La Fiscalía lo acusa de un delito continuado de cohecho y otro de coacciones por intentar 11 sobornos, uno de ellos consumado, con dueños de viviendas ilegales
La Fiscalía de Málaga ha reclamado la apertura de juicio oral y un total de nueve años de cárcel para el empleado del Ayuntamiento de Cártama detenido a principios de 2005 por, presuntamente, reclamar sobornos a cambio de favores urbanísticos diversos. El trabajador renunció a su cargo como encargado del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales cuando fue requerido por los dirigentes municipales para dar explicaciones de lo que pasaba, tres días antes de su arresto. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de cohecho y otro continuado de coacciones.La denuncia la formuló un grupo de vecinos, la mayoría de ellos propietarios de viviendas ilegales en el término municipal de Cártama. Según la calificación provisional de los hechos elaborada por el Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este periódico, el responsable de la conocida como patrulla verde, "abusando de sus funciones", solicitó el pago de distintas cantidades de dinero para impedir la paralización de obras o de una sanción e incluso esconder expedientes de disciplina urbanística.El fiscal relata minuciosamente los casos en los que el trabajador está acusado de actuar irregularmente. Fueron un mínimo de 11 sobornos en los que al menos se exigió el pago de 111.000 euros. El Ministerio Público alude también a un caso genérico en el que el empleado tomó la determinación de pedir 6.000 euros a cada propietario de una casa ilegal de menos de 100 metros cuadrados, y 12.000 euros si la superficie era mayor. A cambio les prometió solucionar el asunto porque "tenía un contacto en Urbanismo".Los presuntos casos de cohecho se llevaron a cabo en apenas dos meses. Hay cinco formulados en diciembre de 2004 con distintas cantidades de dinero reclamadas y diversas soluciones ofrecidas. Por ejemplo, 12.000 euros a cambio de evitar una sanción por arrojar escombros de manera ilegal; 21.000 euros por tramitar y legalizar una obra, además de conseguir un camino y una piscina; ó 12.000 euros por "ocultar en un cajón" el expediente de paralización y demolición de una obra.El resto de sobornos se llevaron a cabo en enero de 2005. En uno de los casos reclamó 6.000 euros por convertir una parcela en urbanizable y esconder las posibles multas; en otro, tras visitar una finca, identificarse como jefe de la patrulla verde y pedir los permisos de construcción de una vivienda, después de que el propietario confesara que no tenía, le exigió el pago de 6.000 días "en tres o cuatro días" para evitar el precinto de la construcción.Uno de los propietarios de una vivienda ilegal también está imputado por presunto cohecho porque accedió al pago de 9.000 euros a cambio de la paralización de un expediente sancionador. Se los entregó en un sobre cerrado en una venta. Pero a los pocos días recibió una carta certificada del Ayuntamiento que le comunicaba la paralización y precinto de su obra. Al comunicárselo a su contacto, éste le pidió otros 6.000 euros para resolver el asunto. La acusación pública solicita un año de cárcel para este particular.La Fiscalía enumera un par de casos más vinculados a viviendas ilegales. En uno de ellos, el propietario entregó 7.000 euros, aunque al ver que el pago no surtía efecto, fue al Ayuntamiento y denunció los hechos.
La Fiscalía de Málaga ha reclamado la apertura de juicio oral y un total de nueve años de cárcel para el empleado del Ayuntamiento de Cártama detenido a principios de 2005 por, presuntamente, reclamar sobornos a cambio de favores urbanísticos diversos. El trabajador renunció a su cargo como encargado del servicio de supervisión, control y vigilancia de las zonas rurales cuando fue requerido por los dirigentes municipales para dar explicaciones de lo que pasaba, tres días antes de su arresto. El Ministerio Público le imputa un delito continuado de cohecho y otro continuado de coacciones.La denuncia la formuló un grupo de vecinos, la mayoría de ellos propietarios de viviendas ilegales en el término municipal de Cártama. Según la calificación provisional de los hechos elaborada por el Ministerio Público, a la que ha tenido acceso este periódico, el responsable de la conocida como patrulla verde, "abusando de sus funciones", solicitó el pago de distintas cantidades de dinero para impedir la paralización de obras o de una sanción e incluso esconder expedientes de disciplina urbanística.El fiscal relata minuciosamente los casos en los que el trabajador está acusado de actuar irregularmente. Fueron un mínimo de 11 sobornos en los que al menos se exigió el pago de 111.000 euros. El Ministerio Público alude también a un caso genérico en el que el empleado tomó la determinación de pedir 6.000 euros a cada propietario de una casa ilegal de menos de 100 metros cuadrados, y 12.000 euros si la superficie era mayor. A cambio les prometió solucionar el asunto porque "tenía un contacto en Urbanismo".Los presuntos casos de cohecho se llevaron a cabo en apenas dos meses. Hay cinco formulados en diciembre de 2004 con distintas cantidades de dinero reclamadas y diversas soluciones ofrecidas. Por ejemplo, 12.000 euros a cambio de evitar una sanción por arrojar escombros de manera ilegal; 21.000 euros por tramitar y legalizar una obra, además de conseguir un camino y una piscina; ó 12.000 euros por "ocultar en un cajón" el expediente de paralización y demolición de una obra.El resto de sobornos se llevaron a cabo en enero de 2005. En uno de los casos reclamó 6.000 euros por convertir una parcela en urbanizable y esconder las posibles multas; en otro, tras visitar una finca, identificarse como jefe de la patrulla verde y pedir los permisos de construcción de una vivienda, después de que el propietario confesara que no tenía, le exigió el pago de 6.000 días "en tres o cuatro días" para evitar el precinto de la construcción.Uno de los propietarios de una vivienda ilegal también está imputado por presunto cohecho porque accedió al pago de 9.000 euros a cambio de la paralización de un expediente sancionador. Se los entregó en un sobre cerrado en una venta. Pero a los pocos días recibió una carta certificada del Ayuntamiento que le comunicaba la paralización y precinto de su obra. Al comunicárselo a su contacto, éste le pidió otros 6.000 euros para resolver el asunto. La acusación pública solicita un año de cárcel para este particular.La Fiscalía enumera un par de casos más vinculados a viviendas ilegales. En uno de ellos, el propietario entregó 7.000 euros, aunque al ver que el pago no surtía efecto, fue al Ayuntamiento y denunció los hechos.
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