Alrededor de medio millar de viviendas levantadas de manera ilegal durante la 'era GIL' aguardan con impaciencia la constitución de la nueva Corporación municipal, el próximo 11 de junio. Sus expedientes de normalización se encuentran completos, pero deberán aguardar al menos un par de semanas para ser aprobados por un equipo de Gobierno que no esté en funciones antes de sumarse a las cerca de 500 que han sido legalizadas durante el primer año de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Todas ellas se integran en el periodo voluntario de doce meses que el nuevo planeamiento otorgaba a los promotores para asumir las compensaciones para regularizar los inmuebles, un plazo que concluyó el pasado 21 de mayo, coincidiendo con el primer aniversario de la entrada en vigor del Plan.
A lo largo de los primeros doce meses de vida del PGOU se han iniciado 40 expedientes de normalización en virtud de las propuestas presentadas por los propios promotores para ejecutar las cargas urbanísticas establecidas por el nuevo planeamiento. Se ha culminado un 20 por ciento de los mismos y el Ayuntamiento calcula que todavía quedaría un cerca de un centenar para regularizar la situación de las 16.500 viviendas ilegales a las que da amparo el nuevo Plan. Sin embargo, a partir de ahora el escenario cambia.
Concluido el periodo voluntario, será la Administración local la que tenga que exigir a los promotores que asuman las compensaciones, una tarea que comenzará a desarrollar el equipo de Gobierno en cuanto se constituya la Corporación municipal, según anunció el concejal en funciones de Urbanismo, Pablo Moro, que ayer hizo balance del primer año desde la entrada en vigor del PGOU de Marbella. «Será el Ayuntamiento el que mueva ficha para localizar a esos promotores, o a los responsables subsidiarios, con el fin de que hagan frente a las cargas de normalización», apuntó el edil electo.
La labor, en algunos casos, se antoja compleja. Como explicó Moro, la situación de un buen número de las sociedades que edificaron o comercializaron los inmuebles se ha visto modificada a lo largo de los años. «Muchos de los promotores ya no están, al menos en las mismas circunstancias en las que estaban entonces», señaló el concejal en funciones, que apuntó que el Ayuntamiento estudia las «herramientas que va a utilizar» para conseguir que los responsables asuman las cargas para normalizar las viviendas.
Proceso de investigación
Entre las actuaciones que acometerá el equipo de Gobierno se encuentra, según indicó Moro, la de impulsar un proceso de investigación de responsabilidades subsidiarias, lo que permitirá conocer contra quién debe ejercer el Consistorio las acciones precisas para obtener el cobro de las compensaciones. El Ejecutivo local prevé que algunos de los casos deriven en procedimientos jurídicos que «se alargarán en el tiempo», por lo que por el momento no hay cálculos sobre el plazo de tiempo que llevará regularizar todos los inmuebles.
«El Plan General tienen una vigencia de ocho años y a nosotros nos gustaría que los procesos de normalización finalizaran antes de que se cumpla esa vigencia, pero es cierto que el proceso es francamente complejo», resaltó el edil, que recordó además que algunas de las edificaciones susceptibles de legalizar cuentan con sentencias judiciales firmes que anulaban la licencia de construcción. En estos casos, la decisión está en manos de los tribunales. «Habrá que esperar a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en cuanto a la ejecución de las sentencias para saber si efectivamente estamos en el buen camino, como así nosotros lo entendemos», afirmó Moro.
Las actuaciones que impulse el Consistorio marbellí para que se asuman las compensaciones no irán, en ningún caso, contra los propietarios de los inmuebles. El responsable municipal en funciones en materia de Urbanismo insistió en este hecho y mandó, una vez más, un mensaje de tranquilidad a «los terceros adquirientes de buena fe». «No tienen por qué preocuparse de nada porque el Ayuntamiento no va a buscar a los propietarios para que ejerzan las compensaciones», subrayó.
«Seguridad jurídica»
En cuanto al balance sobre el primer año de vigencia del PGOU, Moro aseguró que los objetivos «se han cumplido con creces». El primero de ellos, nada más publicarse el Plan, puesto que, según resaltó el edil electo, su entrada en vigor permitió dotar a Marbella de una «seguridad jurídica» de la que carecía después de casi tres lustros de caos urbanístico.
En cifras, los primeros doce meses de desarrollo del nuevo planeamiento han supuesto la obtención de 3,5 millones de euros y 20.700 metros cuadrados de suelo -3.000 de los cuales irán destinados a la construcción de viviendas de promoción pública-, en virtud del sistema de compensaciones. En este periodo se ha incrementado además en un 93 por ciento el número de expedientes tramitados en el área de Planeamiento y Gestión, de los que se han registrado 4.365 frente a los 2.250 del año anterior. Tras la entrada en vigor del PGOU, Urbanismo ha puesto en marcha 25 instrumentos de planeamiento, entre los que se incluyen cuatro planes de sectorización, y ha instruido 4.570 expedientes de licencias de obra y primera ocupación, un 30 por ciento más que en los doce meses previos a la publicación del Plan General.
