Antonio Sánchez lleva un año como alcalde de Mijas y el tema más peliagudo con el que ha lidiado han sido las viviendas irregulares · Es partidario de una política cercana, del contacto con la gente
Militante del PSOE desde 1977, Antonio Sánchez regresó a la primera línea política hace un año tras la renuncia como alcalde de Mijas del socialista Agustín Moreno, forzado por su partido a dimitir tras convertirse en el regidor mejor pagado de España. Sánchez fue alcalde de Almargen entre 1983 y 1987 y cuatro años después aparcó la vida institucional para hacerse cargo del colegio El Albero de Las Lagunas, que ha pilotado 17 años. En 2007 fue el número tres de la lista del PSOE en Mijas, municipio que ahora dirige, afirma, ilusionado. Optará a la reelección si su partido quiere.
-¿Es muy distinto ser alcalde de Almargen que alcalde de Mijas?
-Sí, sobre todo por el tiempo. Fui regidor de Almargen justo después de la dictadura y entonces había una actitud de respeto y valor de la vida pública que en la actualidad no es igual. Hay un cierto alejamiento, la ciudadanía ya no valora tan positivamente la gestión del político y su función. Y a veces con razón. Se han producido unas circunstancias, casos en los que se han visto implicados políticos. El político tiene que ser honesto y parecerlo, y el ciudadano no puede tener el menor atisbo de duda.
-Habla de crisis de confianza hacia la clase política. ¿Cómo se puede resolver?
-La solución puede ser que los ciudadanos te vean cercano, que vean que lo que tienes es lo que has tenido siempre; que vean que el político sigue usando el mismo coche, aun cuando tenga el oficial, pero que el suyo particular es el mismo. Debemos mantener las mismas pautas de comportamiento. Tienes más responsabilidad y debe haber más seguridad, pero preservando tu seguridad y la de los tuyos, hay que mantener las costumbres.
-¿Cómo ha visto la operación Astapa en Estepona?
-La verdad es que con estupor y si se confirmaran las acusaciones, con desagrado. Insisto, debemos ser honestos y parecerlo. Entramos en política voluntariamente, a mí nadie me puso una pistola en el pecho, y sabía lo que podía o no podía ganar. No podemos ir más allá, ni para enriquecernos nosotros ni los partidos. Y si hay que hacer operaciones, que sean transparentes.
-¿El tema de las viviendas ilegales ha sido el más conflictivo durante este año de gestión?
-Sí, porque se ha creado una alarma social importante. No es exclusivo de Mijas, pero no por eso deja de ser un problema. Es cierto que después de lo que ha pasado en Marbella, las medidas se empezaron a endurecer y tenemos que decir a los ciudadanos que las leyes están para cumplirlas. Pero también tenemos que intentar buscar una solución dentro de la ley, porque muchas de estas viviendas son las únicas que tiene una familia. Lo que no podemos hacer es buscar atajos, ni continuar con este descontrol que a nadie beneficia.
-¿El PGOU regularizará todas estas construcciones?
-La regularización tiene que pasar por la revisión del PGOU, en función de las características de cada casa. Es decir, con el PGOU no habrá una amnistía, porque hay casas que están en zona verde o en suelo especialmente protegido. Dentro de la legalidad, se intentará regularizar el mayor número posible.
-¿El fin último de las que están en zona verde y suelo protegido es la demolición?
-Eso lo tendrán que decir los jueces, no es mi competencia.
-Hay baile de cifras. ¿Cuántas casas irregulares hay?
-Tenemos abiertos unos 1.200 expedientes, junto al Seprona, y entre 400 y 500 son de viviendas, el resto corresponden a infracciones de muros, piscinas... Esos son los números, y puede haber una cifra parecida sin expediente abierto. Pero no nos podemos acercar, como dice el PP, a 8.000 viviendas irregulares, se intenta magnificar.
-¿Hay un urbanismo desaforado en Mijas?
-No, y creo que probablemente es uno de los municipios en los que menos descontrol haya. Sí es cierto que ha habido un urbanismo descontrolado en toda la costa, pero desde Huelva hasta Tarragona. El ladrillo ha tenido una explosión económica importante y si hubiera habido más control, posiblemente no hubiéramos dependido tanto de él. Pero ha ocurrido y todos tendríamos que ser responsables. Todo tiene sus ventajas e inconvenientes, y no podemos ahora hacer una guerra santa porque también nos ha dado algunas ventajas, sobre todo económicamente, para muchas familias y ayuntamientos.
-¿Qué pasará con el hipódromo?
-Recuperamos la concesión y se gestiona desde Recursos Turísticos, participada en un 10% por Unicaja. Una vez que pase la temporada [terminó el viernes], veremos qué empresas pueden estar interesadas mediante un concurso público. Desde el municipio no podemos afrontar el coste que supone su gestión, entre uno y 1,5 millones de euros con repercusión cero. Hay que ver si alguna empresa está interesada y si no, buscar fórmulas alternativas.
-Su política es cercana, de mucho contacto con los ciudadanos, ¿es la más eficaz?
-Creo que tiene que ser así, es la mejor para todos. La gente a veces puede tener problemas muy sencillos, a veces se reducen a que hay una señal que molesta, un paso de cebra que hace falta, una rotonda... Además de los grandes problemas que pueda abordar el Ayuntamiento, para cada uno de los vecinos su problema es el más grande.
-Es la política del alcalde de Málaga [Francisco de la Torre, PP].-
Pero yo ya lo hacía cuando estaba en Almargen, el alcalde de Málaga me lo habrá copiado a mí [se ríe]. No, pero no lo hago por estrategia, y entiendo que el alcalde de Málaga tampoco. Creo que es la forma de ser de cada uno, y en mí ha podido influir el trabajo que hacía antes en el colegio.
-Mijas, Benalmádena y Estepona resisten al acoso del PP en la costa. ¿Qué le está pasando al PSOE en el litoral?
-La nueva ejecutiva debe hacer una buena radiografía de cuál es el problema en la costa, en la malagueña, la gaditana, la granadina... Analizar dónde está el problema y tratar de encontrar la solución para entrar en contacto con los ciudadanos y recuperar su confianza.
