Los promotores piden a la consejera una legislación urbanística clara (Málaga Hoy)

Era agradable, por lo inusual, comprobar cómo en un sector como la construcción en el que predominan mayoritariamente los hombres, la sartén por el mango la tiene una mujer. Concepción Gutiérrez habla con un tono de voz bajo, no dice una palabra más alta que otra, pero los mensajes suelen quedar clarísimos. De hecho, los más de 200 empresarios y representantes institucionales de la provincia que ayer acudieron al Foro Inmobiliario organizado por Málaga hoy salieron con una idea diáfana de los objetivos presentes y futuros de la Consejería de Obras Públicas. Aunque eso no quiere decir que se comparta. Es cuestión de gustos. Antonio Martín Criado, vicepresidente de Fadesa, era de los optimistas. “La Junta de Andalucía, los sindicatos y los empresarios tenemos que buscar soluciones de forma conjunta para que el sector inmobiliario vuelva a estar en una línea emergente”, afirmó. Juan Jesús Vera, vicepresidente del Grupo Vera, también señaló que la dificultad de acceso a la vivienda para muchos colectivos es “un tema que observamos con preocupación aunque aún quedan muchas normativas pendientes para solucionarlo”. Entre los empresarios, la conclusión general era que las normas de juego urbanísticas no están aún definidas. “Se habla de la necesidad de construir muchas viviendas protegidas (VPO) pero el problema es que tenemos que esperar cinco años hasta que se aprueben los planes urbanísticos y salga suelo al mercado. Los promotores queremos hacer VPO pero todavía no hay suelo ni planeamiento”, explicó Jesús Ruiz, presidente de Aifos, quien además advirtió que esa espera de cinco años “va a provocar que a partir de enero y febrero vayan a ir muchas personas al desempleo y el problema va a ser muy grande”. Enrique Carrillo, delegado de Parquesol, asegura que “los promotores siempre hemos hecho VPO, pero en este momento es imposible asumirla por la falta de suelo y porque la Administración no ha adaptado la legislación a la nueva situación en la que nos encontramos”. Miguel Rodríguez, presidente de Myramar, tampoco está muy de acuerdo con la legislación actual. Reclama que la Junta de Andalucía instaure un precio más uniforme en los módulos para la construcción y venta de VPO porque “ahora mismo hay diferencias de hasta un 10 por ciento entre construir en Fuengirola o en Benalmádena, entre otros municipios costeros, y eso está imposibilitando en buena medida que se promuevan viviendas protegidas. Rodríguez, además, lamenta que la Junta de Andalucía hable de los problemas de los ciudadanos para comprar una vivienda “y luego aumente en un 100 por cien el importe del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados que hay que pagar cuando se firma una hipoteca”. El arquitecto Ángel Asenjo cree que “si se articulan bien los mecanismos urbanísticos se podrían hacer más VPO”, aunque considera que la legislación actual “es farragosa”. José Manuel Cabra de Luna secunda las palabras del arquitecto. “Hace falta una legislación más racional porque desde que un promotor compra el suelo hasta que puede poner el primer ladrillo pasa mucho tiempo porque las normas no paran de cambiar”. Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, apunta que la Junta tiene “una apuesta clara por el acceso a una vivienda digna”, si bien reclama “definir mejor en la ley qué es un suelo turístico porque así los empresarios y los ayuntamientos sabríamos a qué atenernos sobre la construcción o no de VPO en estos espacios”. Diego Martín Reyes, comisionado de urbanismo en la Costa del Sol, afirma que hacer VPO, pese a las críticas de los promotores, “es una buena forma para resolver y garantizar al sector inmobiliario un futuro ahora que se está entrando en una pequeña crisis. Hay que ser realistas”. A la rectora de la Universidad de Málaga, Adelaida de la Calle, le gustó especialmente la importancia que la consejera de Obras Públicas le dio al problema de los jóvenes para comprar o alquilar un piso. “Ha sido muy interesante la ponencia”, dijo, y anunció que la UMA colaborará con la Junta de Andalucía para promover de forma conjunta el alquiler de viviendas entre los jóvenes. “Nosotros tenemos suelo y pensamos que es un buen momento para llegar a un acuerdo”, señaló De la Calle.