prado.

De la misma opinión es el director general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, que recuerda que en anteriores crisis inmobiliaria también se especuló con la idea de demoler viviendas.

«Hoy sabemos que es mucho más sostenible mantener lo construido, aunque tenga difícil salida comercias. Lo otro es una aberración», apunta Pérez, que apuesta por fórmulas «imaginativas» para dar salida al stock como el turismo ecológico o el sanitario para dar uso a las viviendas que la crisis ha dejado huérfanas de compradores.

En todo caso, el responsable del IPE cree que, de continuar el ritmo de ventas actual se bajará de las 10.000 viviendas en stock a finales de 2012, estando además muy concentradas en determinadas zonas, por lo que el sector debería empezar a ofertar producto nuevo «para evitar un nuevo monopolio de precios».

No obstante, tanto la ACP como el IPE admiten que el mercado inmobiliario sigue muy parado principalmente por la estrangulación del crédito. Ayer mismo, se conoció que la cartera hipotecaria gestionada por la banca española se redujo el 6% en 2011, hasta situarse en 1.009.656 millones de euros, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). En términos absolutos, el descenso neto del saldo fue en 2011 de 67.271 millones.

Los extranjeros, posible salida. Así las cosas, la otra posibilidad de reanimar las ventas sería que se reactivaran la compra de viviendas por parte de extranjeros. Sin embargo, tampoco en este segmento hay perspectivas muy halagüeñas. En 2011 los extranjeros apenas compraron 600 viviendas nuevas en Málaga, cuando en los años previos a la crisis esa cifra llegó a ser de 4.600, casi ocho veces más.

La Federación de Urbanizadores y de Turismo Residencial de Andalucía ya destacó hace unos meses la importancia de mercados como el ruso y el árabe en las inversiones inmobiliarias de la provincia, con algunas operaciones de viviendas de alto standing de entre cuatro y 10 millones de euros. La ACP confirma que los rusos son los más animados, con bastantes compras en Marbella y su entorno.

De hecho, el Hotel Villa Padierna Palace de Benahavís acogerá del 14 al 16 de marzo el Russian Meeting Point, con más de 60 inversores y agentes de la propiedad procedentes de este país que se encontrarán con empresarios que buscan al stock de calidad disponible en la zona. El problema sigue siendo cómo la salida al stock de pisos de gama media-baja construidos en los años del boom.